Transparencia es la cualidad de los cuerpos que permiten ver a través de ellos. Cuando de una persona se dice que es transparente se quiere decir que sus intenciones son advertidas con claridad «a través» palabras y actos. Cuando se dice de una institución se está queriendo decir que su comportamiento gerencial y económico es conocido sin que nada quede velado a las partes interesadas. En una empresa las partes interesadas son sus accionistas y sus financiadores; en un organismo público lo son todos los nacionales del país al que pertenezca. Y aquí empiezan los problemas. Vivimos en una sociedad en la que las responsabilidades se ejercen por representación. Representación que se obtiene hasta un cierto nivel por el voto de los ciudadanos y más allá por nombramientos directos de los gobernantes elegidos. Un político tiene el derecho de que su vida privada sea respetada, pero debe aceptar que todas sus acciones públicas y sus consecuencias sean conocidas. Su agenda oficial, las decisiones que toma y las razones que le llevaron a tomarlas. Por supuesto que no debe mentir porque una mentira es un velo a la exigencia de transparencia dirigiendo la atención pública hacia donde no está la verdad de los hechos que interesen. Si todo esto es verdad para los políticos individualmente, lo es también para las instituciones públicas simples o complejas. Los propios órganos de control oficialmente establecidos deben ser transparentes mostrando los métodos y criterios que usan para juzgar la labor del resto de organismos y rindiendo cuentas cuando sean pillados en renuncios.
De todas las dimensiones de la transparencia pública la que hace referencia al dinero de los contribuyentes es decisiva porque ya es sabido que el dinero es el símbolo del esfuerzo y por tanto cuando se tira se está, además de impidiendo que se emplee mejor, despreciando el esfuerzo de los ciudadanos ya realizado. Hay numerosas razones para que no siempre se advierta la tropelía del dispendio público. Una de ellas es la falacia de que «lo que es de todos, no es de nadie». También contribuye la fascinación que paradójicamente experimenta el ciudadano que sufre las carencias de su sueldo mensual por el brillo de la parafernalia oficial incluidos los trajes de alpaca de los políticos. Algunos ciudadanos piensan al respecto poniéndose en el lugar del político que «no puede ir vestido de cualquier manera, no puede ser transportado en un vehículo innoble, ni comer brócoli«. Un presidente de Francia llevaba consigo un peluquero cobrando 10.000 euros al mes para que su flequillo estuviese siempre en el sitio.
Si el dinero es el símbolo del esfuerzo es necesario saber con detalle qué se hace con el esfuerzo de los ciudadanos y quienes contribuyen con su esfuerzo al sostén de los servicios públicos. Hemos de pensar que nuestros representantes electos cuentan con toda la información para aceptar u oponerse a los propósitos de quien gobierne, pero este grado de transparencia se ve muy a menudo enturbiado por los pactos e intereses no siempre claros de algunos políticos. Por ello es muy interesante el papel que cumplen los medios de comunicación en su función de vigilancia de todo lo noticiable, es decir, todo lo que tenga el aroma de incumplimiento culpable.
Es muy habitual en los enfrentamiento verbales de políticos de izquierdas y derechas escuchar a éstos últimos el reproche de quién paga las políticas sociales de aquellos. Reproche que ilumina la cuestión de la transparencia que planteamos aquí. En efecto, cuando un gobierno propone al Parlamento los Presupuestos Generales del Estado está poniendo en números lo que pretende hacer en el año natural siguiente. Cualquiera que quiera conocer estos propósitos los tiene a su disposición en cuanto se aprueban en este enlace. Pero más interesante que el presupuesto es la liquidación, donde figuran las cantidades realmente aplicadas a cada concepto. La ley establece que con el borrador de presupuestos que se presenta en Las Cortes, debe figurar la liquidación del ejercicio anterior. Hoy en día tanto los partidos políticos como los medios de comunicación cuentan con especialistas que pueden mirar con lupa estos documentos y, en su caso, detectar lo que sea pertinente y comunicarlo. Tanto un documento como otro deben ir acompañados de las memorias donde se justifican las estrategias seguidas. De modo que a este respecto no parece haber más problema que la mayor o menor dificultad de un ciudadano para moverse en el universo documental de la administración pública. El portal de transparencia está activo y no se conocen quejas de su funcionamiento.
Siendo esto así, ¿cómo es posible que una entidad pública con una misión claramente establecida pueda comprar empresas con sobreprecio para el correspondiente reparto de comisiones? ¿Cómo es posible que un consejero de comunidad autónoma conceda contratos pactando con la empresa adjudicataria una comisión? Siempre se ha dicho que el sargento o brigada que tomaba a su cargo la gestión de los fondos para alimentar a los reclutas cambiaba de coche. En las empresas de vigila con celo los movimientos de los responsables de compras por si pacta con los proveedores, ¿Por qué en el ámbito público se escapan este tipo de acciones delictivas? Pues porque el grado de transparencia no es suficiente y los organismos de control no controlan. Ya dijo Deming que el control 100 % no es posible por cansancio del vigilante. En los últimos tiempos hemos observado el enorme cansancio del Banco Central y de las Comisión encargada del control del Mercado de Valores. El grado de transparencia plus exigiría que la institución tuvieran su propio portal de transparencia con enlace al general en el que figurasen las actas de todas las reuniones del máximo órgano decisorio. Hasta ahora es la labor de filtración de funcionarios escandalizados y el eco que tiene en los medios de comunicación lo que nos preserva del latrocinio. Pero es la toma de conciencia del ciudadano lo que permitiría realmente mantener la vigilancia del sistema. Para ello es necesario que a los jóvenes se le forme en la interpretación de la información clave para el buen gobierno esperando que la propaganda no desvíe su voto del camino coherente con el conocimiento que obtiene de la lectura que realice. En otro artículo proponía la misión de controlar al sistema capitalistas en su funcionamiento eficiente cuando se extienda la pérdida de puestos de trabajo para los humanos por la intervención de los robots. Se argumentaba que los parados estructurales derivados de los robots debían cobrar un sueldo que quedaría justificado por su diligencia en mantener a las empresas en un alto grado de eficiencia. Con mayor razón esto debería darse en el sector público. Pues para esos es imprescindible que aumentar la transparencia a grados aún no vislumbrados.
BLAGH 