noviembre 2018

Este año se cumplen veinte años de la planificación de la burbuja inmobiliaria y diez años del inicio de la crisis económica española consiguiente, de la que el hundimiento del banco Lehman Brothers fue el icono internacional. España tuvo su propia crisis, pero no se libró de lo efectos de la crisis mundial. Es decir, nuestro país sufrió los efectos combinado de la irresponsabilidad de los mercados internacionales, especialmente el norteamericano y de su propio mercado financiero. Un proceso del que fueron cómplices la clase política y todos aquellas instituciones dependientes de la política cuya misión (incumplida) era evitar lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó?:

EN EL EXTRANJERO:

El empaquetamiento de activos tóxicos formados por hipotecas sin respaldo sensato de los prestatarios, seguros de estudios, seguros de vida, etc… en conjunto complejos llamados derivados que fueron distribuidos por todo el mundo con la garantía formal de empresas de rating completamente corrompidas.

EN ESPAÑA

Promulgación de una Ley del Suelo (Ley 6/1998) que lo liberó con la pretensión (fallida) de que se abaratara su precio, dado que una sentencia del Supremo de un año antes trasladaba la competencia a las autonomías, creando las condiciones para la corrupción posterior.
Abaratamiento artificial de la energía en base a un pacto con las empresas energéticas que se reservaban el derecho a ser compensadas por el Estado en base a costes no transparentes.
Apertura de las entidades financieras, especialmente, las cajas de ahorro al crédito extranjero masivo.
Expansión del mercado hipotecario sin control de la solvencia de los prestatarios.
Intereses al alza que agravaban la deuda
Mala legislación hipotecaria que protegía al prestamista hasta en detalles como el pago del impuesto sobre la documentación notarial y registro de hipotecas.
Negligencia de las entidades de control, como el Banco de España y la Agencia Nacional del Mercado de Valores, que no atendieron informes sensatos sobre lo que podía ocurrir ni evitaron abusos como que se fijaran umbrales inferiores para los intereses a cobrar (cláusula suelo).

Estas son las cifras del periodo que va desde 1996 a 2017, es decir, precrisis, gestación, crisis y postcrisis:

Tras la irrupción de la crisis las consecuencias fueron:

EN EL FOCO DE LA CRISIS (USA)

Incapacidad del sistema capitalista para mantener sus principios y dejar caer a todos aquellos bancos que quebraran por insolvencia.
Necesidad del Estado de inundar de dinero el sistema y salvar a las entidades financieras. La primera entrega fue de 700.000 millones de dólares.

EN ESPAÑA

En positivo, crecimiento del PIB hasta doblarse respecto de la situación de partida en 1996. Un crecimiento impulsado por la hipertrofia del sector Construcción.
En negativo, crecimiento de la deuda pública del mismo orden del crecimiento del PIB; de la deuda de la empresas hasta seis veces el valor de referencia en 1996 y de la deuda de las familias del mismo orden. Es decir el crecimiento no fue resultado de la laboriosidad o del ahorro bien invertido, sino de un endeudamiento demento alentado por la clase política y financiera. Unos para su lucro político (corrupción aparte) y los otros directamente para su lucro económico.
Autorización a las entidades financieras de capitalizarse fraudulentamente a costa de los depósitos de los ciudadanos con las llamadas «preferentes».
Endeudamiento público masivo (hasta 60.000 millones de euros) para el rescate de los bancos intoxicados por hipotecas insolventes,

EL PAPEL DE LOS GOBIERNOS

El presidente José María Aznar dijo en 2004 a la revista Newsweek que el milagro de la bonanza económica de España era él. No seré yo quien le quite el mérito del crecimiento de esta época, sobre todo si no hubiera habido que devolver lo prestado desde el extranjero. En efecto, Con los datos de la tabla se puede concluir que sus planes para sus dos mandatos sólo podían resultar en una burbuja económica, al liberalizar el suelo, limitar el precio de la energía comprometiéndose a pagar la diferencia y jalear el endeudamiento alardeando de que es España se construían «más viviendas que en Francia y Alemania juntas» (ABC, 27/10/2003). Endeudamiento que se vió agravado por la llegada de casi cinco millones de emigrantes atraídos por el círculo perverso de que el endeudamiento favorecía el crecimiento y su entrega insensata al proceso de deuda encarecía el proceso hasta valores irracionales. Obviamente, el endeudamiento no influía en el déficit público, pues los impuestos sobre la actividad inmobiliaria y las rentas producía enormes ingresos a las arcas públicas, hasta el punto de que crecía más que el PIB. Debo reconocer su inteligencia para auto limitar su presidencia a dos mandatos, pues creo que sabía las consecuencias de las políticas que activó.

El presidente José Luis Rodríguez en su programa electoral para la elecciones de 2004 (que no pensaba ganar) decía:

«Los objetivos de las propuestas que presentamos se pueden resumir en dos. El primero, favorecer el acceso a la vivienda, a un precio asequible, en particular a los jóvenes y a otros colectivos vulnerables. El segundo, es frenar la burbuja inmobiliaria.»

Dado que frenar la burbuja inmobiliaria suponía cortar de raíz los ingresos estatales y hacer frente a un déficit monstruoso, decidió seguir montado en el tigre del endeudamiento privado sin buscar una alternativa productiva que sustituyera al artificialmente hinchado mercado de la vivienda.

Con su temeridad disfrutó de un período con superávit público con el que dotó a la Seguridad Social de una reserva financiera de 60.000 millones de euros, pero cuando se presentó la crisis multiplicó por 300 el déficit público. Agobiado por su fracaso autorizó la emisión de acciones preferentes para sustraer el ahorro de los particulares y pasarlos del pasivo al activo de las entidades financieras. No fue capaz de detectar ni impedir el fraude del dinero público en Andalucía que afectaba a dos presidentes de su partido que lo toleraron o gestionaron. Así, facilitó que el gobierno que le sucediera tuviera razones para aplicar medida drástica que hicieron imposible promesas como:

«Elaboraremos un Plan que permita equiparar la edad media de emancipación de los jóvenes españoles a la de los jóvenes de la Unión Europea, incidiendo especialmente en las dos condiciones materiales de emancipación que hoy resultan imposibles para los jóvenes: el precio de la vivienda y la precariedad del empleo.»

Ocurrió precisamente lo contrario a manos del siguiente gobierno.

El presidente Mariano Rajoy se encontró con un panorama muy complicado que abordó con una reforma laboral que ha hundido los ingresos de los trabajadores y de la clase media; con unos recortes masivos a las partidas presupuestarias fundamentales; con un plan de rescate de las entidades financieras que incluía dinero directo a las entidades que no ha sido devuelto y con la creación de un llamado «banco malo», que se hizo cargo de los activos menos rentables; manteniendo el mecanismo de los desahucios sin que devolver la vivienda eliminara la deuda, a pesar de que era la garantía del pago del préstamo. Unas políticas que más que perseguir corregir la situación, parece que buscaban un cambio de modelo en las relaciones laborales y del reparto de la renta a tenor de los resultados. Sin embargo, a pesar de todas estas duras políticas, la deuda ha crecido un 50 % respecto a la que heredó en el peor momento de los efectos de la crisis. Por otra parte ha sido muy poco diligente en la gestión de la corrupción que afectaba a su partido, desde su propia sede hasta los niveles autonómicos y municipales.

CONCLUSIONES

De todo lo visto, y en la medida en que, a grandes rasgos, los datos sean verdaderos y mi recuerdo de las actuaciones fiable, se deduce los siguiente:

No hay diferencia entre la llamada izquierda y la llamada derecha en la forma en que cebaron la bomba económica que explotó en 2008. Lo que quita relevancia al hecho de que el terrible atentado del 11-M en Madrid influyera en que el candidato señalado por Aznar perdiera las elecciones.
- Rodríguez culminó la obra económica de Aznar y negó la crisis cuando se presentó para ganar las elecciones de 2008, lo que consiguió porque la gente todavía no experimentaba en sus vidas lo que vendría después.
- Los dos partidos reformaron la Constitución con nocturnidad en Septiembre de 2011, cuando Rodríguez recibió la amonestación internacional por haber puesto en peligro los grandes capitales prestados a España.
- Ambos partidos se aprestaron a transferir deuda privada al Estado a base de ridículos programas para cambiar pavimentos en aceras que no lo necesitaban o endeudarse gravemente para apuntalar entidades financieras llenas de agujeros.
Tras un período de purga no se ha vuelto a normalizar ni las garantías ni los ingresos de la gente. Muy al contrario se ha deteriorado el llamado mercado laboral hasta el punto de favorecer la salida precipitada de jóvenes formados a costa del Estado para servir a otros países y llevar al subempleo a los que se quedaron en España.
Han aumentado las diferencias entre ricos y pobres, porque los ricos están cerca de los sectores por los que ha pasado el dinero masivo con el que Estado ha estabilizado el sistema y, además, dotados de liquidez han podido acudir al mercado inmobiliario de la desesperación en el que se ofrecen viviendas, locales e infraestructuras a precios de saldo.
Se ha impuesto un criterio selectivo de austeridad sin hacer corrección alguna mediante el mecanismo fiscal. Muy al contrario, la clase política ha amparado a los defraudadores con amnistías que ha supuesto cuotas por debajo del 10 %, ninguna sanción y el silencio sobre la nómina de delincuentes fiscales. Tampoco se ha hecho un sólo movimiento en el camino hacia un Estado más austero en la pompa y circunstancia, pero sí se ha reducido las inversiones en los tres pilares de un estado social: Educación, sanidad y pensiones. Además de que las inversiones en investigación son tan magras que los jóvenes investigadores españoles tiene que emigrar a instituciones extranjeras, sin que, en el otro extremo, se tenga una política clara de formación profesional que evite la gestación de bolsas de marginación juvenil.
No se ha avanzado un milímetro en trascender el modelo basado en el turismo para dar el salto a competir en los sectores con futuro basados en la inteligencia artificial, la biotecnología o las energías renovables, ese escándalo permanente para un país dotado por la naturaleza del mayor número de horas de sol de toda Europa.
Y para remate, a pesar de haber dañado algunos pilares del Estado social como las pensiones o la sanidad, no se ha conseguido reducir la deuda que alcanza valores máximos históricos comprometiendo el futuro del país.

La ley del suelo de Aznar se promulgó en 1998. Veinte años después españa tiene cinco millones de viviendas más que no necesitaba (véase el ratio personas/vivienda), muchas de las cuales están vacías situadas en lugares frívolos distantes de centros urbanos como símbolo de una fantasía, según la cual el español medio estaría el resto de su vida ocioso jugando al golf. Esas viviendas ha supuesto un valor al costo de medio billón y un billón a la venta y, por tanto, un billón de deuda privada. Un charco en el que han chapoteado especuladores, oportunistas y, lo más escandaloso, las entidades financieras que entraron en una hiperactividad demente, extrayendo, no de las rentas de la gente, sino de sus deudas dineros para que sus directivos se pagaran sueldos obscenos y los políticos autonómicos y municipales emprendieran una competencia por ver quién era más capaz de crear ficciones de alto costo. Todo ello adobado con la corrupción que se gesta en la mente de los políticos venales de ambos partidos, que no podían soportar que con su firma se enriqueciera cualquier advenedizo que se acercara a las contratas públicas.

Ponemos dos series de velas para este aniversario: veinte para celebrar la promulgación de la Ley del Suelo de Aznar y diez para celebrar el comienzo del desvelamiento de la gran mentira en la que nuestros políticos metieron y mantuvieron al país. En vez de que el país hubiera crecido a su propio ritmo sin endeudarse de forma suicida, se le invitó a una bacanal cuyo resultado ha sido el olvido de cualquier plan sensato de adaptación inteligente al mundo moderno y la voladura de las expectativas de dos generaciones enteras de jóvenes.

A la vista del cuadro que proporciona los datos para este artículo, está claro que la reducción de la deuda sólo es posible con austeridad, pero no, como siempre, aplicada a la gente que viven en el sótano o en el primero, sino, también a los que viven en el ático del edificio nacional. Que no nos distraigan movimientos conexos como el de independencia de Cataluña, en el que los habitantes del ático catalán han intoxicado a los del sótano para que les libren «de Madrid», aprovechando con alguna mentira el descontento por la crisis. No se debe olvidar que los mismos que ahora cortan carreteras por la independencia, acosaron a los parlamentarios catalanes por la crisis provocando el cambio de estrategia de la burguesía catalana desde la prudencia a la demencia. Ahora, una vez el asunto está en mano de los jueces, a esperar y ver.

La tarea del país es encontrar la senda del ahorro para reducir la deuda de la juerga inmobiliaria y de consumo sin dañar la cohesión social, ni las inversiones inteligentes para dotarnos de nuevos sectores productivos acordes con los tiempos. La clase política tiene tendencia a la autocomplacencia, por eso debe ser sometida a un escrutinio inteligente por parte de la ciudadanía. Una ciudadanía que debe librarse de intoxicaciones ideológicas para juzgar por los hechos. El político es una persona que se debe a su carrera y beneficio, por lo que no deben esperarse milagros. Su rostro de cemento para decir en la oposición y desdecir en el gobierno es proverbial. Su boca mendaz para excitar las pasiones con cuestiones relativas a las opiniones individuales (religión, símbolos) es peligrosa, pero los políticos no van a cambiar; tenemos que cambiar nosotros. Pero tendremos que hacerlo sin dejarnos arrastrar por el peor tipo de político, aquel que dice que lo va a solucionar todo: tanto aquello que nos da miedo (como la emigración), como lo que nos impacienta (como el derroche público), porque no cumplirá. En un caso nos puede envilecer como nación y, en el otro, nos defraudará porque ellos no vienen a la política a sufrir.

Nadie debe atentar contra la relación mérito-renta, pero nadie debe hacerlo contra el estado social. El argumento de que cada uno cuide de sí mismo, es una invitación a la violencia, pues en la cumbre, tal y como ocurre hasta ahora, sólo hay sitio para unos pocos. Es decir, no basta con el esfuerzo ni la inteligencia, pues al final habrá pocos arriba y no siempre los mejores. Mucho menos nadie debe creer que nos tragamos la rueda de molino de que hay méritos que justifican determinados beneficios sin que el Estado les toque el bolsillo para recabar su contribución al esfuerzo común y les toque el hombro cuando se transformen en delincuentes sacando el dinero del flujo productivo para ocultarlo de la Hacienda. Austeridad sí, pero para todos.

Más arriba he afirmado que en la gestación y gestión de la crisis no hay diferencias notables entre los partidos que representan las opciones vitales de izquierdas y derechas para sorpresa general, pues se espera de la derecha que favorezca a los económicamente poderosos, pero no de la izquierda que prolongue, como hizo, una situación que conducía al abismo y la desgracia de sus propios electores. Un papel, el de casandra, que Rodríguez adoptó con su famosa frase «cueste lo que cueste, me cueste lo que me cueste«.

Pero seguramente que, una vez olvidada la crisis, que no superada, el o los partidos de izquierdas adoptarán, en nombre de la igualdad, posturas económicas que los conservadores considerarán ruinosas y los partidos conservadores adoptarán, en nombre de la libertad, políticas económicas que los socialistas considerarán explotadoras. Pero, obviamente, eso no quita para que las diferencias se acentúen en otras dimensiones. Así el partido conservador siempre comparte valores con la iglesia católica, lo que implica determinadas posiciones en relación con el aborto, el divorcio o el matrimonio homosexual y, por su cuenta, la dureza en las penas de delincuentes, la emigración o la repugnancia a todo colectivismo, incluida la lucha contra el cambio climático que atenta al bussiness. Aunque sorprendentemente, algunos de estos avances sociales son asumidos (y disfrutados), siempre que queden asociados a la acción legisladora de los opositores. Por su parte, el partido socialista apoya aquello que el conservador rechaza porque aumenta las libertades individuales y, con cierta temeridad, exhibe un cierto gusto por la provocación innecesaria y disolvente sin causa. La izquierda tiene la dura tarea de presentarse como una opción a favor de la gente que, en el actual contexto mundial, no endeuda al país hasta hacerlo inviable como ocurrió en el pasado. De ahí la necesidad de aceptar la moderación que permita reducir la deuda, pero involucrando en esa moderación a todos mediante mecanismos fiscales.

En definitiva, que, al margen de otras cuestiones, los ciudadano debemos aprender de esta crisis, que, dado que los datos están a nuestra disposición, tomemos decisiones políticas acorde con los hechos y no con el gas tóxico que se expele en las campañas electorales. Sea dicho todo esto sin pretender subvertir el modo en que está organizada nuestra nación, pues no tenemos alternativa razonable a la vista. Los experimentos que se ha llevado a cabo en nuestro país con la pócima conservadora extrema (el franquismo) y en otros países con la pócima totalitaria extrema (el comunismo), deberían curarnos de aventuras. Una sociedad moderna necesita en la política tanto el espíritu conservador como el progresista, sea cual sea el partido que adopte una u otra postura. Lo que no se necesitan son histrionismos de uno u otro sentido, sino cordura y transparencia para que los ciudadanos puedan opinar y elegir con fundamento.