Mientras esperamos el pseudo referéndum del 1 de octubre, en el que una parte de Cataluña quiere medir su potencia para legitimar la independencia de España, el mundo se debate, en los túneles del pensamiento, entre dos grandes corrientes con todas sus contradicciones: La creencia en las instituciones como reguladoras de la actividad individual (creencia A) y la creencia en la suprema libertad del individuo para hacer lo que le plazca (creencia B). La coyuntura catalana viene a cuento porque, en la reivindicación, se suman de forma compleja las dos creencias. En efecto, es un conjunto de individuos los que que reclaman libertad, por lo que quieren reproducir un armazón social a otra escala, sin que cambie el estatuto de los individuos.

Los que sostienen la creencia A (institucional) argumenta que el propio ser humano biológicamente considerado es inviable sin la cooperación orgánica de las distintas partes de su cuerpo. Además no encuentra actividad relevante para la supervivencia individual que no sea resultado de un acto cooperativo. Desde la caza o recolección de los hombres primitivos a los viajes espaciales. Ni siquiera la actividad intelectual del más misántropo de los autores es posible sin que alguien lo alimente físicamente o alguien le proporcione el objeto de su análisis o descripción. Tanto si observa a la sociedad para describirla o caracterizarla, como si cuenta con textos previamente escritos por otros. Desde luego, el propio intelectual es inviable sin la cooperación de sus padres. Incluso hoy en día con las imaginativas formas de procrear que se ofrecen, se necesita hasta cuatro personas para concebir un hijo, además de toda la ciencia teórica y experimental que subyace al acto. Además, cuanto más compleja se vuelve la sociedad y sus herramientas de subsistencia y acción, más necesidad hay de cooperación en el marco de algún tipo de institución científica, cultural o económica. Añádase, dirían los defensores de la creencia A, que el gobierno de tal complejidad necesita de instituciones políticas que hagan posible la participación de cada uno en las decisiones acerca del uso de los recursos y la distribución de la riqueza resultante. Estas razones no ocultan las sombras de cualquier organización social. Una vez creado el Estado, nada impide que sea tomado por personas que, desde una voluntad de dominio patológica, lo usen para su propio provecho asfixiando la libertad individual pactada en el marco social por temor a ser derrocados. Esta patología social llegó a extremos insoportables en la mitad del siglo XX y en algunos países europeos se prolongó medio siglo más. En la actualidad, la creencia A permite la acción política y la libertad individual en el seno de un debate permanente sobre los límites de una y otra. Nadie puede negar que la versión patológica del dominio supraindividual ha hecho correr mucha sangre y todavía lo hace, allí donde la autocracia, que no es otra cosa que el ejercicio de una voluntad individual tiránica sobre todos los demás utilizando la herramienta del Estado para sus propósitos. Esta creencia ha llegado a su más noble expresión con las democracias occidentales actuales, a pesar del ruido de los conflictos políticos cotidianos que permiten dar salida a las diferencias de concepción. Conflictos entre partidarios de mayor o menor control estatal sobre las actividades individuales, pero nunca de voladura de la organización social.

Los que sostienen la opción B (libertaria), rechazan todos los argumentos de la opción A, porque considera la libertad individual sagrada. En este modelo los individuos pactarían libremente y se someterían a las consecuencias de sus acciones. Obviamente el marco más activo sería el comercial, aquel en el que se producen los intercambios de bienes y servicios, pero también la familia o la cultura. Un sistema en el que la propiedad privada sería, igualmente, sagrada y no habría ningún Estado reclamando impuestos. Las infraestructuras resultarían de acuerdos entre grandes corporaciones que cobrarían a los ciudadanos por su uso. Las inevitables acumulaciones de riqueza serían tan probables como en el actual marco, pero no habría espacio político para que fueran recusadas. Se dependería de cálculos financieros para esperar algún tipo de sostén de los perdedores en la batalla comercial cotidiana. La opción libertaria considera que el mecanismo de competencia que dinamiza el mercado es utilizable en cualquier relación humana. La lógica del mercado debería presidir todas nuestras decisiones, a pesar de que a nadie se le escapa la inconsistencia de un sujeto sin referencias o patrones sociales. Esta creencia propone la reducción del Estado a un mínimo no bien definido, que tendría que ver con la administración de la fuerza. Un estado que usaría la fuerza exclusivamente para mantener el cumplimiento de los contratos privados. Contratos que serían el soporte legal de toda acción. Un estado que sería siempre una tentación para su uso totalitario por carecer de pensamiento político. Añadamos que a la única institución que esta creencia no renuncia es a la empresa, que es oportuno recordar, es una institución autoritaria en grado intermedio entre el ejército y la acción personal. La libertad individual proclamada por la opción B desaparece en la puerta de la empresa. Añádase que una vez establecidas las desigualdades, una acumulación lleva a otra y nadie podría impedir que las grandes decisiones sobre los individuos se tomaran en grandes torres acristaladas sin contar con ellos.

Los ejemplos históricos de uso patológico del Estado concebido en la Ilustración son muchos y sobrecogedores: el comunismo y el nazismo como cumbre de tales desatinos. De hecho la opción libertaria nació en el plano intelectual con Adam Smith, cuando la burguesía expandía su capacidad de acción con el terror en la fábrica y en las colonias, renació en el centro de europa como respuesta al horror del Gulag y el horror de Auswitch. Friedrich Hayek sospecha del Estado, no sólo para administrar la economía, sino para administrar cualquier faceta de la vida. Por esos propone prácticamente su desaparición. Sin embargo muchos regímenes totalitarios y con las manos manchadas de sangre han utilizado la libertad del mercado con gran entusiasmo. Véase el caso de Chile, Argentina y China. En el otro bando, las sevicia política pretendidamente progresista ha llevado en general a liderazgos grotescos, como en los casos mayores del siglo XX y sus caricaturas actuales.

La libertad de acción es un valor que debe competir con el de igualdad de derechos. El ser humano es un ser social que ama la libertad. Pero es necesaria la conciliación entre ambos valores. Es utópico pretender que exista un Estado que se ocupe de todo, pero es igualmente utópico pretender que, sueltos todos los lazos, se va a encontrar algo distinto de la opresión de las grandes corporaciones. Cuando el Estado ha planificado todo, los mercados estaban desabastecidos, y cuando el Mercado se ha ocupado de todo, la estafa universal ha arrasado con toda riqueza individual. La crisis económica de 2008 se parece a la de 1929 en la euforia generalizada en el crecimiento infinito del valor de los títulos y se diferencia en que, la primera, fue el resultado de la coyuntura y, la segunda, fue resultado de una maquinación.

Si Rousseau viviera reconocería que el contrato social tiene sus límites. Si Hayek viviera reconocería que la libertad individual o corporativa invita al robo impune. ¿Por qué los intelectuales europeos, salvo honrosas excepciones, fueron cautivados por el experimento comunista? ¿Por qué a los políticos liberales les atraen los dictadores (Thatcher)? El “business is business” no es un argumento es una declaración de guerra al ser humano. El “De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades” esconde una paradójica amenaza de esclavitud.

Tenemos trabajo para desbrozar las dos opciones y encontrar un camino para conciliar la libertad individual y la organización de la acción sin caer en que lo que es bueno en un rango circunstancial lo es en todo el espacio de acción. De parte de la opción constitucional, se acepta la necesidad de organizarse políticamente para compensar el egoísmo individual o corporativo y para proteger la libertad de los perdedores; de parte de la opción libertaria, se acepta la necesidad de llevar el mérito competitivo a todos los rincones institucionales o corporativos para corregir la ineficiencia y evitar la tiranía. Se necesitan instituciones públicas y empresas (parte coactiva); se necesita que sean gestionadas conforme a criterios de eficacia (parte competitiva); se necesita respeto a la acción individual (libertad negativa) y dotar de recursos para el ejercicio de los derechos (libertad positiva).

Los defensores de la opción institucional y de la opción libertaria son víctimas de la falacia Post hoc ergo propter hoc cuando, unos,  asocian libre mercado e injusticia y, los otros,  cuando asocian Estado y totalitarismo. No se puede permitir que la esfera política desaparezca para ser sustituida por la esfera mercantil, ni lo contrario. Ambas tendrán que encontrar el equilibrio o ambas desaparecerán en el marasmo al que pueden llevar a la especie.

Tenemos que hacer el elogio de la mediocridad, entendida como conciliación inteligente y experimentada, por mucho que ahogue a los héroes en sus pretensiones de hacer vivir a los otros vidas sangrientas. No hay otra regla moral que la preservación de la integridad física y psíquica de cada individuo. Esta regla corre riesgo de ser violada en cualquier tipos de organización social (política y económica), pero debe ser la regla que las enjuicie. Por tanto, parece que lo inteligente es trabajar en las instituciones para corregir los abusos de la libertad y en la difusión de la libertad para evitar los abusos de las instituciones. El futuro no es monista. Los valores, como Berlin decía, deben compartir el espacio axiológico con la persona como fiel de la balanza.

 

 

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