Categoría: Reseñas de lecturas

Cuenta la leyenda que Margaret Thatcher, cuando aún era la líder de la oposición, puso con fuerza sobre la mesa de reuniones del Conservative Research Department un libro y dijo con vehemencia: «This is what we believe» (esto es en lo que creemos). Ese libro era The constitution of liberty, un texto publicado por el economista austríaco Friedrich Hayek en 1960. Su contenido influyó decisivamente en las políticas que se desarrollaron en el Reino Unido y en Estados Unidos desde finales de los años setenta y podemos comprobar, hoy en día, hasta qué punto sus ideas están configurando nuestras vidas comprometiendo medio siglo de avances sociales.

La razón por la que he leído sus más de quinientas páginas es porque, como cualquiera puede comprobar, ahí están en hueso todos los argumentos que hoy se utilizan en los círculos políticos liberales y conservadores de todo el mundo. Porque si Hayek se distanció de los conservadores, éstos lo aman. De modo que hablamos de un libro muy influyente allí donde se toman decisiones, aunque, actualmente, no sea conocido por el gran público. Un libro con el que debe batirse conceptualmente todo el que esté interesado, al menos, en comprender el mundo actual.

Hayek como economista pertenece a la llamada Escuela Austríaca que sostenía que:

• las instituciones sociales más importantes no eran resultado de decisiones premeditadas, sino de una evolución adaptativa lenta que las dotaba de un carácter universal;
• la importancia de la defensa del libre mercado frente a la presencia predominante de teorías económicas socialistas;
• el carácter monetario de los ciclos económicos y ponía el énfasis en el individualismo y subjetivismo del ser humano como actor económico, que valora objetos que sin dejar de tener características objetivas, como la cantidad de trabajo necesaria para su producción, son juzgados conforme a las necesidades de cada ser humano.
• El ser humano es un actor que no tiene todo el conocimiento y produce fenómenos nuevos al interactuar con otros. Fenómenos regulares que no son planificados conscientemente.
• La Praxeología o ciencia de la conducta del hombre ante el mundo es decisiva en economía.

Con estos antecedentes y el contraste intelectual que supusieron las doctrinas de Maynard Keynes para el afinamiento de sus ideas, Hayek construyó, más allá de sus intereses científicos, una teoría de la libertad como fruto de la actividad económica orientada de determinada manera. Él consideraba que el avance teórico e ideológico del socialismo lo dotaba de un halo de progresismo y utopía que lo hacía imbatible en el corazón de los votantes de las democracias occidentales. Esa es la razón por la que fundó la Mont Pelerin Society,  que todavía existe. Esta fundación se creó en 1947 y contó como miembros fundadores con el propio Hayek, Karl Popper y un joven Milton Friedman entre los 38 interesados que se reunieron en la villa suiza de Mont Pelerin. Esta vena activista de Hayek lo llevó a escribir dos libros ideológicos que tuvieron gran influencia sobre sus lectores políticos. Estos libros fueron The road of serfdom (1948) y The constitution of liberty (1960) que reseñamos en este artículo.

RESEÑA

El libro es extenso y omniabarcador de lo que puede interesar a un lector que le preocupe el sustrato de los social que es la disciplina económica. Hayek es un autor de amplio espectro cuyas opiniones halagan los oídos conservadores y liberales y rechina en los oídos de los llamados, por él, socialistas. Para que esta reseña sea útil le vamos a dar la palabra al propios Hayek a partir de textos escogidos, en la seguridad de que no necesitan interpretación porque hay que reconocerle la claridad de su forma de transmitir sus ideas. Pero, antes, un resumen de las ideas principales.

1.- LIBERTAD

La libertad está en el corazón del sistema de pensamiento de Hayek. Él es un economista, pero se da cuenta de que con sólo argumentos económicos no puede cambiar las políticas de los gobiernos con su gran influencia sobre el funcionamiento de la economía. Cree que la economía de la planificación gubernamental está soportada ideológicamente por el concepto de igualdad, mientras que la economía del mercado es vista, despectivamente como la opción de la codicia, de que poco se puede esperar para cautivar corazones. En consecuencia decide proporcionar las bases para una economía soportada por el concepto de libertad. Por eso, en este su libro fundamental, construye primero las bases conceptuales de la libertad para, después, buscar meticulosamente, en todos los aspectos de la vida social, cualquier peligro para ella.

Hayek considera que la libertad es la ausencia de coerción para la acción propia por parte de otras personas. Todo otro matiz sobre la definición es visto por Hayek como sospechoso. Por eso discute los conceptos de libertad política, libertad subjetiva y libertad para hacer cosas que aparecen en las discusiones de la época (años 60). Él Considera que se puede ser libre en un clima de opresión política; que se puede ser libre frente a otros, mientras se es esclavo de las propias pasiones y, finalmente, considera que la libertad para hacer, es la confusión de la libertad con el poder y que aquí está el mayor peligro, pues se puede destruir la libertad en nombre de la libertad. Él cree que la libertad conseguida eliminando obstáculos para su ejercicio ha sido usada por el socialismo para reforzar su pretensión de imponer la igualdad extrayendo recursos económicos de la actividad del mercado. Este peligro lo neutraliza afirmando que un vagabundo sin recursos puede ser más libre que un soldado obligado a la disciplina militar. Pero, ¿Qué libertad es esa que Hayek quiere preservar a toda costa? aquella que surge de la ausencia de coerción por parte de otros hombres. Sobre esta sencilla idea construye su castillo. Y, desde él, combate también a los conservadores, pues no concibe una sociedad moderna estacionaria, dado que, en su opinión, el progreso es necesario para que el proceso de creación, producción y distribución no pare. Un dinamismo cuyos motores son la desigualdad (el deseo de tener mejor vida) entre los actores económicos y la competencia entre los que afrontan el protagonismo en el proceso de progreso material.

2.- EL PODER CREATIVO DE UNA CIVILIZACIÓN LIBRE Y DESIGUAL

El ser humano es finito. En consecuencia no puede contener, al menos en la profundidad para ser efectivo, todo el conocimiento que la humanidad acumula. De esta idea se podría derivar una política colectivista al considerar que los logros humanos son el resultado del esfuerzo de todos. Pero Hayek extrae otra conclusión: la razón es resultado de la experiencia en mayor grado que la experiencia el resultado de la aplicación de la razón. Las aparición de las civilizaciones tienen una lógica interna que las conforma en un frote continuo entre los propósitos y los resultados. La idea de que la humanidad ha creado a la civilización es falsa. La razón es constituida por la realidad social y reacciona con nuevas propuestas en función de los retos que se plantean. A menudo el hombre, al desconocer el origen de las fuerzas que han creado a las civilizaciones se plantea su destrucción para empezar en un mundo nuevo, como hace el racionalismo y sus secuelas socialistas y nacionalistas. Así, curiosamente, el gran defensor de la libertad rechaza a los nacionalismos conservadores o revolucionarios como perjudiciales.

Por estas mismas razones, Hayek cree que tampoco el conocimiento científico agota el conocimiento que el ser humano posee, gran parte del cual es implícito y actuante en los artefactos institucionales. Este conocimiento implícito que actúa en un segundo plano, sólo se puede manifestar si dejamos a cada hombre actuar en plena libertad reaccionando con sus impulsos y su razón construída por su experiencia idiosincrásica. Aquí podemos ver cómo Hayek conecta su concepción de la libertad con el progreso social. Su razonamiento es que, dado que cada individuo sólo tiene una visión parcial de los problemas el único modo de progresar es dejar que, a través de la libertad individual, se ensayen todas las posibilidades. Además esta humildad cognitiva está en la base de la tolerancia. Cómo no sabemos quién puede dar con la solución hay que dar libertad a todos, aunque se equivoquen.

Hayek cree con Popper que en el uso de su libertad el ser humano, no sólo da con nuevos métodos, sino que cambia sus fines y valores. El proceso es adaptativo. No en vano, a pesar de que se invirtió después la relación, la teoría de la evolución de Darwin está inspirada en teorías de evolución social. Se suma a Adam Smith para sostener que el bienestar de los más desfavorecidos depende del progreso material de los más osados. Aquí fundamenta su idea más controvertida: la de que es necesario permitir que unos pocos acumulen riqueza y disfruten de los avances antes de que estos se generalicen. Con lo que afirma otros de los ejes de su pensamiento: la desigualdad en la riqueza es una condición necesaria para el progreso: «Los lujos de hoy son las necesidades del mañana». Y añade que para que una sociedad no libre, planificada, tenga el mismo ritmo de crecimiento es necesario un grado de desigualdad similar. La oposición a la desigualdad entorpece el progreso de todos, concluye.

3.- LIBERTAD RAZÓN Y TRADICIÓN

Hayek explora la historia de la libertad y sus enemigos y considera que ha habido fundamentalmente dos tendencias opuestas en los últimos trescientos años: la de origen anglosajón y la de origen francés. La primera, siempre atenta a la experiencia, es espontánea y carece de coacción. La segunda se basa en la coacción para la consecución de un bien anticipado racionalmente para el conjunto social. En palabras de Hayek:

«la una mantiene un desarrollo orgánico lento y semiconsciente; la otra cree en un deliberado doctrinarismo; la una está a favor del método de la prueba y el error y la otra en pro de un patrón obligatorio válido para todos»

La tradición anglosajona es antirracionalista y la francesa de extremadamente racionalista y se basa en la teórica bondad del individuo.

«Nos comprendemos mutuamente, convivimos y somos capaces de actuar con éxito para llevar a cabo nuestros planes, porque la mayor parte del tiempo los miembros de nuestra civilización se conforman con los inconscientes patrones de conducta, muestran una regularidad en sus acciones que no es el resultado de mandatos o coacción y a menudo ni siquiera de una adhesión consciente a reglas conocidas, sino producto de hábitos y tradiciones firmemente establecidas»

Pero Hayek no desprecia a la razón, sino a la pretensión de su omnipotencia. Por eso adopta la postura kantiana de encontrar los límites de la razón y como optimizar su participación en el progreso humano. Básicamente  considera que prudentemente hay que examinar lo heredado antes de su reforma y, desde luego, se debe aceptar, antes de que produzca daño, que se ha cometido errores a tenor de los resultados. En este sentido es descorazonador comprobar cómo los encargados de dirigir las sociedades se mantienen en el error a pesar de las graves consecuencias de las decisiones que su razón les inspiró. Es la constatación de que las emociones, incluida la autoestima y reputación se superponen al interés general. Hayek introduce la libertad en esta discusión afirmando la necesidad de que la libertad de equivocarse sea compensada con la responsabilidad por las consecuencias. La ausencia de libertad conduce a la irresponsabilidad porque sólo hay un camino para las decisiones.

4.- IGUALDAD

Hayek piensa que la igualdad es un valor humano surgido de la envidia. La igualdad de todos los hombres enunciada por la constitución norteamericana le parece obvia desde el punto de vista de los derechos y obligaciones, pero le parece sospechosa y perjudicial extendida a los comportamientos sociales y morales, no digamos en el ámbito de la economía, donde le parece un factor que lastra el progreso. Según Hayek, la desigualdad no había sido un problema hasta la aparición a mediados del siglo XIX del socialismo teórico, primero, y nocivamente práctico, después, que se desprendió de la filosofía de Hegel a manos de Karl Marx. El concepto central del pensamiento de Hayek, la libertad, no tiene nada que ver, en opinión de nuestro autor, con la igualdad, pues, muy al contrario, su desarrollo produce desigualdades. La igualdad ante la ley es imprescindible para la libertad y conduce inevitablemente a la desigualdad material. Hayek no entiende porque se considera menos valiosa las capacidades que son consecuencia de la buena posición económica de la familia de procedencia que las de origen natural. Y extrema su postura cuando afirma que la herencia es necesaria para garantizar la creación de élites poderosas que contribuyan al progreso general en la persecución de sus intereses particulares. Y falazmente considera que si nadie discute la importancia de la familia para transmitir los valores, no debe discutirse la transmisión de la capacidad material que los hace posibles.

No debe ser más reprochable nacer de padres ricos que hacerlo de padres inteligentes. La ventajas de ambas situaciones deben ser alabadas como oportunidades para la humanidad de que estas personas contribuyan con su talento a bien común. Es una postura un tanto ingenua desde luego, visto el uso que de las riquezas heredadas hacen la mayoría de los privilegiados. Uso inadecuado de la acumulación, al que se suma el origen no siempre libre de sospecha del arranque de muchas fortunas. Basta con repasar el catálogo de hombres y mujeres realmente providenciales para la humanidad y su procedencia normalmente de la clase media o incluso baja. Henry Ford fue adoptado, Madame Curie era hija de maestros, Los Einstein tuvieron dificultades económicas, los padres de Fleming eran granjeros, Isaac Newton, Ramón y Cajal… Tal parece que la riqueza inhibe a los que nacen en ella para metas superiores, distraídos como están en su disfrute directo. Pero no se puede negar el diletantismo de los más inteligentes de los ricos.

Otra cuestión que Hayek también discute tiene que ver con la igualdad en la educación, llegando a sostener que los defensores de la igualdad pretenden impedir que haya quien recibe mejor educación que el resto. Una argumentación cuyo origen se desconoce, pero que llevaría, en su opinión, a que el estado se ocupara de que nadie, por ejemplo, tuviera más salud que los demás. Insiste en su lucha contra una igualdad que, ahora en mi opinión, nadie persigue y es la de premiar no por el logro, sino por el esfuerzo. Un mecanismo absurdo que cambiaría en muchas ocasiones a los ocupantes de los podios olímpicos. En resumen, Hayek ve como enemigos de la libertad y del progreso humano a un concepto de igualdad basado en el enrasamiento por los niveles más bajos de las capacidades de los individuos.

5.- DEMOCRACIA

Armado de la libertad, Hayek no teme, incluso desacralizar la democracia, entendida como el poder de las mayorías. Cree que la tradición liberal ha luchado para limitar el poder del gobernante, sea monárquico o democrático. Para entender su punto de vista atendamos a estos dos pares opuestos:

«A la democracia se opone el gobierno autoritario; al liberalismo se opone el totalitarismo.»

La diferenciación es significativa porque, en su planteamiento, eso permite que un gobierno pueda ser liberal y autoritario o demócrata y totalitario puesto que estas nuevas parejas no son contradictorias. Se entiende que el gobierno totalitario bloquea toda libertad, mientras que no lo hace el autoritario, que se limita a despreciar el voto popular como mecanismo de toma de decisiones. La segunda fórmula sería aquella en la que el cierre a toda libertad se produce por votación. La otra combinación no contradictoria sería un gobierno democrático y liberal o un gobierno autoritario y totalitario. En el primer caso, la democracia daría respaldo a las libertades sin restricción alguna y en el segundo el déspota, además, cerraría el paso a todo tipo de libertad. De esta discusión preliminar se puede escapar el hecho de que, como dejó claro más arriba, Hayek no entiende por libertad nada más que la ausencia de coerciones a la acción de individuo. Pero él piensa, que de todas las libertades la principal es la económica, por eso un dictador no totalitario es compatible con la libertad de empresa y el mercado libre, porque a él sólo le interesa mantener el control sobre los aspectos políticos (es decir la reclamación de democracia) por parte de los ciudadanos. Casos así se han dado y se están dando en la actualidad. Y puesto que es esa libertad la que más le preocupa dedica sus argumentos a minar la legitimidad de la democracia en determinados supuestos. Y aclara que:

Una democracia puede muy bien esgrimir poderes totalitarios, y es concebible que un gobierno autoritario actúe sobre la base de principios liberales. El liberalismo es una doctrina sobre lo que debiera ser la ley; la democracia, una doctrina sobre la manera de determinar lo que será la ley.

Hayek por tanto respalda situaciones tan peculiares como la que se dió en el Chile de Pinochet, como en la China del partido comunista. Por supuesto que también aplaude un régimen político en el que además de la libertad de comercio, existan los que entendemos hoy en día por derechos políticas, pero no se lamenta en exceso de los contrario. Es una posición contradictoria con su biografía de refugiado que huye de los regímenes totalitarios del nazismo y del comunismo. Ahora queda más claro que lo hace no por los derechos políticos, sino porque cercenan la libertad esencial, que es la de comercio. Lo que le preocupa a Hayek, no es tanto que la democracia pueda ser utilizada para conseguir derechos políticos, sino que pueda emplearse para que una mayoría imponga sus criterios económicos a la minoría.

«No existe justificación para que ninguna mayoría conceda a sus miembros privilegios mediante el establecimiento de reglas discriminatorias a su favor»

Por eso piensa que:

«Puede muy bien ser cierto, como se ha mantenido a menudo, que en cualquier aspecto de la vida pública la intervención de una élite educada resulte más eficiente y quizá incluso más justa que la de otro gobierno elegido por el voto de la mayoría»

6.- ASALARIADOS Y EMPRENDEDORES

Sus posiciones respecto de la democracia son coherentes con el temor que se desprende de la combinación del mecanismo democrático y el hecho sociológico de que es mucho más numeroso el conjunto de ciudadanos que trabajan por cuenta ajena que el de los propietarios de empresas y las élites de rentistas. Hayek pensaba que:

«… debe haber tolerancia para la existencia de un grupo de ricos ociosos, ociosos no en el sentido de que no realizan nada útil, sino en el de que sus miras no se hallan enteramente dirigidas por consideraciones de beneficio material»

Esta extraña opinión enturbia los aciertos de Hayek en otras cuestiones. Pero pronto cambia de opinión:

«Es innegable que dicho grupo ocioso producirá una proporción mucho mayor de individuos a quienes les guste vivir bien que de eruditos y empleados públicos, y que asimismo su evidente derroche de dinero ofenderá la conciencia pública. Ahora bien, tal derroche, en todas partes, constituye el precio de la libertad.» 

7.- COERCIÓN

Este concepto es la clave de la ausencia de libertad:

«La coacción tiene lugar cuando las acciones de un hombre están encaminadas a servir la voluntad de otro»

Se anticipa al reproche de que una empresa es una organización jerárquica diciendo que con la excepción de las situaciones con altas tasas de paro, el empleado de una empresa no padece coerción porque puede cambiar de empresa. Enfatiza que se evita la coerción creando una esfera privada que incluya la propiedad privada, como condición primera de su creación. Es un asunto es tan resbaladizo que a Hayek se le escapa lo siguiente:

«Uno de los logros de la sociedad moderna estriba en que la libertad puede disfrutarla una persona que no posea prácticamente ninguna propiedad salvo los efectos personales, tales como la ropa —y aun estos pueden ser alquilados»

Una frase extraña de nuevo, porque no se comprende que logros de la sociedad moderna son esos que hacen libres a las personas sin poseer nada. Es cierto que es coherente con su definición de libertad, pero siempre que no se considere una coerción la pretensión de algunos de acumular riqueza. Y eso es lo que Hayek hace, en efecto. Para él cuando alguien acumula riqueza utilizando los mecanismos del mercado no le está quitando nada a nadie, sino haciendo uso de su propia libertad. En fin, como se puede comprobar, la libertad es un bien deseado por el ser humano que no puede ser estorbado sean cuales sean las consecuencias. Veremos más tarde que Hayek modera esta visión con sus puntos de vista sobre la Seguridad Social.

8.- ESTADO DE DERECHO

Definida la libertad, reconocida la tradición, las limitaciones de la razón del individuo y el impulso inconsciente de la realidad; rechazadas la coerción y la igualdad y puesta bajo sospecha la democracia, Hayek necesita un marco legal para la acción y la reacción y lo encuentra en el Estado de Derecho (Rule Of Law). A partir de aquí comienza la defensa de la red de normas que una lenta evolución ha creado para regular la vida social y económica. Puesto que ya ha desacreditado a la democracia como mecanismo de generación de legalidad, ahora necesita colocar a las leyes fuera del alcance de los caprichos de las masas. Apoyado en la idea de evolución antirracional, considera que todo marco legal necesita de una ley de leyes que evite los cambios bruscos. El ejemplo norteamericano le parece el que mejor construyó una salida para el complicado siglo XIX que resultó del sangriento siglo XVIII. Hayek cuenta con habilidad divulgadora la historia de la lucha de los intereses de las clases más activas contra el carácter depredador económicamente de las monarquías que sostenían lo sueño de gloria que habían ocultado en el pasado el inevitable cimiento económico de toda aventura humana. Afirma el carácter abstracto de las leyes alejándolas de su gestación particularista. Las leyes debe obligar tanto a los ciudadanos como a las que las promulgan. Esta preocupación le ayuda a una definición legal de la libertad:

«La libertad no significa, ni puede presuponer, que lo que yo realizo no depende de la aprobación de ninguna persona o autoridad, ni que no se halle sometido precisamente a las mismas reglas abstractas que han de afectar de manera igual a todo el mundo»

Es decir, como la libertad depende de las leyes, hay que asegurarse de que las leyes cuidan de la libertad, lo que implica proteger a las leyes de las mayorías y de los jueces con la constitución. Cita al presidente de la Corte Suprema John Marshall, que dice así: «El poder judicial como oposición al imperio de las leyes no existe. Los tribunales son meros instrumentos de la ley y no pueden imponer su autoridad en nada». Y concluye:

«Pocas creencias han destruido más el respeto por las normas del derecho y la moral que la idea de que la ley obliga solamente si se reconocen efectos beneficiosos al observarla en el caso particular de que se trate… allí donde existen criaturas capaces de ajustar su conducta a normas legales, la ausencia de leyes implica carencia de libertad. Porque la libertad presupone el poder actuar sin someterse a limitaciones y violencias que provienen de otros; y nadie puede eludirlas donde se carece de leyes.

9.- ESTADO DE BIENESTAR

Si Hayek defiende la desigualdad debe tener algo que decir a los logros de las ideas que crearon el estado de bienestar. Empezamos por sus propias palabras:

«Desde el momento en que los poderes públicos asumen la misión de prestar servicios que de otra forma no existirían —en razón, casi siempre, a que no sería posible que las ventajas que tales servicios comportan las disfrutaran tan sólo quienes se hallan en condiciones de abonar su importe—, la cuestión se reduce a determinar si los beneficios compensan el costo»

Pero ve malas consecuencias de un estado protector:

«Sobre la especie humana se alza un inmenso y tutelar poder que asume la carga de asegurar las necesidades de la gente y cuidar de su destino y desenvolvimiento. El poder en cuestión es absoluto, minucioso, ordenado, previsor y bondadoso. Equivaldría al amor paterno si su misión fuera educar a los hombres en tanto alcanzan la edad adulta; pero, contrariamente, lo que pretende es mantenerlos en una infancia perpetua; es partidario de que el pueblo viva placenteramente a condición de que sólo piense en regocijarse»

Es estado de bienestar tiene origen en las ideas socialistas. Para Hayek el siglo del socialismo empieza en 1848 (publicación del Manifiesto Comunista) y 1948, cuando se produce el descubrimiento de los horrores del estalinismo. Pero su herencia es difícil de demoler en occidente a pesar de que la muerte de Keynes y Roosevelt se lleva a los más conspicuos defensores de la intervención del estado en la economía. Hayek no está en contra de la seguridad antes los avatares de las personas, pero siempre que sea limitada y no ponga en peligros los equilibrios económicos. Veinte años después el neoliberalismo alemán y las acciones decididas de Margaret Thatcher y Ronald Reagan empiezan a minar el estado de bienestar con la ayuda de dirigentes de cariz socialista que, deslumbrados por el brillo de la capacidad productiva de las siguientes décadas, contribuyeron a la demolición de lo que quedaba del sistema. Hayek ya veía en el compromiso social de protección un peligro:

«Si todas las personas que sufren de falta de trabajo, enfermedad o previsión inadecuada para su vejez hubieran de ser liberadas inmediatamente de su tribulación, ni siquiera un sistema obligatorio total sería suficiente»

Pero reconoce que:

«En una sociedad industrializada resulta obvia la necesidad de una organización asistencial, en interés incluso de aquellas personas que han de ser protegidas contra los actos de desesperación de quienes carecen de lo indispensable»

Para conciliar ambos preceptos de la realidad propone contener a los estados providenciales en sus pretensiones de convertir a los mecanismos de seguridad en sistemas de redistribución de renta. Rentas que para Hayek están mejor siendo utilizadas para financiar el futuro. Hayek aborda en este libro la seguridad establecidas ante la enfermedad, la vejez y el paro. Respecto de las pensiones avisa de que cuidado con la rebelión de los jóvenes ante el hecho de que los ancianos disfruten de más renta que ellos, con una conclusión que espero sea extravagante:

«Finalmente, no será la moral, sino el hecho de que los jóvenes nutren los cuadros de la policía y el ejército, lo que decida la solución: campos de concentración para los ancianos incapaces de mantenerse por sí mismos. Tal pudiera ser la suerte de una generación vieja cuyas rentas dependen de que las mismas, coactivamente, se obtengan de la juventud»

Leído esto, no sé qué pensaría Hayek de los esfuerzos de la ciudades por facilitar la accesibilidad universal de discapacitados. ¿Dinero tirado?

Respecto a la enfermedad le parece bien que se restaure la capacidad de volver al trabajo, porque piensa que es un gasto que se autofinancia, pero advierte con la pretensión de usar los avances médicos para prolongar la vida, pues puede ser un pozo sin fondo y juega con ideas dudosas:

«Es posible que la medida parezca incluso cruel, pero beneficiaría al conjunto del género humano si, dentro del sistema de gratuidad, los seres de mayor capacidad productiva fueran atendidos con preferencia, dejándose de lado a los ancianos incurables»

Respecto del paro, sus ideas suenan modernas medio siglo después, porque los economistas siguen intentando lograr lo que aquí propone:

«La razonable solución de tales cuestiones en una sociedad libre consiste en que el Estado provea solamente un mínimo uniforme a todos los incapaces de mantenerse por sí mismos; se esfuerce por reducir el paro cíclico tanto como le sea posible, mediante una apropiada política monetaria, y deje a los esfuerzos voluntarios competitivos la misión de articular cualesquiera otras medidas de previsión tendentes a mantener los habituales niveles de vida»

10.- IMPUESTOS Y REDISTRIBUCIÓN

Una vez analizados los peligros que devienen del estado de bienestar, a cuya demolición tanto han contribuido sus escritos, Hayek se ocupa de los impuestos que es, precisamente el instrumento que lo hizo posible. No es necesario extenderse mucho para exponer las ideas principales de Hayek al respecto que son dos: una negativa y otra positiva. La primera consiste en rechazar los impuestos progresivo y, la segunda, es proponer los impuestos proporcionales. Veamos:

«Comencemos por aclarar que el sistema progresivo que vamos a examinar, y que estimamos, a la larga, incompatible con una sociedad libre, es aquel que impone carácter progresivo a la carga fiscal en su conjunto, es decir, aquel que grava con tipos impositivos superiores a las mayores rentas»

Es decir, Hayek piensa que si dos profesionales hacen un mismo servicio a un cliente cobrándole lo mismo, pero uno gana más que el otro al final del año, cobrará menos que su colega, una vez que haya descontado los impuestos. Por eso propone un método de impuestos progresivos, según el cual la tasa de impuestos sea la misma para todos, ganen los que ganen. También opina que la progresividad no traslada el peso de la fiscalidad sobre los ricos, pues en términos absolutos las mayoría del dinero recaudado por la hacienda proviene de las rentas medias y bajas porque ahí están la mayoría de los contribuyentes. En nuestro país las rentas altas (más de 150.000 euros) aportaron 8.000 millones de euros en 2014, mientras las rentas inferiores aportaron 65.000 millones. Añádase  a eso el sistema proporcional de los impuestos indirectos con unos 50.000 millones cuyo 98 % es soportado por las rentas medias y bajas. Si a esto se añade que las rentas más altas usan mecanismos puestos a su disposición para transformar economías familiares en sociedades que pagan menos impuestos, queda claro, que al margen de la discusión de Hayek sobre la violación de la libertad que, según él, se perpetra con los impuestos progresivos, hay un sesgo de injusticia en la distribución de la carga tributaria. Pero para Hayek lo fundamental es no coartar la libertad y esto implica no cobrar más al que más gana. También le parece muy peligroso que la fiscalidad se utilice para limitar por arriba las ganancias de la gente. Una idea que cree que proviene del hecho de que la mayoría de la gente es asalariada y no concibe que ganancias personales se puedan dedicar a objetivos distintos de pasar el mes más o menos bien. Por tanto la mayoría de la gente considera que los ricos tienen dinero de más, desde el punto de vista de una familia corriente. Un prejuicio que no considera que el dinero de más es dedicado a la creación o mantenimiento de empresas que constituyen el tejido económico. Naturalmente sería absurdo repartir el dinero de los ricos porque diluiría un capital que puede tener un uso mucho más interesante para todos, pero eso es compatible, a pesar de la benevolencia de Hayek, con que esté limitada las cantidades que pueden detraerse de los negocios para el uso personal, so pena de sufrir una fiscalidad cercana suficientemente alta. Pero como nuestro autor confía en que los ricos lo hacen bien cuando invierten y cuando derrochan cree que:

«Si se desea implantar un régimen fiscal razonable, es obligado respetar la norma siguiente: la propia mayoría que fijó el importe total de las cargas fiscales ha de soportar, a su vez, el porcentaje máximo impositivo»

11.- LA CUESTIÓN MONETARIA

A Hayek no le gusta la burbuja crediticia que envuelve al flujo del dinero. Desde luego estos juegos en el gran casino financiero con bonos, acciones, colaterales y derivados complejos, son la fuente de casi todas las grandes crisis económicas, que las acaban sufriendo aquellos que cada día van a trabajar sin tener noticia de lo que algunos están urdiendo. Una vez consumado el desastre lo que no solemos encontrar es que el dinero ha cambiado de manos vaciando las arcas de instituciones fundamentales que deben ser socorridas por el dinero público a base de bajadas de salarios y de servicios del estado. Dado que se ha generalizado el crédito como sustituto del dinero, es necesario crear organismos centrales que regulen el flujo con el peligro de la inflación cuando el estado se considera responsable de mantener el Estado de Bienestar. Hayek ve un peligro enorme en en la combinación de la fuerza del estado democrático que depende de los votos de las mayorías y el poder de fabricar dinero de los bancos centrales. Pues el resultado es la inflación que mina el valor del dinero que cada uno ha ahorrado. Pero, dado que hay un peligro aún mayor, que es la deflación, las políticas monetarias se mueven en esa vertiginosa oscilación. A ese binomio se añadió en los años setenta la estanflación, un estado de cosas en el que los precios suben sin que la economía se expanda. Por todo ello Hayek advierte del riesgo de tener como objetivo máximo el pleno empleo a base de manipulaciones monetarias. Pero para Hayek de las alegrías inflacionarias se deriva la destrucción de las sociedades libres.

12.- EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

Las ideas de Hayek sobre el problema de la vivienda son extravagantes y para muestra la cita que aporta al principio de este capítulo de su libro:

«Si los poderes públicos abolieran los subsidios tendentes a disminuir el costo de los alquileres y, al mismo tiempo, redujeran, en cuantía exactamente igual, las exacciones fiscales que pesan sobre los sectores laborales, no sufrirían estos el menor perjuicio económico; ahora bien, es indudable que las masas trabajadoras preferirían aplicar sus retribuciones no a disponer de viviendas adecuadas, sino a cometidos distintos, con lo que se hacinarían en locales infectos, toda vez que muchos ni siquiera conocen las ventajas de ocupar habitaciones más confortables y el resto valoran en menos la vivienda que otras comodidades. Esta es la razón, y la única razón válida, que justifica los subsidios, y la expongo con tanta crudeza porque el tema es analizado a menudo sin enfrentarse con la auténtica realidad, por los escritores de tendencias izquierdistas«. W. A. Lewis.

13.- RECURSOS NATURALES

Tampoco aquí Hayek es especialmente sabio:

«Quizá la mejor manera de concretar el punto de vista principal sea afirmar que todos los esfuerzos en pro de la conservación de recursos significan una inversión y, por lo tanto, deben ser ponderados precisamente con criterio igual a las demás inversiones. No hay nada mejor, para preservar los recursos naturales, que convertirlos en el más deseable objeto de inversión para el equipo y la capacidad de creación de la mente humana; por ello, siempre que la sociedad prevea el agotamiento de determinados recursos y canalice sus inversiones de tal manera que los ingresos totales se hallen en consonancia con los fondos disponibles para inversión, no hay razones económicas para el mantenimiento de la especie que sea de recursos»

14.- EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

En esta materia Hayek adopta posturas que los conservadores persiguen todavía hoy:

«En realidad, cuanto más valoremos la influencia que la instrucción ejerce sobre la mente humana, más deberíamos percatamos de los graves riesgos que implica entregar estas materias al cuidado exclusivo del gobernante.»

Hayek postula una optimización de recurso en inteligencia que requeriría alguna matización al respecto en una sociedad tan distinta como la que hoy está conformada por los avances tecnológicos, pero que podemos compartir siempre que al resto se le garantice una formación de base para la ciudadanía responsable y para su aportación profesional correspondiente a la sociedad:

La cuestión más importante, en realidad, se centra en descubrir el método idóneo para seleccionar entre la masa escolar aquellos muchachos que merezcan ver prolongados sus estudios más allá del límite fijado para la generalidad. También parece lógico que una sociedad que desea obtener de las cantidades que puede destinar a la enseñanza el máximo rendimiento habrá de asignar sumas mayores a aquella élite, comparativamente pequeña, dedicada a altos estudios, y tal supuesto hoy equivaldría precisamente no a prolongar el período educativo de la mayoría, sino a ampliar el núcleo de la población dedicado a los estudios superiores»

«En interés de la propia colectividad, convendría, sin duda, que algunos individuos que han demostrado poseer una capacidad excepcional para los estudios o la pura investigación dispusieran de medios para seguir su vocación con independencia de la posición económica de su núcleo familiar»

PORQUE NO SOY CONSERVADOR

Este es un texto que Hayek escribe para marcar ciertas distancias respecto a quienes tienen como meta mantener privilegios y tradiciones de forma que resultan incompatibles con sus ideales de libertad. En resumen:

• Cree que se piensa de sus ideas que son conservadoras
• Esta colusión confunde, por lo que cree necesario aclarar las diferencias
• El conservador se caracteriza por rechazar todo cambio drástico. Un sentimiento nacido en la Revolución Francesa
• Hasta la llegada del socialismo, la postura contraria al conservadurismo fue el liberalismo fisiócrata
• En Estados Unidos, al contrario que en Europa, el conservadurismo se basó en el liberalismo europeo.
• Pero fueron los socialistas americanos los que se apropiaron del término liberal.
• A Hayek no le gusta el término «liberal», por la confusión americana y la participación que los liberales europeos en el éxito del socialismo.
• El conservadurismo es útil para parar procesos «perjudiciales» en determinados momentos y un estorbo cuando de progreso se trata.
• Bajo un gobierno realmente liberal, pocas instituciones públicas actuales existirían.
• Considera que, a pesar de las diferencias, los liberales aprenderían mucho de los autores conservadores como Coleridge, Bonald, De Maistre, Justus Möser o Donoso Cortés (toda la reacción intelectual) por su visión de la espontaneidad de las instituciones.
• Los consevadores al contrario que los liberales, no reciben con alegría los cambios.
• El conservador necesita un ser superior que lo supervise todo y garantiza el orden. El conservador es autoritario y no comprende las fuerzas que actúan en el mercado.
• El conservador no es demócrata, se siente mejor con un hombre supuestamente honrado que gobierne.
• Reconoce que comparte las políticas de vivienda, seguridad social y educación con los conservadores, pero no encuentra razones para oponerse a los puntos de vista progresistas.
• El liberal es tolerante y el conservador no, por eso el socialista desengañado se hace conservador y no liberal.
• El conservador cree que hay personas especiales en la sociedad que deben ser protegidas y hechas responsables de los asuntos públicos. Los liberales no somos igualitarios, pero no creen que haya criterios objetivos para elegir líderes distintos de los logros observables.
• Hayek comparte con el conservador la sospecha por la democracia, pero no le atribuye, como éste todos los males modernos excepto la acumulación de poder de las mayorías.
• El conservador no tiene ideas por lo que teme la confrontación teórica, pero el liberal cree en las posibilidades del futuro y las ideas que puedan traerlas.
• El corservador es patriotero por su horror al futuro.
• El liberal no es conservador por la tendencia al misticismo de este y no es socialistas por su torpe racionalismo.
• El liberal no es conservador porque acepta las limitaciones del ser humano y su razón, rechaza la autoridad sin argumentos y explicaciones de orden sobrenatural, aunque sin pleitos con las religiones.
• Hayek rechaza el nombre de liberal por ambigüo, el de libertario por poco reconocido, por lo que le gustaría (con un sabor conservador) el de Whig.
• A pesar de todo, considera que un liberal tiene que apoyarse en los movimientos conservadores para combatir a los socialistas.

Finalmente, escuchemos a Hayek, que cree que los conservadores ceden ante los socialistas por razones electorales:

Se suele suponer que, sobre una hipotética línea, los socialistas ocupan la extrema izquierda y los conservadores la opuesta derecha, mientras los liberales quedan ubicados más o menos en el centro; pero tal representación encierra una grave equivocación. A este respecto, sería más exacto hablar de un triángulo, uno de cuyos vértices estaría ocupado por los conservadores, mientras socialistas y liberales, respectivamente, ocuparían los otros dos. Así situados, y comoquiera que, durante las últimas décadas, los socialistas han mantenido un mayor protagonismo que los liberales, los conservadores se han ido aproximando paulatinamente a los primeros, mientras se apartaban de los segundos; los conservadores han ido asimilando una tras otra casi todas las ideas socialistas a medida que la propaganda las iba haciendo atractivas.

TEXTOS ESCOGIDOS COMENTADOS

1.- LIBERTAD

En la época en que se escribe este libro, se entendía por socialismo a la doctrina política que aspiraba a que el estado fuera el propietario de los medios de producción, en ortodoxa doctrina marxista. Él está convencido de que las prácticas económica del socialismos lleva a la desaparición de la libertad, tal y como él la entiende. Hayek más tarde tuvo que reconocer que, al menos en los países nórdicos, la socialdemocracia no devino en un régimen antiliberal. También en esa época destacan los estudios de Isaiah Berlin, profesor de Oxford que también se opone frontalmente a las concepciones socialistas de libertad, publica un artículo llamado Dos conceptos de la libertad que transcribe la conferencia inaugural del curso en 1958 ante sus colegas en Oxford. En este caso, Belin define dos tipos de libertad: la negativa que garantiza que un individuo puede ir tan lejos en sus propósitos como le permitan otros; y la positiva que, partiendo de la autonomía personal para ser libre de reprimir las propias tendencias, se acaba aceptando propuestas externas como propias a pesar de su potencial tendencia sectaria. A Hayek este segundo aspecto no le preocupa tanto, como aceptar que haya «libertades». Así trata de desacreditar la pretensión de otras libertades, frente a la única libertad admisible, la que elimina cualquier coacción arbitraria de unos hombres sobre otros, la que prefigura una esfera privada en la que nadie puede interferir. Así:

• Libertad política
• Libertad de interior o subjetiva
• Libertad para hacer cosas

LIBERTAD POLÍTICA

El primer sentido de la palabra libertad con el que contrastar la definición de Hayek es la de «libertad política» como la participación de un hombre en la elección de sus gobernantes, en un marco legal y administrativo. Hayek piensa que es una libertad para grupos más que para individuos. Países que se independizan, etc. En contraste considera que un individuo sin derecho a voto por su edad no es menos libre en su vida personal.

«Es absurdo pensar que un joven que llega a la edad de votar es libre porque ha dado su consentimiento la orden social en el que ha nacido, porque ese orden se lo encuentra y no lo elige.  Pero que no haya dada explícitamente ese consentimiento no quiere decir que no pueda ser libre como individuo. Se puede identificar libertad con capacidad de participación política, pero hay que tener en cuenta que se puede seguir siendo libre por no ser coaccionado mientras se disfruta o no de la libertad política porque son cosas diferentes.» 

Hayek ve en la confusión la explicación de que los liberales y los nacionalistas se hayan aliado en el siglo XIX. Pero quiere dejar claro que la libertad de un pueblo no garantiza la libertad de los individuos. Lo que puede llevar a

«preferir al déspota de la propia raza que al demócrata de otra, llevando a coaccionar a los propios en aras de la consecución de la «libertad nacional»

LIBERTAD INTERIOR O SUBJETIVA

En ese tipo de libertad estaría el comienzo del desarrollo interno que llevaría según Berlin a someterse a los criterios de la propia naturaleza o los sectarios del nacionalismo o una religión. Pero una persona puede ser esclavo de sus pasiones y ser libre frente a coacciones de otros, por lo que no deben confundirse las dos libertades. La libertad no es hacer lo que debemos moralmente o de acuerdo a nuestras convicciones. Liberarnos de nuestras pasiones no nos hace libres en el sentido de Hayek.

LIBERTAD PARA HACER

Consiste en confundir el sentido de la libertad en Hayek con el de poder hacer físicamente lo que se quiera (por ejemplo, volar como en los sueños). Este sentido ha sido inocente hasta que los socialistas la han incorporado a sus argumento. Pues aceptada la asociación de libertad y poder, puede ser utilizada, precisamente por el atractivo de la palabra libertad, para destruir la libertad individual. Pero, lo realmente peligroso, según Hayek es definir la libertad como la ausencia de obstáculos, distintos de la voluntad de los hombres, para cumplir nuestros deseos. Es decir, por ejemplo, remover obstáculos económicos para ejercer la libertad.

Para Hayek, la confusión de la libertad con el poder conduce a la confusión de la libertad con riqueza (para poder ejercerla). Así el prestigio de la palabra libertad se utilizará para el reparto de la riqueza. Pero para Hayek,

el cortesano rico sometido a su rey es menos libre que el pobre villano que dispone de su vida. Ser rico no es ser libre. Ser poderoso no es ser libre, pues «la voluntad de otro» se puede imponer al sujeto.

Es indudable que ser libre puede significar libertad para morir de hambre, libertad para incurrir en costosas equivocaciones o libertad para correr en busca de riesgos mortales. En el sentido que usamos el término, el vagabundo que carece de dinero y que vive precariamente gracias a una constante improvisación, es ciertamente más libre que el soldado que cumple el servicio militar forzoso, dotado de seguridad y relativo bienestar.

La libertad, como la paz o la seguridad son conceptos negativos. Entendiendo por tal la ausencia de coerción por parte de otros seres humanos.

Hayek trata de defender su concepto de libertad de todas las adherencia que frenarían su visión cósmica de la acción humana sin interferencias.  Por eso, piensa que todo aquello que permite hacer cosas específicas no es libertad, a pesar de designarlo como «una libertad»;

«La diferencia entre libertad y libertades es la que existe entre una condición en virtud de la cual se permite todo lo que no está prohibido por las reglas generales y otra en la que se prohíbe todo lo que no está explícitamente permitido.«

«Los decretos de manumisión en la antigua Grecia, normalmente, concedían al antiguo esclavo, en primer lugar, «estado legal como miembro, protegido de la comunidad»; en segundo lugar, «inmunidad frente a un arresto arbitrario»; en tercer lugar, el «derecho a trabajar en lo que él deseara», y en cuarto lugar, «el derecho de trasladarse de un punto a otro del territorio de acuerdo con su propia elección» (Pág. 70) No se menciona el derecho de propiedad porque los esclavos ya lo tenían. Y no se mencionan las otras «libertades» inventadas en los últimos siglos.  Ni el derecho a votar, ni la libertad interior hace libre a un esclavo.»

«Nuestra definición de libertad depende del significado del término coacción y no será precisa hasta que hayamos definido esta última… Por «coacción» queremos significar presión autoritaria que una persona ejerce en el medio ambiente o circunstancia de otra. La coacción es precisamente un mal, porque elimina al individuo como ser pensante que tiene un valor intrínseco y hace de él un mero instrumento en la consecución de los fines de otro»

A partir de aquí usaremos las propias palabra de Hayek, comentadas en negrita por el autor de la reseña.

2.- EL PODER CREATIVO DE UNA CIVILIZACIÓN LIBRE

La mayoría de las ventajas de la vida social, especialmente en las formas más avanzadas que denominamos «civilización», descansa en el hecho de que el individuo se beneficia de más conocimientos de los que posee.

Los problemas están dominados por la «dificultad práctica» de que, de hecho, nuestro conocimiento se halla muy lejos de la perfección. Quizá sea natural que los científicos tiendan a cargar el acento en lo que conocemos; sin embargo, en el campo de lo social, donde lo que no conocemos es a menudo tanto más importante, las consecuencias de dicha tendencia puede llevamos al extravío. Muchas de las construcciones utópicas carecen de valor, porque siguen la dirección de los teorizantes que dan por descontada la posesión de un conocimiento perfecto.

Hayek cree que las grandes construcciones de la civilización son el resultado un proceso de ensayo y error y cuya demolición es una irresponsabilidad de los utópicos.  

Dicha afirmación estaría justificada únicamente si el hombre hubiese creado la civilización deliberadamente, con completo conocimiento de lo que estaba haciendo, o si tal hombre, por lo menos, conociese claramente la manera de mantenerla… La idea de que el hombre está dotado de una mente capaz de concebir y crear civilización es fundamentalmente falsa.

Lo que subyace aquí es que las instituciones son el resultado de miles de operaciones de ensayo y error, muy pragmáticas, aunque cuenten con arranques teóricos cargados de racionalidad y la pasión que suele acompañar estos actos creativos. En realidad es un espejismo en el que se confunde la claridad con la que comprendemos la actual estructura de la sociedad con la capacidad de modificarlas decisivamente. Cuando en España creamos las estructuras democráticas no era un acto creativo, sino imitativo de las instituciones de nuestros vecinos y, por eso, el cambio ha podido ser más rápido.

En primer lugar, tenemos el hecho de que la mente humana es en sí misma un producto de la civilización dentro de la cual el hombre ha crecido y que desconoce mucho de la experiencia que la ha formado, experiencia que la auxilia encarnada en los hábitos, convenciones, lenguajes y creencias morales que entran en su composición. En segundo lugar, el conocimiento que cualquier mente individual manipula conscientemente es sólo una pequeña parte del conocimiento que en cualquier momento contribuye al éxito de sus acciones. El conocimiento existe únicamente como conocimiento individual. Hablar del conocimiento de la sociedad como un todo no es otra cosa que una metáfora.

Nuestra actitud cuando descubrimos nuestro limitado conocimiento de lo que nos hace cooperar es, en conjunto, una actitud de resentimiento más que de admiración o de curiosidad. Mucho de nuestro impetuoso y ocasional deseo de destrozar la total e intrincada maquinaria de la civilización se debe a esa incapacidad del hombre para comprender lo que está haciendo.

Para entender más tarde nuestra argumentación es importante recordar que, contrariamente a una opinión de moda, el conocimiento científico no agota en absoluto todo el conocimiento explícito y consciente de que la sociedad hace constante uso.

Hay una corriente subterránea de experiencia no explícita que es el contacto con la realidad que el conocimiento explícito no contiene. Esta forma de pensar enlaza con la metafísica del Ser en Heidegger, una corriente 

Todas nuestras costumbres, conocimientos prácticos, actitudes emocionales, instrumentos e instituciones son, en este sentido, adaptaciones a experiencias pasadas que se han desarrollado por eliminación selectiva de las conductas menos convenientes y que constituyen con mucho la indispensable base del éxito en la acción, de la misma forma que lo es nuestro conocimiento consciente.

Hayek nos advierte de que los:

intoxicados con el progreso del conocimiento se conviertan tan a menudo en enemigos de la libertad, (pues) cuanto mayor es el conocimiento que los hombres poseen, menor es la parte del mismo que la mente humana puede absorber.

Es esencial que a cada individuo se le permita actuar de acuerdo con su especial conocimiento —siempre único, al menos en cuanto se refiere a alguna especial circunstancia— y al propio tiempo usar sus oportunidades y habilidades individuales dentro de los límites por él conocidos y para su propio e individual interés.

Para Hayek, esta condición de finitud del ser humano es el fundamento de la libertad. Si lo supiéramos todo, llevaríamos a cabo nuestras acciones de forma mecánica sin más alternativa que el error premeditado:

Si fuéramos conscientes, si pudiéramos conocer no sólo todo lo que afecta a la consecución de nuestros deseos presentes, sino también lo concerniente a nuestras necesidades y deseos futuros, existirían pocos argumentos en favor de la libertad. Y viceversa, la libertad del individuo hace imposible la completa presciencia. La libertad es esencial para dar cabida a lo imprevisible e impronosticable: la necesitamos, porque hemos aprendido a esperar de ella la oportunidad de llevar a cabo muchos de nuestros objetivos. Puesto que cada individuo conoce tan poco y, en particular, dado que rara vez sabemos quién de nosotros conoce lo mejor, confiamos en los esfuerzos independientes y competitivos de muchos para hacer frente a las necesidades que nos salen al paso.

Todas las teorías políticas dan por sentado que la mayoría de los individuos son muy ignorantes. Aquellos que propugnan la libertad difieren del resto en que se incluyen a sí mismos entre los ignorantes e incluyen también a los más sabios. El clásico argumento en favor de la tolerancia formulado por John Milton y John Locke y expuesto de nuevo por John Stuart Mill y Walter Bagehot se apoya, desde luego, en el reconocimiento de nuestra ignorancia.

No conceder más libertad que la que pueda ejercitarse sería equivocar su función por completo… Precisamente la libertad es tan importante, porque no sabemos cómo la utilizarán los individuos.

Lo que importa no es la libertad que yo personalmente desearía ejercitar, sino la libertad que puede necesitar una persona con vistas a hacer cosas beneficiosas para la sociedad. Solamente podemos asegurar esta libertad a las personas desconocidas dándosela a todos.

Este punto es quizá el más débil de Hayek a este respecto, puesto que si todos merecen la libertad porque de todos se espera el milagro de un avance para la humanidad, ¿cómo quiere que eso ocurra en medios culturalmente deprimidos por falta de recursos económicos? ¿Por qué dejar que la acumulación de riqueza se traduzca en industria del lujo, en vez de crear las condiciones para que ningún talento se pierda?

En el siguiente párrafo, Hayek inicia su defensa a ultranza de la aristocracia intelectual y económica. Un defensa que extiende a mucho otros aspectos de la vida humana, como veremos más adelante:

… todavía sigue siendo mejor para todos que algunos sean libres en vez de que no lo sea ninguno, como también que muchos disfruten de total libertad en vez de que todos tengan una libertad restringida.

En todo caso, la defensa que hace Hayek de la necesidad de permitir la continua presión sobre la realidad para encontrar nuevas formas de resolver los problemas es muy interesante. La sociedad libre no presupone las solución, siempre provisional, de los problemas, sino que permite a todos explorar reservándose el filtrado según las consecuencias. La economía sería, para Hayek, la forma en que… 

… reconciliamos y ajustamos nuestros diferentes propósitos, ninguno de los cuales, en última instancia, es económico (exceptuando los relativos a la miseria o al hombre para el que hacer dinero ha llegado a ser un fin en sí mismo).

La libertad para escoger los medios de acción, cree Hayek que son aplicación a los propios fines que el ser humano persigue:

Una de las características de la sociedad libre es que los fines del hombre sean abiertos [Karl Popper] , que puedan surgir nuevos fines, producto de esfuerzos conscientes, debidos al principio a unos pocos individuos y que con el tiempo llegarán a ser los fines de la mayoría. Debemos reconocer que incluso lo que consideramos bueno o bello cambia, si no de alguna manera reconocible que justifique la adopción de una postura relativista, por lo menos en el sentido de que en muchos aspectos no sabemos lo que aparecerá como bueno o bello a otra generación. Tampoco sabemos por qué consideramos esto o aquello como bueno o quién tiene la razón cuando las gentes difieren en si algo es bueno o no.

La competencia es la clave cuando no hay posibilidad de una selección racional infalible, postura de la que Hayek se aleja sin vacilaciones. 

Todos los inventos de la civilización se ponen a prueba en la persecución de los objetivos humanos del momento: los inventos inefectivos serán rechazados y los efectivos mantenidos.

Hayek no cree que competencia y cooperación sean incompatibles pues:

El empeño para alcanzar ciertos resultados mediante la cooperación y la organización constituye una parte integrante de la competencia igual que lo son los esfuerzos individuales. El argumento en favor de la libertad no es un argumento contra la organización, uno de los más poderosos medios que la razón humana puede utilizar, sino contra todas las organizaciones exclusivas, privilegiadas y monopolísticas, contra el uso de la coacción para impedir a otros que traten de hacerlo mejor.

Sin embargo, no se puede confundir la aplicación de la racionalidad en la organización de las herramientas para conseguir determinados fines con la pretensión de que todo el comportamiento social esté bajo control secando las fuentes de la creatividad.

Si fueran prohibidos todos los intentos que parecieran desdeñables a la luz del conocimiento generalmente aceptado y solamente se plantearan interrogantes o se hicieran experimentos que parecieran importantes a la luz de la opinión reinante… entonces podríamos concebir que una civilización se estancara no porque las posibilidades de un mayor crecimiento hubiesen sido agotadas, sino porque el hombre habría conseguido subordinar completamente todas sus acciones y el medio que le rodea al estado existente de conocimiento, y por lo tanto faltaría la ocasión de que apareciesen nuevos conocimientos.

En definitiva…

El uso de la razón apunta al control y a la predicción. Sin embargo, los procesos del progreso de la razón descansan en la libertad y en la imposibilidad de prever las acciones humanas.

Por eso cree, de forma pesimista que:

No estamos lejos del momento en que las fuerzas deliberadamente organizadas de la sociedad destruyan aquellas fuerzas espontáneas que hicieron posible el progreso.

En este sentido la acumulación de datos, casi a escala individual, sobre los gustos y deseos sociales que las redes sociales puede favorecer los que Hayek se tema. Es muy interesante su posición de que la razón humana está en formación en una interesante interrelación con el resultado de sus esfuerzos. Por eso piensa que:

Sería más correcto pensar en el progreso como un proceso de formación y modificación del intelecto humano; un proceso de adaptación y aprendizaje en el cual no sólo las posibilidades conocidas por nosotros, sino también nuestros valores y deseos, cambian continuamente. Como el progreso consiste en el descubrimiento de lo que todavía no es conocido, sus consecuencias deben ser impredecibles. Siempre conduce hacia lo desconocido, y lo más que podemos esperar es lograr una comprensión de la clase de fuerzas que lo traen. La razón humana no puede predecir ni dar forma a su propio futuro. Sus progresos consisten en encontrar dónde estaba el error. El progreso, por su propia naturaleza, no admite planificación.

Esto lo lleva a pensar que, en ese ritmo acelerado de exploración prudente del futuro que es creado por nuestra propia mezcla de capacidad e ignorancia, es necesario dejar libres las iniciativas individuales porque ellas van a traer general prosperidad, como indica Adam Smith:

Para que la gran mayoría pueda participar individualmente en el progreso es necesario que avance a una velocidad considerable. Existen, por tanto, pocas dudas de que Adam Smith tenía razón cuando dijo: «En un estado progresivo, mientras la sociedad avanza tras mayores adquisiciones, más bien que cuando ha adquirido su total complemento de riqueza, la condición del trabajador pobre, integrante del gran cuerpo del pueblo, parece ser más feliz y de más confortable vida». Tal condición es dura en los estados estacionarios y miserable en los decadentes. El estado progresivo es realmente el alegre y cordial estado para todos los diferentes órdenes de la sociedad. El estacionario es aburrido; el decadente, melancólico»

Aquí está tocando Hayek el corazón de uno de los núcleos claves de su postura ante los problemas sociales. El cree que la libertad del osado en el ámbito científico o económico es intocable porque toda la sociedad se beneficiará de los progresos que provoquen. Antes de ocuparse de cómo tratar el problema de la desigualdad económica cuando presenta niveles insoportables, Hayek insiste en la necesidad de no preocuparse por el beneficio que los individuos más atrevidos pueda extraer de su actividad, pues antes o después el beneficio se extenderá a todos.

Los nuevos conocimientos y sus beneficios pueden extenderse sólo gradualmente, aun cuando los deseos de la gran mayoría tengan por objeto lo que todavía es sólo accesible a unos pocos… los mayores descubrimientos abren tan sólo nuevas perspectivas y se necesitan largos esfuerzos para que tales conocimientos sean de uso general. Tienen que pasar a través de un dilatado proceso de adaptación, selección, combinación y mejoramiento antes de que se puedan utilizar por completo. Esto significa que siempre existirán gentes que se beneficien de las nuevas conquistas con antelación al resto de los mortales.

Pero cuando se ocupa hace una pirueta intelectual que le lleva considerar que la desigualdad es deseable, pues es el motor de los avances:

El rápido progreso económico con que contamos parece ser en gran medida el resultado de la aludida desigualdad y resultaría imposible sin ella.

En cualquier etapa de este proceso siempre existirán muchas cosas cuyo método de obtención conocemos, si bien todavía resultan caras de producir excepto para unos pocos. En una primera etapa tales bienes pueden lograrse sólo mediante un despliegue de recursos igual a muchas veces la parte de renta total que con una distribución aproximadamente igual iría a los pocos que podrían beneficiarse de ella. En principio, un nuevo bien o nueva mercancía, antes de llegar a ser una necesidad pública y formar parte de las necesidades de la vida, «constituye generalmente el capricho de unos pocos escogidos». «Los lujos de hoy son las necesidades del mañana»

Su argumento es que, sin capitales acumulados en pocas manos, no habría capacidad de financiar las novedades. Es una posición interesante, porque basta con dividir las grandes fortunas por el número de habitantes del país respectivo para ver qué poco resulta y sospechar en qué pequeñas cosas se emplearía. Todo los grandes proyectos requieren alta concentración de capital. La cuestión es quién toma las decisiones de aplicación de estos capitales. Dice Hayek:

Importante porción de los gastos de los ricos, aunque en su esencia no pretenda tal fin, sirve para sufragar los costos de experimentación con las nuevas cosas que más tarde y como resultado de lo anterior se pondrán a disposición de los pobres. Lo que hoy puede parecer extravagancia o incluso dispendio, porque se disfruta por los menos y ni siquiera encuentra apetencia entre las masas, es el precio de la experimentación de un estilo de vida que eventualmente podrá obtenerse por muchos.

La benevolencia de Hayek con el lujo que disfrutan los ricos es poco edificante. Una cosa es el empleo de capitales en financiar grandes proyectos en grandes corporaciones o en pequeñas ideas que fundan cambios casi civilizatorios, como ha resultado ser la revolución digital y otra, muy diferente, pretender que la industria del lujo con Jets, Yates, residencias es lícita. 

Para fundar su posición acude al concepto de riqueza relativa.

En la actualidad, incluso los más pobres deben su relativo bienestar material a los resultados de las desigualdades pasadas. En una sociedad progresiva, tal y como la conocemos hoy, los comparativamente ricos se hallan a la cabeza del resto en lo tocante a las ventajas materiales de que disfrutan; viven ya dentro de una fase de evolución que los otros no han alcanzado todavía. En consecuencia, la pobreza ha llegado a constituir un concepto relativo más bien que un concepto absoluto.

Aquí, en mi opinión, la posición de Hayek es débil, pues de sobra sabe que las reivindicaciones contra la desigualdad, no es resultado de la envidia por el que tiene más, sino la preocupación de que, en sociedades modernas se consientan formas de vida inaceptables. Hay pobreza absoluta cuando la sociedad tiene que arbitrar bancos de alimentos para dar de comer a quien no tiene como. 

La afirmación de que en cualquier fase del progreso los ricos, mediante la experimentación de nuevos estilos de vida todavía inaccesibles para los pobres, realizan un servicio necesario sin el cual el progreso de estos últimos sería mucho más lento, se les antojará a algunos un argumento de cínica apologética traído por los pelos.

Pues sí, Sr. Hayek. 

… para que una sociedad planificada lograse el mismo índice de progreso que una sociedad libre, el grado de desigualdad prevalente no sería muy distinto.

En la sociedades totalitarias es cierto que las élites viven vidas mucho mejores, incluso igual de escandalosamente mejores, que el resto de los ciudadanos, pero su capacidad de, por ejemplo, equilibrar la potencia nuclear de Estados Unidos, es debida a la concentración de capitales en manos del gobierno, no debido a la desigualdad, que es resultado de la tendencia de todo dirigente a creer que merece más que los dirigidos. Si se trata de empresas libres, el que las dirige cree, igualmente que merece más. El razonamiento es más claro si se plantea en los siguientes términos:

• Todos los ciudadanos contribuyen al progreso, unos con las ideas, otros con la osadía y otros con el trabajo cotidiano. Si alguno no lo hace, salvo casos excepcionales de irresponsabilidad, es porque el sistema productivo no tiene sitio para él, lo impide culparlo. Piénsese que la robótica trae situaciones donde habrá que desplegar mucha creatividad para tener trabajo para todos.
• La mayoría de las iniciativas que merecen la pena requieren grandes inversiones, por lo que se acude al dinero ajeno para emprender. Dinero que tiene origen en el ahorro de todos.
• ¿Con qué legitimidad, pues, se ha de permitir que la mayoría de los beneficios del éxito de las iniciativas se concentre en las manos de los promotores?
• Pero, al tiempo, ¿Con qué racionalidad se ha de disipar esos capitales distribuyéndolos entre todos?

En definitiva, coincido con que es necesario una cierta desigualdad relativa para que el que pone un plus de esfuerzo se vea premiado, pero, para que los capitales necesarios se acumulen para inversiones necesarias sin dispendio en lujos escandalosos, se debe limitar las rentas por arriba y por abajo para que el dinero vaya a inversiones públicas y privadas y para que ninguna persona padezca carencias inaceptables socialmente.

Hay cierto sectarismo incomprensible en un profesor universitario a sueldo en estas palabras de Hayek:

En relación con lo anterior, merece la pena recordar que las clases económicamente más avanzadas son las que hacen factible que un país tome la delantera en el progreso mundial.  

Relacionar riqueza personal y progreso del país es muy dudoso. Pero Hayek insiste:

El liderazgo de Gran Bretaña se ha ido con la desaparición de las clases cuyo estilo de vida imitaron las restantes. No ha de transcurrir mucho tiempo sin que los trabajadores británicos descubran hasta qué grado les benefició el ser miembros de una comunidad que comprendía muchas personas más ricas que ellos y que su magisterio sobre los trabajadores de otros países era en parte consecuencia de una similar dirección de sus propios ricos sobre los ricos de otros países.  

Es evidente que este argumento deja fuera a los científicos y profesionales que son los que, con sueldos normales, hacen posible el progreso y no esas clases ociosas que llenan la filmografía decadente de la aristocracia (antigua y moderna) de cualquier sociedad avanzada. No digamos los privilegios de las monarquías residuales. De todas formas Hayek insiste

De hecho, los miembros de una comunidad que comprende muchos ricos disfrutan de una gran ventaja que les falta a quienes, por vivir en un país pobre, no se aprovechan del capital y la experiencia suministrada por los ricos.  

En este párrafo la opinión de Hayek es más moderada, aunque algo despectiva.

La resistencia opuesta a la mejora de algunos constituye a la larga un obstáculo para la prosperidad de todos y no daña menos al verdadero interés de la masa, por mucho que satisfaga las momentáneas pasiones de esta. La mayoría de las ganancias de los pocos, sin embargo, con el transcurso del tiempo, llegan a estar disponibles para el resto. Ciertamente, todas nuestras esperanzas en la reducción de la miseria y pobreza actuales descansan sobre dicha expectativa.

Siempre proyectando la solución al futuro incierto… como hacen también los revolucionarios que, una vez que comprueban que no puede haber para todos, se lo apuntan los «conductores del pueblo».

Las aspiraciones de la gran masa de población del mundo sólo pueden satisfacerse mediante un rápido progreso material. En el presente estado de ánimo, la frustración de las esperanzas de las masas conduciría a graves fricciones internacionales e incluso a la guerra. La paz del mundo, y con ella la misma civilización, depende de un progreso continuo a un ritmo rápido. De ahí que no sólo seamos criaturas del progreso, sino también sus cautivos.

Esta reflexión choca, en la actualidad, con las formas de producir que son incompatibles con el mantenimiento de los equilibrios medioambientales. Una situación que progresivamente llevará a plantearse si el «rápido progreso material» no pone en peligro a la propia civilización. Aunque a Hayek no se les escapa las consecuencias del crecimiento de la población. 

Pero hoy, cuando la mayor parte de la humanidad se halla ante la posibilidad de abolir la muerte por hambre y enfermedad; cuando siente la onda expansiva de la moderna tecnología, después de milenios de relativa estabilidad, y, como primera reacción, ha comenzado a multiplicarse a un índice de escalofrío, incluso un pequeño declinar en nuestro índice de progreso podría ser fatal.

3.- LIBERTAD RAZÓN Y TRADICIÓN

Hayek quiere recuperar una tradición liberal que, en su opinión, se desvió durante la ilustración hacia posiciones de prevalencia de la razón sobre la tradición:

… se inició en dos países, uno de los cuales conocía la libertad y el otro no: Inglaterra y Francia. Como resultado de ello, se han producido dos tradiciones diferentes de la teoría de la libertad [2] : una, empírica y carente de sistema; la otra especulativa y racionalista.La primera, basada en una interpretación de la tradición y las instituciones que habían crecido de modo espontáneo y que sólo imperfectamente eran comprendidas. La segunda, tendiendo a la construcción de una utopía que ha sido ensayada en numerosas ocasiones, pero sin conseguir jamás el éxito… la fundamental diferencia que en años más recientes ha reaparecido como conflicto entre democracia liberal y «democracia social» o totalitaria.

TRADICIÓN ANGLICANA: Hume, Adam Smith y Adam Ferguson, secundados por sus contemporáneos ingleses Josiah Tucker, Edmund Burke y William Paley, y extraída largamente de una tradición enraizada en la jurisprudencia de la common law.

TRADICIÓN GALICANA: … los enciclopedistas y Rousseau y los fisiócratas y Condorcet. Franceses como Montesquieu y más tarde Benjamin Constant y, sobre todo, Alexis de Tocqueville están, probablemente, más cerca de lo que hemos denominado «tradición británica» Thomas Hobbes, Inglaterra aporta, por lo menos, uno de los fundadores de la tradición racionalista, para no hablar de la completa generación de entusiastas de la Revolución francesa, como Godwin, Priestley, Price y Paine, quienes —lo mismo que Jefferson después de su estancia en Francia—[10] pertenecen completamente a ella.

Hayek escoge claramente la tradición británica frente a la francesa:

«la una (tradición anglicana) encuentra la esencia de la libertad en la espontaneidad y en la ausencia de coacción; la otra (tradición galicana), sólo en la persecución y consecución de un propósito colectivo absoluto» (Talmon, Origins of Totalitarian Democracy)

«la una mantiene un desarrollo orgánico lento y semiconsciente; la otra cree en un deliberado doctrinarismo; la una está a favor del método de la prueba y el error y la otra en pro de un patrón obligatorio válido para todos»

Los filósofos ingleses nos han dado una interpretación del desarrollo de la civilización que constituye todavía el basamento indispensable de toda defensa de la libertad. Tales filósofos no encontraron el origen de las instituciones en planificación o invenciones, sino en la sobrevivencia de lo que tiene éxito.

Esta «actitud antirracionalista en lo que respecta al acontecer histórico, que Adam Smith comparte con Hume, Ferguson y otros» [15] , les facilitó entender por vez primera la evolución de las instituciones, la moral, el lenguaje y la ley de acuerdo con un proceso de crecimiento acumulativo.

La argumentación se dirige en toda línea contra la concepción cartesiana de una razón humana independiente y anteriormente existente que ha inventado esas instituciones y contra la idea de que la sociedad civil ha sido formada por algún primitivo y sabio legislador o un primitivo «contrato social»

Este es un aspecto central de la concepción que Hayek tiene de la evolución social. Los fenómenos sociales deben ser observados e, incluso, sufridos, antes que alterados frívolamente. La acumulación de experiencia vale más para él que razonamiento que la desprecie. Dado ese carácter básico de su pensamiento, dejamos varios párrafos completos:

Por primera vez se demostró la existencia de un orden evidente que no era resultado del plan de la inteligencia humana ni se adscribía a la invención de ninguna mente sobrenatural y eminente, sino que provenía de una tercera posibilidad: la evolución adaptable.

Pocas dudas existen de que las teorías de Darwin y sus contemporáneos se inspiraron en las teorías de la evolución social. Por desgracia, posteriormente, las ciencias sociales, en vez de construir en su propio sector sobre los mencionados cimientos, reimportaron algunas de dichas ideas de la biología y con ellas derivaron a conceptos tales como «selección natural», «lucha por la vida» y «superviviencia de los mejor dotados», que no son apropiados en su campo

Ni Locke ni Hume ni Smith ni Burke podrían haber argumentado jamás, como Bentham lo hizo, que «toda ley es mala, puesto que constituye una infracción de la libertad». Sus razonamientos no entrañaron un completo laissez faire, que, como las mismas palabras muestran, constituye parte de la tradición racionalista francesa y en su sentido literal jamás fue defendido por ninguno de los economistas clásicos ingleses.

Las teorías racionalistas de la planificación se basaron necesariamente en presumir la existencia de una cierta propensión del individuo para la acción racional, así como en la natural inteligencia y bondad de dicho individuo. La teoría evolucionista, por el contrario, demostró cómo ciertos arreglos institucionales inducirían al hombre a usar su inteligencia encaminándola hacia las mejores consecuencias y cómo las instituciones podrían concebirse de tal forma que los individuos nocivos hicieran el menor daño posible.

El homo oeconomicus fue explícitamente introducido por el joven Mill, juntamente con muchas otras ideas que pertenecen más bien al racionalismo que a la tradición evolucionista.

Estos párrafos que siguen ponen de manifiesto las relaciones entre las tesis de Hayek con las políticas conservadoras en un cierto sentido que él mismo aclara en el capítulo final del libro: 

Lejos de presumir que los creadores de las instituciones eran más sabios que nosotros, el punto de vista evolucionista se basa en percibir que el resultado de los ensayos de muchas generaciones puede encarnar más experiencias que la poseída por cualquier hombre.

Nos comprendemos mutuamente, convivimos y somos capaces de actuar con éxito para llevar a cabo nuestros planes, porque la mayor parte del tiempo los miembros de nuestra civilización se conforman con los inconscientes patrones de conducta, muestran una regularidad en sus acciones que no es el resultado de mandatos o coacción y a menudo ni siquiera de una adhesión consciente a reglas conocidas, sino producto de hábitos y tradiciones firmemente establecidas.

la libertad no ha funcionado nunca sin la existencia de hondas creencias morales, y la coacción sólo puede reducirse a un mínimo cuando se espera que los individuos, en general, se ajusten voluntariamente a ciertos principios.

Este sometimiento a las convenciones y reglas involuntarias, cuya significación e importancia no entendemos del todo; esta reverencia por lo tradicional, indispensable para el funcionamiento de una sociedad libre, es lo que el tipo de mente racionalista considera inaceptable. 

Siempre hemos de trabajar dentro de un cuadro de valores e instituciones que no fue hecho por nosotros. En especial, nunca podemos construir sintéticamente un nuevo cuerpo de normas morales o hacer que la obediencia a las conocidas dependa de nuestra comprensión o de las implicaciones de dicha obediencia en un momento dado.

Este sometimiento a la tradición tiene el eco de las filosofía de Heidegger y su énfasis en la prevalencia antihumanista del Ser. El ser humano debe, en este contexto, prestar oído a la realidad que también se expresa en el comportamiento empírico que él mismo lleva a cabo. Pero, Hayek no quiere pasar por irracional, por lo que explica la función que cree que tiene, una vez aceptado el predominio de la corriente empírica:

Probablemente, a estas alturas, el lector se preguntará qué función le queda a la razón en la ordenación de los negocios si la política de libertad exige tanta abstención del control deliberado, tanta aceptación del desarrollo no planificado y espontáneo.

La razón, indudablemente, es la más preciosa posesión del hombre. Nuestros argumentos tratan de mostrar meramente que no es todopoderosa y que la creencia de que es posible dominarla y controlar su desarrollo puede incluso destruirla.

La postura antirracionalista aquí adoptada no debe confundirse con el irracionalismo o cualquier invocación al misticismo. Lo que aquí se propugna no es una abdicación de la razón, sino un examen racional del campo donde la razón se controla apropiadamente.

Esto significa que antes de tratar de remoldear inteligentemente la sociedad debemos adquirir conciencia de su funcionamiento. Tenemos que admitir la posibilidad de equivocamos incluso cuando creemos entenderla; hemos de aprender que la civilización humana tiene una vida propia, que todos los esfuerzos para mejorar las cosas deben operar dentro de un cuadro total que no es posible controlar enteramente, cuyas fuerzas activas podemos facilitar y ayudar únicamente en la medida en que las entendamos.

Hayek no pierde de vista que libertad y responsabilidad van de la mano:

La libertad no sólo significa que el individuo tiene la oportunidad y responsabilidad de la elección, sino también que debe soportar las consecuencias de sus acciones y recibir alabanzas o censuras por ellas. 

La responsabilidad ha llegado a ser un concepto impopular, una palabra que evitan los oradores o escritores de experiencia, debido al evidente fastidio o animosidad con que se la recibe por una generación que no gusta en absoluto que la moralicen.

Es indudable que mucha gente está temerosa de la libertad, porque la oportunidad para hacer la propia vida significa también una incesante tarea, una disciplina que el hombre debe imponerse a sí mismo para lograr sus fines.

El determinismo arguye que, puesto que las acciones de los hombres están determinadas completamente por causas naturales, no puede haber justificación para hacerles responsables y alabarles o censurarles por las mismas. Los voluntaristas, por otra parte, mantienen que, puesto que existe en el hombre algún agente que queda fuera de la cadena de causa y efecto, dicho agente es quien debe soportar la responsabilidad y ser el legítimo objeto de alabanza o censura.

La relación causa-efecto hace dudar al pensamiento en relación con el concepto de  libertad. Cuando se toma una decisión hay una cadena de causa y efecto, pero el sujeto que toma la decisión es libre porque una misma causa (un deseo) puede producir muchos efectos que se presentan ante el sujeto como alternativas. Es decir, no se rompe la cadena causal y se preserva la libertad.

Como se ha demostrado a menudo, el concepto de responsabilidad, de hecho, descansa en un punto de vista determinista. Únicamente la construcción de un «yo» metafísico que permaneciese fuera de la total cadena de causa y efecto y, por lo tanto, pudiera tratarse como algo no influido por la alabanza o la censura, podría justificar la ausencia de responsabilidad del hombre.

Esta personalidad (con sus circunstancias) opera como una especie de filtro a través del cual los sucesos externos originan conductas que sólo en circunstancias excepcionales pueden predecirse con certeza.

La voluntad es libre porque puede elegir y es impredecible porque tiene mucho donde elegir e incluso puede elegir contra sus intereses objetivos. Cada uno somos portadores de un paquete cambiante de deseos cuya jerarquía desconocemos.

 

Un conflicto que a Hayek le preocupa es la clave de su enfrentamiento con las opciones racionalistas, y es el conflicto entre libertad e igualdad. Un conflicto central de las disputas políticas en la actualidad. Un conflicto que se encuadra en el planteamiento más general que Isaiah Berlin hace en relación con los valores en general y la necesidad de encontrar los equilibrios que hagan posible la función social. 

4.- LA IGUALDAD

«No tengo ningún respeto por la pasión de la igualdad, que se me antoja mera idealización de la envidia.» OLIVER WENDEL HOLMES, JR.

Como esta cita escogida por Hayek muestra, entre los dos grandes bloques que se forman por el modo en que la naturaleza reparte actitudes existen mutuos reproches. En lo que respecta a este libro, la cuestión se plantea, por unos, que consideran envidiosos a los que reclaman igualdad y, por otros, que consideran codiciosos a los que reclaman libertad. Hayek declara que: 

Ha constituido el gran objetivo de la lucha por la libertad conseguir la implantación de la igualdad de todos los seres humanos ante la ley.

Pero matiza que:

La extensión del principio de igualdad a las reglas de conducta social y moral es la principal expresión de lo que comúnmente denominamos espíritu democrático, y, probablemente, este espíritu es lo que hace más inofensivas las desigualdades que ineludiblemente provoca la libertad.

Pero el concepto de igualdad que Hayek admite se refiere a:

La igualdad de los preceptos legales generales y de las normas de conducta social (que) es la única clase de igualdad que conduce a la libertad y que cabe implantar sin destruir la propia libertad.

Y finalmente reconoce que:

La libertad no solamente nada tiene que ver con cualquier clase de igualdad, sino que incluso produce desigualdades en muchos respectos. Se trata de un resultado necesario que forma parte de la justificación de la libertad individual. Si el resultado de la libertad individual no demostrase que ciertas formas de vivir tienen más éxito que otras, muchas de las razones en favor de tal libertad se desvanecerían.

La discusión de complica si, al hablar de igualdad, se está haciendo referencia a las cualidades de los individuos o a la igualdad de oportunidades. Roy Hattersley sostiene que la única igualdad que merece la pena defender es la de resultados. Es decir que, para que todo individuo pueda competir en condiciones justas en su contribución y premio en la sociedad, debe contar desde la cuna con iguales condiciones físicas e intelectuales que los demás, pertenezcan o no a familias acomodadas o ricas.  Sin embargo, Hayek admite exclusivamente la igualdad ante la ley, siempre que esa ley, a su vez, defienda radicalmente la libertad de acción, como muestra las siguientes citas:

Quienes modernamente abogan por una igualdad material de más largo alcance, rechazan constantemente que su pretensión se fundamenta en el supuesto de que todos los mortales, de hecho, sean iguales. Certeramente se ha dicho que la «biología», cuya piedra angular es la variabilidad, confiere a cada ser humano un conjunto único de atributos que le otorgan una dignidad que de otra forma no podría poseer.

En sus vaivenes argumentales, Hayek enfatiza la dignidad del ser humano individual y la importancia de la educación:

Como resultado de la naturaleza y de la educación, el recién nacido puede llegar a ser uno de los más grandes hombres o mujeres que hayan vivido. La importancia de las diferencias individuales difícilmente sería menor si todos los hombres fueran criados y educados en ambientes muy similares. Como declaración de hecho, no es cierto «que todos los hombres han nacido iguales».

Pero inmediatamente se teme que cualquier intento de materializar esas posibilidades es un atentado a la libertad, que considera un valor superior del que depende el progreso.

La igualdad ante la ley, que la libertad requiere, conduce a la desigualdad material. Con arreglo a tal criterio, si bien el Estado ha de tratar a todos igualmente, no debe emplearse la coacción en una sociedad libre con vistas a igualar más la condición de los gobernados. El Estado debe utilizarla coacción para otros fines.

Pare el fin de despejar el camino a todas la iniciativas particulares. Pero todavía hay un nuevo bandazo:

El objetar contra el uso de la coacción para imponer una distribución más igual o más justa no quiere decir que uno no la considere deseable. Ahora bien, si se desea mantener la sociedad libre es esencial que reconozcamos que la deseabilidad de un fin particular no es suficiente justificación para el uso de coacción. Uno puede muy bien sentirse atraído por una comunidad en la que no haya contrastes extremos entre los más ricos y los pobres y dar la bienvenida al hecho de que el incremento general de riqueza parece reducir gradualmente esas diferencias.

Dondequiera que exista una legítima necesidad de acción gubernamental y haya que escoger entre diferentes métodos de satisfacer tal necesidad, aquellos que incidentalmente reduzcan la desigualdad pueden, sin duda; ser preferidos.

Y concluye:

afirmamos que la desigualdad económica no es uno de los males que justifique el recurrir como remedio a la coacción o al privilegio discriminatorio.

Hayek, profundiza combatiendo la importancia relativa de la influencia de la naturaleza y de la educación.

Los partidarios de la igualdad, generalmente, consideran de manera distinta las diferencias en la capacidad individual debidas al nacimiento y aquellas que son consecuencias de la influencia del medio que rodea al ser humano, o, por así decirlo, las que son resultado de la «naturaleza» y las que se derivan de la «educación»

Aunque pueden afectar grandemente a la estimación que un individuo tenga por sus semejantes, al ser humano no le pertenece más crédito por haber nacido con cualidades deseables que por haber crecido bajo circunstancias favorables.

El problema importante es si hay razones para modificar nuestras instituciones hasta eliminar tanto como sea posible las ventajas debidas al medio que nos rodea.

Por eso se pregunta retóricamente:

¿Estamos de acuerdo en que «todas las desigualdades que se apoyan en el nacimiento o en la herencia deberían abolirse y respetar únicamente lo que fuese consecuencia del talento o industria superior»?

Y se responde retóricamente:

Parece que está ampliamente divulgada la creencia de que mientras las cualidades útiles que una persona adquiere a causa de los dones activos y bajo condiciones iguales para todos son socialmente beneficiosas, idénticas cualidades se convierten hasta cierto punto en indeseables si derivan de ventajas del medio circundante que no están a disposición de otros, Incluso resulta difícil entender por qué razón la misma útil cualidad que es bien recibida cuando resulta de las dotes naturales de una persona se convierte en menos valiosa cuando deriva de circunstancias tales como padres inteligentes o el pertenecer a una familia de buena posición.

Y concluye que las élites son necesarias y, para anticiparse a la propuesta de eliminación de la herencia, argumenta, sin pruebas, que:

… sería irracional negar que la sociedad probablemente obtendrá una élite mejor si la ascensión no se limita a una generación, si los individuos no son deliberadamente obligados a partir del mismo nivel y si los niños no son privados de la posibilidad de beneficiarse de la mejor educación y ambiente material que sus padres sean capaces de suministrarles.

Es decir, después de afirmar la dignidad de cada individuo, no duda en considerar que esa dignidad debe ser el resultado de la lucha social, sabiendo como sabe, que del mismo modo que se perpetúan los privilegios, se perpetúa la miseria.

Muchos que están de acuerdo en que la familia es deseable como instrumento para la transmisión de la moral, la educación, los gustos y el conocimiento siguen poniendo en tela de juicio la conveniencia de la transmisión del patrimonio. Sin embargo, poca duda puede caber de que para posibilitar la primera es esencial cierta continuidad en los patrones de las formas externas de vida y que esto se obtiene no sólo con la transmisión de las ventajas inmateriales, sino también con la de las materiales.

Desde luego, no implica ningún gran mérito, ni ninguna gran injusticia, tal circunstancia de que algunos nazcan de padres ricos, como tampoco el que otros nazcan de padres inteligentes o virtuosos. Tan ventajoso es para la comunidad que al menos algunos niños puedan iniciar su carrera en la vida con las ventajas que sólo las casas ricas pueden ofrecer, en determinados momentos, como que otras criaturas hereden gran inteligencia o reciban mejor educación en sus hogares.

En medio de esta discusión anticipa otra posterior de carácter económico en relación con la herencia: es el caso de la necesaria acumulación de capital para abordar los grandes problemas, tanto los diagnosticados, como lo que no se avizoran.

No vamos a invocar ahora el principal argumento en favor de la herencia, o sea afirmar que tal transmisión de bienes constituye un medio básico para mantener el capital e inducir a su acumulación. Más bien cargamos el acento en si el hecho de conferir beneficios inmerecidos a favor de algunos es un argumento válido contra la mecánica hereditaria.

Una argumentación débil, pues los herederos de las grandes fortunas, suelen estar al margen de la gestión de los capitales acumulados, dedicándose al placer y a las intrigas familiares para mantener sus rentas. De nuevo se pregunta:

El problema, en lo que a nosotros respecta, consiste tan sólo en si los individuos deben ser libres para hacer llegar a sus descendientes o a otras personas los indicados bienes de carácter material, causa básica de la desigualdad.

Para concluir vacilante:

La función familiar de transmitir patrones y tradiciones está íntimamente ligada a la posibilidad de transmitir bienes materiales. Resulta difícil comprender de qué forma serviría al verdadero interés de la sociedad la limitación de las ganancias materiales de una generación. Hay también otra consideración que pudiera parecer en cierta manera cínica: si queremos hacer el máximo uso de la natural parcialidad de los padres por sus hijos, no debemos impedir la transmisión de la propiedad.

En estos pasajes de su libro, Hayek está simplemente en un círculo vicioso, que parte de su deseo de que todo siga igual y acaba en que todo debe seguir siendo igual. No aclara si se refiere a la transmisión de una vivienda o de las grandes fortunas. Cuestión que no es baladí, pues hasta ciertos límites la herencia facilita la armonía social, pero más allá, perpetúa el derroche por dejar en manos incompetentes la gestión de grandes acumulaciones de capital. Pero Hayek no ceja y argumenta de forma extraña que:

De no existir dicho expediente, los hombres buscarían otras maneras de proveer a sus hijos, tales como colocados en una situación que les proporcionara la renta y el prestigio que una fortuna les hubiera dado, originando con ello un despilfarro de recursos y una injusticia mucho más tangible que la que causa la transmisión del patrimonio familiar.

Esas pretensiones de los padres, que Hayek no precisa, se resuelven de forma natural prohibiendo el nepotismo y por los propios mecanismos de selección de directivos de las grandes corporaciones que suelen estar controladas por sus accionistas mayoritarios.

Hayek trata de desacreditar a los defensores de la igualdad mostrando que su resentimiento llega al extremo de impedir la alta educación para igualar en la ignorancia. 

En la actualidad la agitación igualitaria tiende a concentrarse en las desigualdades que originan las diferencias de educación. Existe una creciente tendencia a expresar el deseo de asegurar la igualdad de condición mediante la pretensión de que la mejor instrucción que se suministre a algunos sea obtenible gratuitamente por todos; y que si ello es imposible, se prohíba que cualquiera goce de enseñanza más completa que el resto, meramente porque los padres estén en condiciones de pagarla, salvo que, tras pasar una prueba uniforme de capacidad, se le admita como beneficiario de los limitados recursos de la instrucción más elevada.

Muy al contrario, lo que se observa es que los que se pueden pagar educaciones selectas, acuden al estado para subvenciones estas instituciones. Prohibir colegios o universidades de élite es absurdo y nadie lo pide, entre otras cosas, porque muchos de estos bien educados muchachos escalan una buena posición social, no tanto por sus méritos, cuanto por el nepotismo de su padres. Pero la tendencia de Hayek a no combatir la desigualdad en cuestión tan importante como la educación lo lleva a una extraña resignación:

Hagamos lo que hagamos, no hay manera de impedir que sólo algunos gocen de aquellas ventajas. Hasta puede afirmarse que las diferencias educacionales son deseables debido a la existencia de personas que ni individualmente merecen las ventajas ni harán tan buen uso de ellas como quizá harían otras personas.

Hayek incurre en la falacia del «Hombre de Paja» al decir que:

La concepción de que a cada individuo se le debe permitir probar sus facultades ha sido ampliamente reemplazada por otra, totalmente distinta, según la cual hay que asegurar a todos el mismo punto de partida e idénticas perspectivas. Esto casi equivale a decir que el gobernante, en vez de proporcionar los mismos medios a todos, debiera tender a controlar las condiciones relevantes para las posibilidades especiales del individuo y ajustarlas a la inteligencia individual hasta asegurar a cada uno la mismas perspectivas que a cualquier otro.  

Pues tratar de que no se pierda ningún talento, no implica garantizar el resultado exitoso para todos. Tampoco la sociedad necesita que todo el mundo alcance puestos de dirección o de éxito social, pues alguien tiene que ser dirigido para los fines sociales y nadie dejará de admirar a los artistas de talento porque él no lo posea. Pero, el sistema educativo debe asegurarse de que ningún talento es desperdiciado y de que todos los jóvenes tienen un conocimiento cabal de su esfera histórica y social para actuar como un ciudadano responsable de sí mismo y de su entorno. Pero, Hayek deplora la adaptación a la individualidad cuya dignidad reclama y pone el énfasis en el resentimiento:

Tal adaptación deliberada de oportunidades a fines y capacidades individuales sería, desde luego, opuesta a la libertad y no podría justificarse como medio de hacer el mejor uso de todos los conocimientos disponibles, salvo bajo la presunción de que el gobernante conoce mejor que nadie la manera de utilizar las inteligencias individuales. Cuando inquirimos la justificación de dichas pretensiones, encontramos que se apoyan en el descontento que el éxito de algunos hombres produce en los menos afortunados, o, para expresarlo lisa y llanamente, en la envidia. 

Y llega al esperpento:

Recientemente se hizo un intento de apoyar dicha pretensión en el argumento de que la meta de toda actuación política debería consistir en eliminar todas las fuentes de descontento. Esto significaría, desde luego, que el gobernante habría de asumir la responsabilidad de que nadie gozara de mayor salud, ni dispusiera de un temperamento más alegre, ni conviviera con esposa más amable, ni engendrara hijos mejor dotados que ningún otro ser humano.  

Es, sin duda, la peor parte de libro. Pues insiste en minar el concepto de igualdad acudiendo ahora a otro espantajo: el que tenga el mismo premio el que se esfuerza que el consigue el logro. Esto no sería sólo absurdo para un individuo esforzado en sus tareas por cuenta ajena, sino también a un voluntarioso financiero que arruinara a todos sus tenedores de bonos o acciones y reclamara su impunidad en base a las noches sin dormir que ha tenido.

La sociedad libre tiene como característica esencial el que la posición individual no dependa necesariamente de los puntos de vista que los semejantes mantengan acerca del mérito que dicho individuo ha adquirido. El mérito no se deduce del objetivo, sino del esfuerzo subjetivo que no puede juzgarse por los resultados. Si nos consta que un hombre ha hecho todo lo que ha podido, a menudo deseamos verle recompensado, con independencia de los resultados; mientras que le concederemos poco crédito si sabemos que el más valioso de los logros se debe casi por entero a circunstancias afortunadas.

Afirmado el absurdo, se combate:

No podemos pensar en atraer a los hombres más cualificados a las tareas comprendidas bajo el término de investigación y exploración o a las actividades económicas que solemos calificar de especulación, a menos que concedamos a los que logren el éxito todo el crédito o ganancia, por mucho que otros se hayan esforzado tan meritoriamente. De nada servirá a nuestro propósito que permitiésemos compartir el premio a todos los que realmente se han esforzado en la búsqueda del éxito.

Una vez que Hayek ha encontrado la aparente eficacia de la falacia, la convierte en una herramienta habitual. 

Cada intento de controlar deliberadamente algunas de las remuneraciones estaría abocado a crear posteriores exigencias de nuevas intervenciones, de forma que, una vez introducido el principio de la justicia distributiva, no se cumpliría hasta que la sociedad se organizase de acuerdo con el mismo. Esto originaría una clase de sociedad que en todos sus rasgos básicos sería opuesta a la sociedad libre; una sociedad en la cual la autoridad decidiría lo que el individuo ha de hacer y cómo ha de hacerlo.

En este caso, se pone la venda antes de sufrir la herida, pues se adelanta a las limitaciones de ganancia de algunas profesiones. Como la última gran desgracia inducida ha demostrado, los bonus de los directivos de algunos de los más grandes bancos de inversión eran totalmente inmerecidos pues, para su único beneficio, crearon grandes estructuras especulativas basadas en activos que se sabía estaban viciados en antemano. 

En todo caso, hay que reconocerle a Hayek, que en su esfuerzo, sincero, por despejar de trabas a la acción de los más osados e inteligentes para beneficio de la sociedad, no le hace olvidar que en esa lucha hay perdedores que no pueden ser tratados como residuos prescindibles. 

Hay buenas razones para esforzarnos en utilizar la organización política para adoptar medidas de previsión a favor de los débiles, los aquejados por graves dolencias o las víctimas de desastres imprevisibles.

Pero, no por ello, pierde de vista los riesgos de amotinamiento que puedan presentarse estimulado por sus palabras y da un aviso a navegantes:

Cuestión enteramente diferente es sugerir que los pobres, sólo por el hecho de radicar en la propia comunidad individuos más ricos, tienen derecho a participar en su riqueza; o que el haber nacido dentro de un grupo que ha alcanzado un nivel especial de civilización y bienestar confiere justo título para disfrutar de sus ventajas.

Hayek, avisa: no molestemos a los ricos pues:

Los grupos nacionales llegarán a hacerse más y más herméticos a medida que gane adeptos el punto de vista con el que acabamos de enfrentarnos. En vez de admitir a los semejantes para que disfruten de las ventajas existentes, se preferirá rechazarlos, pues a medida que se instalaran exigirían el derecho a una especial participación en la riqueza.

Con lo que se anticipa a los movimientos migratorios de carácter económico que se están produciendo en el siglo XXI.

Una vez que se reconoce dentro de la escala nacional el derecho de la mayoría a los beneficios de que disfrutan las minorías, no hay razón para que tal derecho se detenga en las fronteras de los estados hoy existentes. 

5.- LA DEMOCRACIA

A partir de aquí, Hayek entra en la discusión de fondo más relevante y comprometedora a la hora de diferenciarse de los conservadores, como hace con tanto énfasis en el último capítulo del libro. En efecto aborda la legitimidad de la democracia moviéndose por el borde corriendo el riesgo de recibir el reproche de antidemócrata. Si a eso se añaden los ejemplos que el mundo actual nos proporciona en países como Chile o China la discusión se hace necesaria y muy relevante. Empieza con lo que parece un reproche al «demócrata dogmático». 

El liberalismo (en el sentido que tuvo la palabra en la Europa del siglo XIX, al que nos adherimos en este capítulo) se preocupa principalmente de la limitación del poder coactivo de todos los gobiernos, sean democráticos o no, mientras el demócrata dogmático sólo reconoce un límite al gobierno: la opinión mayoritaria.

Hayek, como todos los que abordar de forma directa y con la claridad de la tradición anglosajona los grandes problemas, se encuentra con el conflicto entre valores. Ya lo hizo más arriba con la libertad y la igualdad y ahora lo hace con la democracia y la eficacia. Empieza con una distinción.

A la democracia se opone el gobierno autoritario; al liberalismo se opone el totalitarismo.

La diferenciación es significativa porque, en su planteamiento, eso permite que un gobierno pueda ser liberal y autoritario o demócrata y totalitario puesto que estas nuevas parejas no son contradictorias. Se entiende que el gobierno totalitario bloquea toda libertad, mientras que no lo hace el autoritario, que se limita a despreciar el voto popular como mecanismo de toma de decisiones. La segunda fórmula sería aquella en la que el cierre a toda libertad se produce por votación. La otra combinación no contradictoria sería un gobierno democrático y liberal o un gobierno autoritario y totalitario. En el primer caso, la democracia daría respaldo a las libertades sin restricción alguna y en el segundo el déspota, además, cerraría el paso a todo tipo de libertad. De esta discusión preliminar se puede escapar el hecho de que, como dejó claro más arriba, Hayek no entiende por libertad nada más que la ausencia de coerciones a la acción de individuo. Pero él piensa, que de todas las libertades la principal es la económica, por eso un dictador no totalitario es compatible con la libertad de empresa y el mercado libre, porque a él sólo le interesa mantener el control sobre los aspectos políticos (es decir la reclamación de democracia) por parte de los ciudadanos. Casos así se han dado y se están dando en la actualidad. Y puesto que es esa libertad la que más le preocupa dedica sus argumentos a minar la legitimidad de la democracia en determinados supuestos. Y aclara que:

Una democracia puede muy bien esgrimir poderes totalitarios, y es concebible que un gobierno autoritario actúe sobre la base de principios liberales. El liberalismo es una doctrina sobre lo que debiera ser la ley; la democracia, una doctrina sobre la manera de determinar lo que será la ley.

(El liberalismo) Acepta la regla de la mayoría como un método de decisión, pero no como una autoridad en orden a lo que la decisión debiera ser. Para el demócrata doctrinario, el hecho de que la mayoría quiera algo es razón suficiente para considerarlo bueno, pues, en su opinión, la voluntad de la mayoría determina no sólo lo que es ley, sino lo que es buena ley.

El liberalismo constituye una de las doctrinas referentes al análisis de cuáles sean los objetivos y esfera de acción de los gobernantes, fines y ámbitos entre lo que elegirá la democracia; en cambio, esta última, por ser un método, no indica nada acerca de los objetivos de quienes encarnan el poder público. Aun cuando en la actualidad se utiliza muy a menudo el término «democrático» para describir pretensiones políticas específicas que circunstancialmente son populares y en especial ciertas apetencias igualitarias, no existe necesariamente relación entre democracia y la forma de utilizar los poderes de la mayoría-

El uso corriente e indiscriminado de la palabra «democrático» como término general de alabanza no carece de peligro. Sugiere que, puesto que la democracia es una cosa buena, su propagación significa una ganancia para la comunidad. Esto pudiera parecer absolutamente cierto, pero no lo es.

Existen por lo menos dos capítulos en los que casi siempre es posible extender la democracia: el núcleo de personas que tienen derecho a votar y el alcance de las posibles cuestiones a decidir por procedimientos democráticos. En ninguno de los dos casos puede mantenerse seriamente que cada grado de expansión implica ganancia o que el principio democrático exija que la extensión se prolongue de modo indefinido.

Su posición intelectual le permite decir que:

Difícilmente se puede sostener que la igualdad ante la ley requiera necesariamente que los adultos tengan voto.

Parece mentira que su experiencia como ciudadano de un paí que sufrió un régimen dictatorial y totalitario, no advierta que donde no haya democracia, no habrá justicia, pues la libertad económica o la privada no garantiza son sólo componentes de la libertad que el propone que dejan al margen elementos de control social tan relevantes como la expresión libre y pública o la capacidad de asociación y manifestación de la ciudadanía. Pero a Hayek su experiencia vital no le impide decir que :

Aunque el sufragio de los adultos parezca ser la mejor solución para el mundo occidental, ello no prueba que exista un principio básico que exija tal sistema.

Para discutir estas decisivas cuestiones, de nuevo crea un espantajo: el «demócrata dogmático». 

Nuestras observaciones se encaminan únicamente a demostrar que ni siquiera el demócrata más dogmático puede pretender que cada extensión de la democracia sea para bien. Las tradiciones liberal y democrática están, por tanto, de acuerdo en que cuantas veces se requiere acción estatal, y particularmente siempre que hayan de establecerse reglas coactivas, la decisión debería tomarse por la mayoría. Difieren, sin embargo, en el alcance de la acción estatal que ha de ser guiada por decisiones democráticas. Los demócratas dogmáticos, en particular, creen que cualquier mayoría corriente debería tener derecho a determinar cuáles son sus poderes y cómo ejercitarlos, mientras que los liberales consideran muy importante que los poderes de cualquier mayoría temporal se hallen limitados por principios.

De este modo, algo que el demócrata sin apellidos no discute jamás, que es el imperio de la ley, lo convierte en un atributo de los liberales que puede ser establecido paradójicamente, tanto en un régimen democrático como dictatorial.

Para el liberal, la decisión de la mayoría deriva su autoridad de un acuerdo más amplio sobre principios comunes y no de un mero acto de voluntad de la circunstancial mayoría.

La soberanía popular es la concepción básica de los demócratas doctrinarios. Significa, según ellos, que el gobierno de la mayoría es ilimitado e ilimitable. El ideal democrático, originariamente pensado para impedir cualquier abuso de poder, se convierte así en la justificación de un nuevo poder arbitrario.

El caso español con la crisis de segregación de algún territorio es un ejemplo claro de cómo la democracia está tanto en la apertura de la libertades como en la limitación para evitar el descarrilamiento. La naturaleza de la democracia, que tiene origen en las pulsiones de justicia (que no se olvide que su origen etimológico es lo justo y equitativo emparentando con la igualdad), la lleva a procurar legislación para la libre acción del individuo y, al tiempo limitadora de los abusos que se deriven. La democracia hace a la ley justa y la ley hace a la democracia racional. Así se evita la toma de decisiones precipitadas y arbitrarias en el tumulto, pero también que las leyes obsoletas se perpetúen. Por eso, Hayek, acepta que:

Sin embargo, la autoridad de la decisión democrática deriva de la circunstancia de haber sido adoptada por la mayoría de la colectividad que se mantiene compacta en virtud de ciertas creencias comunes a los más de sus miembros; siendo, por otra parte, indispensable que dicha mayoría se someta a los principios comunes incluso cuando su inmediato interés consista en violarlos.

Pero no puede resistirse y de nuevo crea un espantajo. En este caso el uso de la democracia para favorecer exclusivamente a las mayorías. Si esto es así, la democracia queda desacreditada y facilita el motín de esas minorías. Pero Hayek no está pensando en cuestiones religiosas o raciales, sino en que la democracia limite la libertad económica que a él le parece el origen de todos los bienes sociales. 

No existe justificación para que ninguna mayoría conceda a sus miembros privilegios mediante el establecimiento de reglas discriminatorias a su favor. La democracia no es, por su propia naturaleza, un sistema de gobierno ilimitado. No se halla menos obligada que cualquier otro a instaurar medidas protectoras de la libertad individual.

La discusión sería más racional si se aceptara que no sólo la democracia, sino cualquier resultado de la evolución cultural, como la libertad, la justicia o la igualdad, deben ser conceptuadas como valores centrados que deben huir de la demencia de la operación de llevar ingenua o cínicamente sus características  a los extremos potenciales. De modo que no es útil atacar a unos u a otros, sino encontrarles el punto en el que mejor encajan con los demás valores. Así, en el caso de la democracia es inútil reprocharle un uso demente, como lo es hacerlo con la libertad o el resto de valores. Al contrario, la tarea consiste en articularlos entre sí. Pero Hayek insiste en colocar a la democracia en un lugar secundario porque quiere prevenir las limitaciones que pueda suponer a su concepto de libertad.

Si la democracia es un medio antes que un fin, sus límites deben determinarse a la luz de los propósitos a que queremos que sirva.

Pero, la fuerza del concepto de democracia es demasiada y concede que:

La democracia es el único método de cambio pacífico descubierto hasta ahora por el hombre. la democracia constituye importante salvaguardia de la libertad individual.

Aunque…

la democracia no es todavía la libertad; aduce tan sólo que la democracia probablemente engendra más libertad que otras formas de gobierno.

Nada menos. Es decir en estas palabras se trasluce esa necesidad de acuerdo entre valores que reclamamos.

Aunque en una democracia las perspectivas de libertad individual son mejores que bajo otras formas de gobierno, no significa que resulten ciertas. Las posibilidades de libertad dependen de que la mayoría la considere o no como su objetivo deliberado. La libertad tiene pocas probabilidades de sobrevivir si su mantenimiento descansa en la mera existencia de la democracia.

A Hayek sólo le interesa la libertad, no transige con limitaciones a este valor. Así incurre en la contradicción de afirmar que la democracia es un valioso, pacífico y libertario instrumento de gobierno, pero, cuidado no vaya a interesarse por la igualdad, como si la igualdad, a su vez, no tuviera que limitarse para armonizarse con la justicia y la libertad. Y de nuevo incurre en extravagancia. En este caso se decanta por la aristocracia: 

Puede muy bien ser cierto, como se ha mantenido a menudo [12] , que en cualquier aspecto de la vida pública la intervención de una élite educada resulte más eficiente y quizá incluso más justa que la de otro gobierno elegido por el voto de la mayoría.

El progreso consiste en que pocos convenzan a muchos. Deben aparecer por doquier puntos de vista nuevos antes de que lleguen a ser puntos de vista de la mayoría.

Este es un buen criterio. Pero en todos los órganos que articulan la democracia es, justamente, eso lo que ocurre, que unos pocos, que no son siempre los mismo, convencen a la mayoría y de ahí se derivan las normas que todos hemos de seguir. Pero como, ni siquiera esos pocos pueden tener toda la razón, la democracia se constituye en un proceso que, tal y como el propio Hayek propone, modela la ley para que sea justa y liberal. Pero no puede pretender que mayorías perjudicadas económicamente no reacciones buscando una mejor distribución de recursos. Una buena educación económica, por ejemplo, permitiría comprender cómo funciona la renta y sus implicaciones con la financiación de grandes proyectos para que las decisiones sean racionales. Por eso verdades como las que siguen no son incompatibles con la democracia.

La opinión no progresaría de no existir ciertos seres que saben más que el resto y se hallan en mejor posición para convencer.

Todo esto no colisiona con que cada uno de los valores en juego (la democracia, como la libertad o la justicia) tiene sombras que sólo desaparecen en contraste los demás. De no seguir esas pauta resulta que:

Las resoluciones mayoritarias son producto de una meditación menos cuidadosa y generalmente representan un compromiso que no satisface totalmente a nadie. Las decisiones mayoritarias, por lo demás, cuando no responden a normas comúnmente aceptadas, se hallan singularmente predestinadas a provocar consecuencias que nadie desea. La creencia de que la acción colectiva puede hacer caso omiso de los principios es una gran ilusión.

En este contexto, Hayek hace una crítica cierta a la política:

El político de éxito debe su poder a la circunstancia de moverse dentro de un marco de pensamiento aceptado, como también a que piensa y habla convencionalmente.

Y convenimos con él en que:

Las nuevas ideas surgen de unos pocos y se extienden gradualmente hasta llegar a ser patrimonio de una mayoría que apenas si conoce su origen. Tanto el hombre ordinario como el dirigente político obtienen de tales profesionales las concepciones fundamentales que constituyen el encuadre de su pensamiento y guían su acción. La creencia de que al fin y al cabo son las ideas, y por tanto los hombres que ponen en circulación las ideas, quienes gobiernan la evolución social, así como la creencia de que en tal proceso los pasos de los individuos deben estar gobernados por un conjunto de conceptos coherentes, ha constituido por mucho tiempo parte fundamental del credo liberal.

Lo que es compatible con una igualdad de resultados, en la que los logros y beneficios de estas ideas son justamente repartidas, pues nadie puede hacer nada sin la colaboración de los demás. Y convenimos en que:

«la lección dada a la humanidad por cada época, y siempre menospreciada, de que la filosofía especulativa, que para los espíritus superficiales parece cosa tan alejada de los negocios de la vida y de los intereses visibles de la gente, es en realidad la que en este mundo ejerce máxima influencia sobre los humanos y la que tarde o temprano subyuga cualquier influencia, salvo las que ella misma debe obedecer» (John Stuart Mill)

Una cuestión, la del carácter radicalmente individual de las reflexiones profundas sobre los problemas, que no sólo se refiere a las decisiones inmediatas de la gestión política, sino a la tarea del filósofo que analiza la coherencia de la ideas a la luz de la razón y de la experiencia.

Los hombres raramente saben o les importa saber si las ideas generales de la época en que viven proceden de Aristóteles o de Locke, de Rousseau o de Marx o de algún profesor cuyas opiniones estuvieron de moda entre los intelectuales veinte años atrás. A medida que las ideas se filtran hacia abajo, también modifican su carácter. Aquellos que en un momento dado se encuentran a un alto nivel de generalización competirán únicamente con otros de similar carácter y sólo en ayuda de la gente interesada con concepciones generales. El hombre práctico, preocupado por el problema inmediato de cada día, no tiene interés ni tiempo para examinar las interrelaciones de las diferentes partes del complejo orden de la sociedad. Meramente escoge entre los posibles órdenes que se le ofrecen y finalmente acepta una doctrina política o una serie de principios elaborados y presentados por otros. El filósofo político no cumple su tarea si se limita a cuestiones de hecho y se muestra temeroso de decidir entre valores en conflicto.

Y compartimos con él que:

A menudo, dentro de su tarea, el filósofo político sirve mejor a la democracia oponiéndose a la voluntad de la mayoría.

Siempre que el filósofo tenga buenas razones que someter a esa voluntad. Pero el filósofo también debe reflexionar sobre las pretensiones de los liberales a los que les gusta la democracia sólo si sus decisiones coinciden con sus intereses.

El liberal cree que los límites que la democracia debe imponerse son también los límites dentro de los cuales puede, de manera efectiva, funcionar y el marco donde asimismo la mayoría puede dirigir y controlar verdaderamente las acciones del gobierno. Habiéndose acordado que la mayoría debe prescribir las reglas que hemos de obedecer para la persecución de nuestros fines individuales, nos encontramos sujetos más y más a las órdenes y la arbitraria voluntad de sus agentes. Si la experiencia moderna ha demostrado algo en esta materia es que, una vez otorgados amplios poderes a los organismos estatales para propósitos determinados, no pueden controlarse efectivamente por las asambleas democráticas.

Una buena prueba de cómo el pensamiento de Hayek oscila atraído y rechazado simultáneamente por los polos extremos de los valores sobre los que reflexiones es el siguiente párrafo:

Aunque probablemente la democracia es la mejor forma de gobierno limitado, degenera en absurdo al transformarse en gobierno ilimitado.

Y añade sintiéndose un «Whig» que:

… el viejo liberal es mucho más amigo de la democracia que el demócrata dogmático, puesto que se preocupa de preservar las condiciones que permiten el funcionamiento de la democracia. No es «antidemocrático» tratar de persuadir a la mayoría de la existencia de límites más allá de los cuales su acción deja de ser benéfica y de la observancia de principios que no son de su propia y deliberada institución.

Pero no debe olvidar que también los demócratas rechazan a ese esperpento del «demócrata dogmático». Pero que, lo que él pide al demócrata, debe aceptarlo para el liberal: la limitación de las consecuencias de la libertad.

Quienes se esfuerzan en persuadir a las mayorías para que reconozcan límites convenientes a su justo poder son tan necesarios para el proceso democrático como los que constantemente señalan nuevos objetivos a la acción democrática.

Un aspecto de las reflexiones de Hayek sobre la democracia es la proporción entre trabajadores por cuenta ajena y autónomos (en el sentido amplio de la palabra). Su tesis es que, al ser mayoría los empleados, imponen sus criterios a las minorías emprendedoras. 

Los ideales y principios que hemos vuelto a formular en los capítulos precedentes alcanzaron su desarrollo dentro de una sociedad que difería de la nuestra en importantes extremos. Se trataba de una sociedad en la que una mayoría relativamente grande y la mayor parte de quienes elaboraban la opinión disfrutaban de independencia en lo que respecta a las actividades que les proporcionaban la subsistencia . ¿Hasta qué punto son válidos hoy en día los principios que funcionaron en dicha sociedad, cuando la mayoría de nosotros trabajamos como empleados de vastas organizaciones, utilizamos recursos que no poseemos y actuamos en gran parte en virtud de instrucciones dadas por otros?

Hayek alude a la independencia de una sociedad inmadura y que descuidaba los intereses de los que no eran propietarios. Una época en la que la propiedad se podía conseguir por conquista violenta con posterior reparto entre cómplices.

El problema consiste en que numerosas libertades carecen de interés para los asalariados, resultando difícil frecuentemente hacerles comprender que el mantenimiento de su nivel de vida depende de que otros puedan adoptar decisiones sin relación aparente alguna con los primeros.

6.- ASALARIADOS Y EMPRENDEDORES

Esta es una peligrosa cuestión. Los asalariados tienen una visión limitada y deben aceptar preceptos legales que les perjudican a corto plazo, pero que según Hayek, permite mantener el nivel de riqueza que les paga el sueldo. El siguiente párrafo es meridiano en su claridad:

Así ocurre que hoy la libertad se halla gravemente amenazada por el afán de la mayoría, compuesta por gente asalariada, de imponer sus criterios a los demás.

Pudiera resultar que Ia tarea más difícil fuera realmente la de persuadir a las masas que viven de un empleo de que en interés general de la sociedad, y, por tanto, a largo plazo, en el suyo propio, deben conservar las condiciones que permiten que unos pocos logren posiciones que a ellos les parecen fuera de su alcance o indignas de esfuerzo y riesgo.

Esta tarea está teniendo éxito si se comprueba el nivel de éxito político de la derecha económica e ideológica en Europa. Curiosamente esto ocurre por una suerte de impaciencia de los electores con aquellos que prometen soluciones que nunca llegan. Y todo ello ocurre en un mundo exponencialmente mejor, desde el punto de vista material, que otras épocas. Tal parece que la libido humana desea, se satura y vuelve a desear sin cesar. Para Hayek es incomprensible que unos empleados que pueden eludir la arbitrariedad de sus patronos cambiando de empresa, salvo que:

El hecho esencial es que en una sociedad montada sobre la base de la competencia, el que trabaja no se halla bajo el arbitrio de un patrono determinado, salvo en caso de abundancia de paro. Es inevitable que los intereses y valores de quienes trabajan por cuenta ajena sean algo distintos de los intereses y valores del que acepta el riesgo y la responsabilidad de organizar la utilización de los recursos.

Pero, con el socialismo-espantajo de Hayek sería peor:

La aplicación consecuente de los principios socialistas —por mucho que se disfrace bajo capa de delegación de la facultad de empleo a compañías públicas nominalmente independientes o entidades similares— conduciría necesariamente a la existencia de un solo patrono.

Hayek, no entiende la necesidad de que ambas partes se consideren socios para los proyectos. 

Estas personas apenas si conocen las responsabilidades que pesan sobre quienes controlan los recursos y han de preocuparse constantemente de adoptar nuevas providencias y combinaciones; hallándose poco familiarizados con las actitudes y formas de vida que engendra la necesidad de tomar decisiones referentes al empleo que haya de darse a los bienes y a las rentas.

Por eso:

… el principio de remunerar a las gentes de acuerdo con lo que un tercero cree que merecen (empleados por cuenta ajena) no puede aplicarse a quienes actúan por propia iniciativa.

Es notorio que el trabajo por cuenta ajena ha llegado a ser no sólo la ocupación dominante, sino la preferida por la mayoría de la población, que descubre que el empleo colma sus fundamentales aspiraciones: un ingreso fijo y seguro del que se puede disponer para el gasto inmediato, ascensos más o menos automáticos y previsión para la vejez. De este modo los que así optan se ven relevados de algunas de las responsabilidades de la vida, y de una manera enteramente natural creen que la desgracia económica, cuando acaece como resultado de faltas o fracasos de la organización que los empleó, es culpa evidente de otros, pero de la que ellos se hallan exentos. En consecuencia, no ha de sorprender que tales personas deseen ver entronizado un superior poder tutelar que vigile aquella actividad directiva cuya naturaleza no llegan a entender pero de la que depende su propio subsistir.

Desde su punto de vista la filantropía demuestra la necesidad de individuos con grandes riquezas:

La trascendencia de que existan particulares propietarios de bienes cuantiosos no estriba tan sólo en que sin ellos resulta impensable el mantenimiento del sistema del orden competitivo. La figura del hombre que cuenta con medios independientes todavía cobra más importancia en la sociedad libre cuando no dedica su capital a la persecución de ganancias y, en cambio, lo aplica a la consecución de objetivos no lucrativos. Tal persona, en cualquier sociedad civilizada, cobra singular valor antes realizando empresas que el mercado difícilmente ejecutaría que manteniendo el funcionamiento del mismo.

Hayek considera que el progreso en todas las dimensiones depende en gran medida de estos seres especiales en los que el poder económico converge en personas con ideales.

La dirección de individuos o de grupos que son capaces de respaldar financieramente sus ideales es esencial, especialmente en el campo de la cultura, en las bellas artes, en educación e investigación, en la conservación de la belleza natural y de los tesoros artísticos y, sobre todo, en la propagación de nuevas ideas políticas, morales y religiosas.

Si tal clase de personas no pudiera surgir por otros cauces mejores, cabría incluso recomendar su creación mediante la selección de un individuo de cada cien o de cada mil y dotarlo de bienes de fortuna suficientes para que pudiera perseguir aquellos objetivos que mejor estimara.

Por eso su razonamiento culmina en un canto a la aristocracia del dinero y la herencia como mecanismo de traspaso de tan honorables propósitos.

La selección mediante la mecánica hereditaria, que en nuestra sociedad produce de hecho tal situación, ofrece al menos la ventaja —aun sin considerar que también pueden heredarse los dones intelectuales— de que aquellos a quienes se les da la excepcional oportunidad han sido, por lo general, convenientemente educados y han crecido en un medio donde el bienestar que la riqueza comporta se considera cosa natural y, por tanto, deja de provocar específico placer. Las groseras diversiones a que se entregan a menudo los nuevos ricos no ofrecen, por lo común, atractivo alguno para quienes heredaron cuantioso patrimonio.

Cuán escasa es la capacidad de mando que tienen las mayorías colectivas se infiere del escaso apoyo que estas dan a las bellas artes cuando han pretendido reemplazar al mecenas individual.

Una falacia esta de la falta de apoyo a las artes que desmiente el más próximo museo nacional. Pero, Hayek, no desmaya en su reconocimiento de la realidad injusta y no sólo renuncia a combatirla, sino que comete la ingenuidad de considerar necesaria la existencia de la ociosidad poderosa:

… debe haber tolerancia para la existencia de un grupo de ricos ociosos, ociosos no en el sentido de que no realizan nada útil, sino en el de que sus miras no se hallan enteramente dirigidas por consideraciones de beneficio material. El hecho de que la mayoría de los hombres deban obtener un ingreso no obsta para la conveniencia de que algunos no tengan que hacerlo así y para que unos cuantos sean capaces de perseguir objetivos que el resto no aprecia.

Ahora viene un vaivén argumental y contradiciendose afirma que el genio creativo no habita entre los ricos y que, éstos son generalmente empresarios con escasa sensibilidad.

Hay algo que falta seriamente en una sociedad en la que todos los dirigentes intelectuales, morales y artísticos pertenecen a la clase que trabaja en régimen de empleo, especialmente si su mayoría es integrada por funcionarios públicos.

La desaparición casi completa de dicha clase —y su inexistencia en la mayor parte de los Estados Unidos— ha provocado una situación que se caracteriza por que el sector adinerado, integrado hoy exclusivamente por un grupo de empresarios, no asume la dirección intelectual e incluso carece de una filosofía de la vida coherente y defendible. La clase acaudalada, que en parte es una clase ociosa, ha de entremezclarse con la correspondiente proporción de eruditos y estadistas, de figuras literarias y de artistas.

esta falta de élite cultural dentro de la clase opulenta también aparece hoy en Europa, donde los efectos combinados de la inflación y de los impuestos han destruido en su mayor parte los antiguos grupos ociosos y han evitado que surjan otros nuevos.

Pero, donde Hayek toca suelo es en esta opinión sobre la ociosidad:

Es innegable que dicho grupo ocioso producirá una proporción mucho mayor de individuos a quienes les guste vivir bien que de eruditos y empleados públicos, y que asimismo su evidente derroche de dinero ofenderá la conciencia pública. Ahora bien, tal derroche, en todas partes, constituye el precio de la libertad.  

El despilfarro que implican las diversiones de los ricos es realmente insignificante comparado con los despilfarres que suponen las diversiones semejantes e igualmente «innecesarias» de las masas, que, por otra parte, difieren bastante más de los fines que pudieran parecer importantes de acuerdo con cierto nivel ético.

No es sorprendente que el vivir en un nuevo nivel de posibilidades conduzca al principio a un exhibicionismo sin objeto. Sin embargo, no me cabe ninguna duda —aun cuando indudablemente mi afirmación provocará la mofa— de que hasta el empleo afortunado de la ociosidad necesita de precursores; que muchas de las formas de vida hoy corrientes las debemos a individuos que dedicaron su tiempo al arte de vivir y que bastantes de los artículos y mecanismos deportivos que más tarde se convirtieron en instrumentos de recreo para las masas los inventaron muchachos divertidos de la alta sociedad.  

7.- LA COERCIÓN

Sobrepasado este bache, Hayel remonta a cotas más elevadas la discusión y aborda el antídoto de la libertad que es la coacción. Y lo hace partiendo de la concepción de libertad positiva de Berlin. 

La coacción tiene lugar cuando las acciones de un hombre están encaminadas a servir la voluntad de otro; Sin embargo, la coacción implica que yo poseo la facultad de elegir, pero que mi mente se ha convertido en la herramienta de otra persona hasta el extremo de que las alternativas que se presentan a mi voluntad han sido manipuladas de tal suerte que la conducta que mi tirano quiere que yo elija se convierte para mí en la menos penosa.

Una persona que estorba mi camino en la calle obligándome a apartarme; quien ha pedido prestado en la biblioteca pública el libro que yo pretendía obtener, e incluso aquel a quien rehúyo a causa de los ruidos desagradables que produce, no puede decirse que ejerzan coacción sobre mí. La coacción implica tanto la amenaza de producir daño como la intención de provocar de ese modo en otros una cierta conducta.

Por lo tanto, la coacción es mala porque se opone a que la persona use de un modo completo su capacidad mental, impidiéndole, por tanto, hacer a la comunidad la plena aportación de la que es capaz. El poder en sí, es decir, la capacidad de obtener lo que uno quiera, no es malo; lo malo es el poder de usar la coacción; el forzar a otros hombres a servir la voluntad propia mediante la amenaza de hacerles daño.

Pero, de nuevo Hayek, en su afán de justificar el status quo no dice que:

El empresario o patrono no puede ordinariamente ejercer coacción, por las mismas razones por las que tampoco la ejerce quien suministra un determinado bien o servicio. Siempre que haya muchos medios de ganarse la vida y el tal patrono sólo pueda cerrar la puerta a uno de ellos, siempre que las posibilidades de dicho patrono se limiten a dejar de pagar a ciertas personas que no pueden ganar al servicio de otros patronos tanto como ganaban con él, no ejerce coacción aunque sí haya daño.

Sin embargo:

En períodos de mucho paro, la amenaza de despido puede utilizarse para ejercer coacción y conseguir una conducta distinta del mero cumplimiento de las obligaciones contractuales, una conducta mucho más onerosa o desagradable que la estipulada por las cláusulas del contrato entre patrono y obrero.

Es curioso que el defensor del imperio de la ley que es Hayek, incluya al mismo nivel la coacción de un gobierno con la acción de chantajistas:

Una verdadera coacción tiene lugar cuando bandas armadas de conquistadores obligan al pueblo sojuzgado a trabajar para ellas; cuando cuadrillas de pistoleros cobran dinero a cambio de «protección»; cuando el conocedor de un secreto sucio hace chantaje a su víctima; y, por supuesto, cuando el Estado amenaza con castigar y emplear la fuerza física para lograr la obediencia a sus mandatos.

Puesto que la coacción consiste en el control, por parte de otro, de los principios esenciales que fundamentan la acción, tan sólo se puede evitar permitiendo a los individuos que se reserven cierta esfera privada en la que no les alcance la aludida injerencia. La existencia de una segura esfera de actividad libre se nos antoja condición tan normal a la vida, que nos sentimos tentados a definir la coacción mediante el uso de términos tales como «la interferencia en nuestros intereses legítimos» o la «violación de nuestro derecho» o la «injerencia arbitraria»

Hayek considera que la propiedad privada es el primer factor característico de la libertad. Considera que la propiedad privada es civilizatorio. Es una afirmación que comparto siempre que sea compatible con evitar que el esfuerzo de muchos acabe en las manos de pocos, pues podría hablar de propiedad privada ilegítima. 

El reconocimiento de la propiedad privada constituye, pues, una condición esencial para impedir la coacción, aunque de ninguna manera sea la única. El reconocimiento de la propiedad constituye evidentemente el primer paso en la delimitación de la esfera privada que nos protege contra la coacción.

Pero, no puede evitar el disparate, porque no quiere dejar argumento de un potencial adversario sin transitar: 

Uno de los logros de la sociedad moderna estriba en que la libertad puede disfrutarla una persona que no posea prácticamente ninguna propiedad salvo los efectos personales, tales como la ropa —y aun estos pueden ser alquilados.

De esta forma trata de parar la pretensión de quienes sostienen que el estado debe suministrar servicios gratuitos de educación o sanidad para que el pobre sea «verdaderamente libre». Es decir trata de disuadirnos de que haya alguna relación entre libertad y posesión de recursos para ejercerla. Sin embargo, justo después de afirmar que el pobre puede ser libre, nos dice lo siguiente:

Lo importante es que la propiedad esté lo suficientemente repartida para que el individuo no dependa de personas determinadas y evitar que únicamente tales personas le proporcionen lo que necesita o que sólo ellas le puedan dar ocupación. La competencia, hecha posible por la difusión de la propiedad, priva de todos los poderes coactivos a los propietarios individuales de cosas determinadas.

Hayek rechaza la coacción, pero tiene que admitir que no es posible que el estado ejerza sus obligaciones sin ejercerla.

… en las condiciones modernas, no parece practicable que el Estado proporcione servicios tales como el cuidado de los incapaces o de los inválidos, la construcción de carreteras o el suministro de información, sin acudir a su poder coactivo para financiarlos.

Pero, nos avisa de las consecuencias de las buenas intenciones que llega a considerar más peligrosas que las acciones de los malvados:

Es probable que los hombres que se decidieron a utilizar la coacción con la vehemente intención de evitar un mal moral hayan causado más daño y más desdicha que los que intentaban hacer el mal.

8.- EL ESTADO DE DERECHO

A partir de aquí, Hayek vuelve a su posición más firme, aquella de admiración a los logros civilizatorios en su devenir empírico y no racionalista a priori. Algo así como una devota percepción de la débil señal de la acción del ser-naturaleza enmascarado por el ruído de la razón.

Nuestra familiaridad con las instituciones jurídicas nos impide ver cuán sutil y compleja es la idea de delimitar las esferas individuales mediante reglas abstractas. Si esta idea hubiese sido fruto deliberado de la mente humana, merecería alinearse entre las más grandes invenciones de los hombres. Ahora bien, el proceso en cuestión es, sin duda alguna, resultado tan poco atribuible a cualquier mente humana como la invención del lenguaje, del dinero o de la mayoría de las prácticas y convenciones en que descansa la vida social. Incluso en el mundo animal existe una cierta delimitación de las esferas individuales mediante reglas. Un cierto grado de orden que impide las riñas demasiado frecuentes o la interferencia en la búsqueda de alimentos, etc., surge a menudo del hecho de que el ser en cuestión, a medida que se aleja de su cubil, tiene menos tendencia a luchar.

El que tales reglas abstractas sean observadas regularmente en la acción no significa que los individuos las conozcan en el sentido de que puedan ser comunicadas. La abstracción tiene lugar siempre que un individuo responde de la misma manera a circunstancias que tienen solamente algunos rasgos en común. Los hombres, generalmente, actúan de acuerdo con normas abstractas en el sentido expuesto, mucho antes de que puedan formularlas.

El concepto de libertad bajo el imperio de la ley, principal preocupación de esta obra, descansa en el argumento de que, cuando obedecemos leyes en el sentido de normas generales abstractas establecidas con independencia de su aplicación a nosotros, no estamos sujetos a la voluntad de otro hombre y, por lo tanto, somos libres. 

El criterio de la buena ley reside en la desvinculación de su formulación y los casos particulares a los que pueda aplicarse. 

La ley no es arbitraria porque se establece con ignorancia del caso particular y ninguna voluntad decide la coacción utilizada para hacerla cumplir. Esto último, sin embargo, es verdad tan sólo si por ley significamos las normas generales y abstractas que se aplican igualmente a todos.

No puede negarse que incluso las normas generales y abstractas, igualmente aplicables a todos, pueden constituir, posiblemente, severas restricciones de la libertad. Pero si bien nos fijamos, son escasas las probabilidades de que así ocurra. La principal salvaguarda proviene de que tales reglas deben aplicarse tanto a quienes las promulgan como a quienes se ven compelidos a cumplirlas, es decir, igual a los gobernantes que a los gobernados, y de que nadie tiene poder para otorgar excepción alguna.

Esta posición le permite una mejor aproximación a la definición de libertad.

La libertad no significa, ni puede presuponer, que lo que yo realizo no depende de la aprobación de ninguna persona o autoridad, ni que no se halle sometido precisamente a las mismas reglas abstractas que han de afectar de manera igual a todo el mundo.

Inmediatamente llama la atención sobre el riesgo de arbitrariedad: 

Una «ley» que contenga mandatos específicos, una orden denominada «ley» meramente porque emana de la autoridad legislativa, es el principal instrumento de opresión.

Pero aprecia una dificultad en el desarrollo de la labor judicial, que puede competir con la ley y su espíritu y cita a John Marshall en su ayuda:

El punto de vista clásico viene expresado por la famosa declaración del presidente de la Corte Suprema John Marshall, que dice así: «El poder judicial como oposición al imperio de las leyes no existe. Los tribunales son meros instrumentos de la ley y no pueden imponer su autoridad en nada». Tal afirmación contrasta con el aserto, muchas veces invocado, de un jurista moderno y que ha merecido el entusiasta beneplácito de los denominados «progresistas».

Las normas bajo las cuales actúan los ciudadanos constituyen, en definitiva, una adaptación de toda la sociedad al medio en que aquellos se desenvuelven y a las características generales de los miembros que integran tal sociedad. Las leyes sirven o deberían servir para ayudar a los individuos a formar planes de acción cuya ejecución tenga probabilidades de éxito.

Pocas creencias han destruido más el respeto por las normas del derecho y la moral que la idea de que la ley obliga solamente si se reconocen efectos beneficiosos al observarla en el caso particular de que se trate.

Hayek afirma la importancia de la ley general como marco en el que la espontaneidad de los individuos se despliega.

Mucha de la oposición al sistema de libertad bajo leyes generales surge de la incapacidad para concebir una coordinación efectiva de las actividades humanas sin una deliberada organización resultado de una inteligencia que manda. Uno de los logros de la economía teórica ha sido explicar de qué manera se consigue en el mercado el mutuo ajuste de las actividades espontáneas de los individuos con tal de que se conozca la delimitación de la esfera de control de cada uno. El entendimiento de ese mecanismo de mutuo ajuste individual constituye la parte más importante de conocimiento que debería considerarse a la hora de confeccionar reglas generales, limitando la acción de los individuos.

Tal orden, que envuelve la adecuación a circunstancias cuyo conocimiento está disperso entre muchos individuos, no puede establecerse mediante una dirección central. Solamente puede surgir del mutuo ajuste de los elementos y su respuesta a los sucesos que actúan inmediatamente sobre ellos. Es lo que M. Polanyi ha denominado la formación espontánea de un «orden policéntrico». «Cuando se logra el orden entre los seres humanos permitiéndoles actuar entre ellos de acuerdo con su propia iniciativa — sujetos solamente a leyes que uniformemente se aplican a todos—, nos encontramos ante un sistema de orden espontáneo en la sociedad.

Es interesante el resumen histórico sobre el nacimiento del estado de derecho, aunque debe advertirse que es la historia de las libertades de propiedad y comercio, que nunca dieron lugar a ningún tipo de preocupación por la gente común. Por eso, el gran reto actual es cómo conciliar libertad y justicia social, sin perder de vista la conciliación con la democracia, otro concepto con el que se faja Hayek. Eludo el término igualdad porque ya está discutido en Hattersley :

La finalidad perseguida por las leyes no se cifra en abolir o limitar la libertad, sino, por el contrario, en preservarla y aumentarla. En su consecuencia, allí donde existen criaturas capaces de ajustar su conducta a normas legales, la ausencia de leyes implica carencia de libertad. Porque la libertad presupone el poder actuar sin someterse a limitaciones y violencias que provienen de otros; y nadie puede eludirlas donde se carece de leyes. Tampoco la libertad consiste —como se ha dicho— en que cada uno haga lo que le plazca. La libertad consiste en disponer y ordenar al antojo de uno su persona, sus acciones, su patrimonio y cuanto le pertenece, dentro de los límites de las leyes bajo las que el individuo está, y, por lo tanto, no en permanecer sujeto a la voluntad arbitraria de otro, sino libre para seguir la propia (John Locke)

Después de la implantación de la democracia, el término continuó usándose por algún tiempo, primero como justificación de aquella y más tarde para disfrazar de manera creciente el carácter que asumió, ya que el gobierno democrático pronto llegó a olvidar la propia igualdad ante la ley, de la que derivara su razón de ser.

Tucídides habló sin ninguna duda sobre la «isonomía oligárquica», y Platón incluso usó el término isonomía más bien en deliberado contraste con democracia que para justificarla. Al final del siglo IV antes de Cristo se hizo necesario subrayar que «en la democracia las leyes deben imperar»

Aristóteles condena la clase de gobierno en que «el pueblo impera y no la ley», así como aquel en que «todo viene determinado por el voto de la mayoría y no por la ley»

Un gobierno que «centra todo su poder en los votos del pueblo no puede, hablando con propiedad, llamarse democracia, pues sus decretos no pueden ser generales en cuanto a su extensión.Más allá del siglo XVII inglés es difícil encontrar antecedentes de la libertad individual en los tiempos modernos. La libertad individual surgió inicialmente —y así es probable que ocurra siempre— como consecuencia de la lucha por el poder, más bien que como el fruto de un deliberado plan.

… es cierto que Inglaterra fue capaz de iniciar el moderno desarrollo de la libertad porque retuvo más que otros países la idea común medieval de la supremacía de la ley destruida en todas partes por el auge del absolutismo.

En Inglaterra, el Parlamento evolucionó y, de ser principalmente cuerpo descubridor de leyes, pasó a cuerpo creador de las mismas. Generalmente, en la disputa acerca de la autoridad para legislar, en el curso de la cual las partes contendientes se reprochaban mutuamente el actuar de modo arbitrario, es decir, en desacuerdo con las leyes generales reconocidas, los argumentos de la libertad individual, inadvertidamente, encontraron su desarrollo.

«la libertad que disfrutamos en nuestro gobierno se extiende también a la vida ordinaria, donde, lejos de ejercer celosa vigilancia sobre todos y cada uno, no sentimos cólera porque nuestro vecino haga lo que desee» (Pericles)

¿Cuáles fueron las principales características de esa libertad de la «más libre de las naciones libres», como Micias llamó a Atenas en la mencionada ocasión, vistas tanto por los propios griegos como por los ingleses de la última época de los Tudor o de los Estuardo? La respuesta viene sugerida por una palabra que los isabelinos tomaron prestada de los griegos, pero que desde entonces ha estado fuera de uso. La palabra isonomía fue importada en Inglaterra, procedente de Italia, al final del siglo XVI, con el

Comparto la idea de que tan mala es la arbitrariedad del tirano como la del pueblo. Añado la democracia que mejor defiende al pueblo es aquella dotada de leyes y jueces que las aplican. De esta forma la vida se regula con normas meditadas y no con emociones desbordadas. Democracia sin ley es el gobierno de la arbitrariedad del demagogo (el que conduce al pueblo). Pero esto requiere la virtud de la paciencia para que la ley no sea un linchamiento.

Hayek considera que la ley para libertad tiene que tener tres atributos:

1.- En primer lugar, subrayaremos que, puesto que el Estado de Derecho significa que el gobierno no debe ejercer nunca coacción sobre el individuo excepto para hacer cumplir una ley conocida, ello constituye una limitación de los poderes de todos los gobiernos, sin excluir los de las asambleas legislativas.

Lo que distingue a una sociedad libre de otra carente de libertad es que en la primera el individuo tiene una esfera de acción privada claramente reconocida y diferente de la esfera pública; que asimismo, no puede recibir cualesquiera clase de órdenes, y que solamente puede esperarse de él que obedezca las reglas que son igualmente aplicables a todos los ciudadano

2.- El segundo atributo principal requerido por las verdaderas leyes es que sean conocidas y ciertas

Nada altera el que la completa certeza de la ley sea un ideal al que tratemos de acercarnos aunque nunca lo logremos perfectamente. Está de moda conceder escasa importancia al alcance logrado de hecho por tal certeza y hay razones comprensibles por las que los jurisperitos, preocupados principalmente por la materia procesal, se muestran poco propicios a aceptar tal atributo.

Normalmente, tales profesionales se ocupan de casos cuyos resultados son inciertos. Ahora bien, el grado de certeza de la ley debe ser enjuiciado tomando en consideración las disputas que no acaban en litigios, puesto que los resultados son prácticamente ciertos tan pronto como se examina la postura legal.

3.- El tercer requisito de la ley verdadera es la igualdad

A menudo no se reconoce que las leyes generales e iguales proporcionan la más efectiva protección contra la infracción de la libertad individual, y ello se debe principalmente al hábito de conceder tácita excepción al Estado y sus agentes y a la presunción de que el gobierno tiene poder para concederla asimismo a los individuos. El Estado de Derecho requiere no solamente que el gobernante haga cumplir la ley a los otros y que tal función constituya auténtico monopolio, sino que actúe de acuerdo con la misma ley y, por lo tanto, esté limitado de la misma manera que una persona privada.

la doctrina de la separación de poderes debe ser considerada como integrante del Estado de Derecho. Las leyes no pueden elaborarse teniendo en el pensamiento casos concretos; tampoco los casos particulares pueden decidirse a la luz de nada que no sea una norma general, aún cuando no haya sido explícitamente formulada y, en su consecuencia, necesite ser descubierta. Ello exige jueces independientes y ajenos a los transitorios objetivos de la acción del poder público.

Desde luego hay casos en que la administración debe ser libre para actuar como estime conveniente. Bajo el Estado de Derecho, sin embargo, tal circunstancia no concurre cuando se trata de ejercitar las funciones coactivas en relación con los ciudadanos.

Bajo el reinado de la libertad, la libre esfera individual incluye todas las acciones que no han sido explícitamente prohibidas por una ley general. En conjunto, sin embargo, la experiencia parece confirmar que, a pesar de sus lagunas, las declaraciones de derechos suministran una protección importante a ciertos derechos que fácilmente pueden ser puestos en peligro. Hoy en día tenemos que estar especialmente enterados de que, como resultado de los cambios tecnológicos que crean constantemente nuevas amenazas potenciales a la libertad individual, no puede considerarse como exhaustiva ninguna lista de derechos protegidos. En la era de la radio y la televisión, el problema del libre acceso a la información ya no es un problema de libertad de prensa; en la era en que las drogas o las técnicas psicológicas pueden utilizarse para controlar las acciones de una persona, el problema de la libertad personal ya no es cuestión contra restricciones de tipo físico. El problema de la libertad de movimiento logra un nuevo significado cuando el viaje al extranjero se ha hecho imposible para aquellos a quienes las autoridades de su propio país no estén dispuestas a conceder pasaporte.

Ahora bien, incluso los principios más fundamentales de la sociedad libre pueden sacrificarse temporalmente cuando se trata de preservar a la larga la libertad, como ocurre con ocasión de los conflictos bélicos.

Llegamos al punto crucial cuando de la política económica se trata. 

El clásico argumento en favor de que la libertad señoree la vida mercantil descansa sobre el tácito supuesto de que el imperio de la ley ha de regir aquella y cualesquiera otras actividades. Difícilmente nos percataremos del auténtico significado de la oposición que hicieron al «intervencionismo estatal» hombres como Adam Smith o John Stuart Mill si no la examinamos desde el indicado ángulo.

La libertad en el ámbito mercantil ha significado libertad amparada por la ley, pero no que los poderes públicos se abstengan de actuar. La «interferencia» o «intervención» estatales —que por razones de principios aquellos tratadistas condenaban— tan sólo significaban transgredir la esfera de la acción privada, actividad que precisamente la soberanía de la ley intentaba proteger.

Los escritores en cuestión no pretendieron que los poderes públicos hubieran de desentenderse totalmente de los asuntos económicos; afirmaron que existen actuaciones estatales que por principio han de prohibirse, no pudiendo ser justificadas por razones de conveniencia.

…excluyeron, como inadmisible en toda sociedad libre, el método de las órdenes y las prohibiciones específicas. Sólo indirectamente —desposeyendo al gobierno de ciertos medios a cuyo amparo puede alcanzar determinados objetivos— es posible impedir a los políticos la realización de tales actividades.

… una buena parte de las medidas que propugna el poder público en este campo son de hecho ineficientes, bien porque se traducen en un fracaso o porque su coste sobrepasa a los beneficios logrados.

La economía de mercado presupone la adopción de ciertas medidas por el poder público; tal actuación entraña en ciertos aspectos facilitar el funcionamiento de dicho sistema; se puede igualmente tolerar ciertas actividades estatales en tanto no sean incompatibles con el funcionamiento del mercado.

Desde el momento en que los poderes públicos asumen la misión de prestar servicios que de otra forma no existirían —en razón, casi siempre, a que no sería posible que las ventajas que tales servicios comportan las disfrutaran tan sólo quienes se hallan en condiciones de abonar su importe—, la cuestión se reduce a determinar si los beneficios compensan el costo.

La más importante función, dentro de tal orden de actividades, es el mantenimiento de un sistema monetario eficiente y seguro. Otras funciones de una significación escasamente menor son el establecimiento de pesas y medidas, el suministro de información en materia catastral, los registros de la propiedad, las estadísticas, etc., y la financiación y también la organización de cierto grado de instrucción pública.

Si en lo que respecta a la mayoría de los campos no concurren sólidas razones para que actúe así, existen otras esferas donde la deseabilidad de la acción gubernamental sería difícilmente discutible. A esta última clase pertenecen aquellos servicios francamente apetecibles que las empresas privadas no proporcionarían por resultar difícil o imposible obtener el correspondiente precio de los usuarios. De esta condición son la mayor parte de los servicios de sanidad e higiene; frecuentemente, la construcción y conservación de carreteras y muchas de las facilidades proporcionadas por los municipios a los habitantes de las ciudades. También se puede incluir las actividades que Adam Smith describió como «trabajos públicos que, aunque resulten ventajosos hasta el máximo grado en una gran sociedad, son, sin embargo, de tal naturaleza que ningún individuo o pequeño grupo de individuos lograría que los gastos fueran compensados por los ingresos»

Existen muchas otras actividades que el Estado puede legítimamente emprender con vistas quizá a mantener el secreto de sus preparativos militares o a alimentar el progreso del saber humano en ciertos sectores [7] . Ahora bien, aunque los poderes públicos se hallen inicialmente mejor cualificados para tomar la delantera en tales esferas, ello no implica que sea así siempre ni que deba asumir la responsabilidad exclusiva. En la mayoría de los casos, por lo demás, es completamente innecesario que los gobernantes se arroguen la efectiva administración de tales actividades. Dichos servicios, por lo general, quedarán mejor atendidos si los poderes públicos se limitan a soportar total o parcialmente su costo encomendando su gestión a entidades privadas que hasta cierto punto compitan entre sí.

Afortunadamente, aparecen en numerosos países claros indicios de haberse iniciado una franca reacción contra el pensamiento elaborado por las dos últimas generaciones.

«Si bien la democracia tiene indudable valor, el Rechtsstaat es como el pan de cada día, el agua que bebemos y el aire que respiramos; y el mayor mérito de la democracia estriba en que sólo ella permite mantener el Rechtsstaat»

En Gran Bretaña no han faltado tampoco voces similares que anunciaran aquellos peligros, y una primera consecuencia de la creciente inquietud ha sido volver a propugnar —lo que ya ha consagrado la legislación— que sean los tribunales ordinarios los que digan la última palabra en las discrepancias que se susciten en el ámbito de la administración. 

9.- ESTADO DEL BIENESTAR

A Hayel no se le puede negar que mira de frente también a los argumentos que mejor pueden socavar su postura:

Sobre la especie humana se alza un inmenso y tutelar poder que asume la carga de asegurar las necesidades de la gente y cuidar de su destino y desenvolvimiento. El poder en cuestión es absoluto, minucioso, ordenado, previsor y bondadoso. Equivaldría al amor paterno si su misión fuera educar a los hombres en tanto alcanzan la edad adulta; pero, contrariamente, lo que pretende es mantenerlos en una infancia perpetua; es partidario de que el pueblo viva placenteramente a condición de que sólo piense en regocijarse. Convertido en el árbitro y origen de la felicidad de los humanos, el gobernante, con la mejor disposición, actúa y se preocupa de que nada les falte; satisface sus necesidades, facilita sus placeres, cuida de sus preocupaciones más importantes, dirige sus actividades mercantiles, regula el incremento de su patrimonio e interviene en su transmisión hereditaria. ¿Qué resta a las gentes por hacer cuando se les ha ahorrado las inquietudes de pensar y las tribulaciones que la vida comporta? A. DE TOCQUEVILLE

Hay que aclarar que cuando Hayek dice socialismo se refiere a una economía planificada con todos los medios de producción en poder del estado. Es decir, el comunismo. Pero reconocido esto, inmediatamente empezamos a inquietarnos con sus comentarios o sus citas:

La experiencia debería enseñamos la oportunidad de extremar las medidas que protegen la libertad, precisamente cuando los gobiernos abrigan propósitos benefactores. El auténtico partidario de la libertad se halla, naturalmente, en guardia para rechazar los ataques a la libertad procedentes de gobernantes perversos. Pero la amenaza preñada de mayores peligros anida en el insidioso actuar de hombres bienintencionados y de probado celo, pero de inteligencia obtusa. L. BRANDEIS

El socialismo, en el curso de ese centenar de años, había sometido a su hechizo a gran parte de los líderes intelectuales, y muchos le consideraron la meta definitiva a que fatalmente se dirigía la sociedad. El proceso alcanzó su momento culminante cuando, terminada la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña puso en marcha el experimento socialista.

Los futuros historiadores considerarán, probablemente, el período comprendido entre la revolución de 1848 y el año 1948 como el siglo del socialismo europeo. Durante este período el socialismo ofreció un significado bastante preciso y un programa definido. El objetivo común de todos los movimientos socialistas consistía en nacionalizar los «medios de producción, distribución y cambio», de tal suerte, que la actividad económica, como un todo y con sujeción a un plan general, se proyectara alcanzar un cierto ideal de justicia social.

El trascendental hecho registrado durante la última década se centra en que el socialismo, como método peculiar para alcanzar la justicia social, ha fracasado. No es sólo que se haya desvanecido su atractivo intelectual, sino el ostensible abandono de las masas, que ha obligado a los partidos socialistas de todas las latitudes a buscar con ansiedad nuevos programas que les aseguren el concurso activo de sus afiliados

En el mundo occidental puede decirse que lo sucedido en Rusia ha herido de muerte al marxismo. Ello no obstante, durante un tiempo comparativamente largo, fueron bien escasos los intelectuales que se percataron de que lo acontecido en la URSS era la inevitable y lógica consecuencia de la aplicación sistemática del programa tradicional del socialismo.

Quizá el factor más importante de la desilusión de los intelectuales socialistas haya sido la creciente constatación de que el socialismo significa la desaparición de la libertad individual. Aunque el argumento de que el socialismo y la libertad individual se excluyen mutuamente fue rechazado con indignación por aquellos intelectuales cuando lo esgrimieron sus oponentes

El socialismo, en tanto aspiraba a la completa reestructuración de la sociedad sobre bases nuevas, forzosamente había de considerar los pilares del sistema existente como meros estorbos que debían ser destruidos. Ahora bien, al carecer hoy de principios propios, es incapaz de explicar cuáles son los medios más idóneos para alcanzar sus nuevos objetivos.

Constatado que el comunismo es ya un espantajo, pasa a ocuparse de la versión light llamada Estado del Bienestar. 

A diferencia del socialismo, el concepto de Estado benefactor carece de significado preciso. La frase se utiliza a veces para describir un Estado que «se interese» de cualquier manera por problemas distintos de los referentes al mantenimiento de la ley y el orden.

Ahora bien, aunque son escasos los teóricos que pretenden reducir la acción de los poderes públicos al mantenimiento de la ley y el orden, tal postura no puede ampararse en el principio de la libertad. Tan sólo el poder coactivo del Estado ha de ser objeto de rigurosa limitación. Como antes se dijo (cap. XV), existe un innegable y amplio campo reservado a las actividades no coactivas del gobernante, y cuya financiación exige, indudablemente, acudir a la exacción fiscal.

Todos los gobiernos modernos han adoptado medidas protectoras de los indigentes, los desafortunados y los imposibilitados, y han prestado atención a las cuestiones sanitarias y a los problemas de la enseñanza. No hay razones para suponer que con el incremento de la riqueza no aumenten también tales actividades de puro servicio. Existen necesidades comunes que sólo pueden satisfacerse mediante la acción colectiva y que, por lo tanto, han de ser atendidas en dicha forma, sin que ello implique restringir la libertad individual.

No se puede negar que, a medida que la riqueza aumenta, ha de incrementarse de modo gradual aquel mínimo —que puede ser suministrado fuera del mercado— y que la comunidad ha facilitado siempre a los que no son capaces de proveer a su propio sustento, o bien que el Estado contribuirá a tales cometidos, asumiendo incluso su dirección, sin producir ningún daño. Poco puede oponerse a que el poder público intervenga e incluso tome la iniciativa en áreas tales como la seguridad social y la educación o a que subvencione temporalmente determinadas experiencias. El problema no lo suscitan tanto los fines perseguidos como los métodos empleados por la autoridad.

Aquí percibimos una grieta:

Es fácil demostrar que algunos de los objetivos del Estado-providencia pueden lograrse sin detrimento de la libertad individual, aunque para ello no se utilicen necesariamente los métodos que parecen más obvios y son, por lo tanto, más populares. Otros pueden conseguirse de manera similar, pero sólo hasta un cierto grado y a precio muy superior al que la gente imagina y se halla dispuesta a pagar; precio que únicamente tal vez podría soportar a medida que fuera aumentando la riqueza general. Finalmente, algunos —especial y entrañablemente estimados por los socialistas— no pueden ser alcanzados en una sociedad que desee salvaguardar la libertad del individuo.

Existen numerosos servicios públicos que a todos benefician y que sólo mediante el esfuerzo común pueden conseguirse; tal ocurre con parques, museos, teatros, campos de deporte, etc. Abundan las razones a favor de que dichas prestaciones se realicen por las autoridades locales más bien que por las nacionales. A continuación viene el importante aspecto de la seguridad, de la protección contra riesgos comunes a todos nosotros. La actitud del gobierno puede consistir tanto en reducir tales riesgos como en ayudar al pueblo para que se defienda contra los mismos. De cualquier manera, se impone la distinción entre dos conceptos de seguridad: la seguridad limitada, que puede lograrse para todos y que, por lo tanto, no constituye privilegio, y la seguridad absoluta. Esta última, dentro de una sociedad libre, no puede nunca existir para todos. La primera es la seguridad contra las privaciones físicas severas, la seguridad de un mínimo determinado de sustento para todos.

La segunda es la seguridad de un determinado nivel de vida, fijado mediante la comparación de los niveles de que disfruta una persona con los que disfrutan otras. La distinción, por tanto, se establece entre la seguridad de un mínimo de renta igual para todos y la seguridad de la renta particular que se estima que merece una persona [16] . La seguridad absoluta está íntimamente relacionada con la tercera y principal ambición que inspira al Estadoprovidencia: el deseo de usar los poderes del gobierno para asegurar una más igualo más justa distribución de la riqueza.

Aquí se ve la incomodidad de Hayek con la cuestión social:

Si todas las personas que sufren de falta de trabajo, enfermedad o previsión inadecuada para su vejez hubieran de ser liberadas inmediatamente de su tribulación, ni siquiera un sistema obligatorio total sería suficiente. Siempre que, en nuestra impaciencia por resolver tales problemas, concedamos al gobierno poderes exclusivos y monopolísticos, descubriremos que no veíamos más allá de nuestras narices.

Si el Estado no pretende tan sólo facilitar que un determinado sector de la población alcance cierto nivel de vida, sino que aspira a que todos lo consigan, únicamente verá convertido en realidad su deseo si priva a los interesados de las posibilidades de elección. De esta manera, el Estado benefactor se convierte en un Estado-hogareño, donde un poder paternalista gobierna la mayoría de los ingresos de la comunidad y los distribuye en la forma y cantidades que, según el criterio de la autoridad, los individuos necesitan o merecen.

Otra cita escogida por Hayek. No se da cuenta el columnista de The Economist que un servicio de salud que esté tecnológicamente al día necesita de unas inversiones de tal calibre, que ni la iniciativa privada puede abordar, si no es a costa de dejar fuera a los que no puedan financiar.

SEGURIDAD SOCIAL

La doctrina que propugna la instalación de una red de seguridad que permita recoger a quienes caen ha sido sustituida por el dogma de que es obligado facilitar una justa participación a todos, incluso a los que son plenamente capaces de permanecer en pie. THE ECONOMIST

Pero Hayek no es mala persona:

Siempre, en el mundo occidental, ha constituido un deber de la comunidad el arbitrar medidas de seguridad a favor de quienes —como consecuencia de eventos que escapan de su control— se ven amenazados por el hambre o la extrema indigencia.

En una sociedad industrializada resulta obvia la necesidad de una organización asistencial, en interés incluso de aquellas personas que han de ser protegidas contra los actos de desesperación de quienes carecen de lo indispensable.

Si de modo general se proclama el derecho a quedar protegidos contra las extremas adversidades —vejez, paro, enfermedad, etcétera—, prescindiendo de si los interesados podían y debían haber adoptado las medidas previsoras oportunas, y, sobre todo, si la asistencia adquiere tales proporciones que reduce al mínimo el esfuerzo individual, parece obvio que todo el mundo ha de venir obligado a asegurarse —o bien a adoptar las previsoras medidas de la clase que convenga— contra los habituales azares que comporta la vida.

Finalmente, es indudable que si el Estado exige que todo el mundo adopte determinadas medidas de previsión — de las que tan sólo antes algunos se cuidaba—, parece lógico que ese mismo Estado coadyuve a la creación de instituciones apropiadas al caso. En razón a que la acción estatal ha impulsado un proceso que sin su intervención se hubiera producido más lentamente, el costo de los estudios y el desarrollo de las nuevas instituciones idóneas resultan incumbencia de la colectividad, de igual manera que acontece con la investigación científica y la enseñanza y también con otras materias de interés público.

No rebasando estas limitaciones, el montaje de un completo mecanismo de «seguridad social» puede parecer justificado incluso a los más conspicuos partidarios de la libertad.

Pero si sobrepasamos el mínimo, empiezan los problemas según Hayek

Tan sólo cuando los partidarios de la «seguridad social» avanzan un paso más, surge el problema crucial. Incluso al iniciarse la política de «los seguros sociales» en Alemania, alrededor de 1880, no se invitó meramente a la gente a que hiciera previsiones frente a aquellos riesgos que, quisiéranlo o no, el Estado cubriría, sino que fue obligada a obtener tal protección a través de una organización centralizada y gobernada por los poderes públicos.

«Seguridad social», en consecuencia, desde su inicio, no sólo significó seguridad obligatoria, sino afiliación obligatoria en una organización única controlada por el Estado. La principal justificación del sistema —impugnado en su día desde todos los ángulos, aunque hoy se acepte, por lo general, como incontrovertible— radica en el supuesto de su mayor eficacia y de resultar, en el orden burocrático, más económico.

Pero a Hayek le preocupa la redistribución de riqueza por la puerta falsa de la seguridad social.

Aunque la redistribución de la renta no fue nunca el propósito inicial confesado del aparato de seguridad social, en la actualidad constituye el objetivo real admitido en todas partes. Ningún sistema de seguro obligatorio monopolístico ha dejado de transformarse en algo completamente distinto; siempre se ha convertido en un mecanismo destinado a la obligatoria redistribución de la renta.

La práctica de atender con cargo al erario público a quienes se hallan en extrema necesidad, imponiendo a la gente al propio tiempo la obligación de precaverse contra cualquier riesgo al objeto de no llegar a ser una carga para los demás, ha producido en la mayoría de los países un tercer sistema, a cuyo amparo el individuo, en ciertos casos — tales como la enfermedad y la vejez—, es atendido independientemente de que lo necesite y de que efectivamente se haya asegurado.

Bajo tal sistema, todos quedan a salvo y en condiciones de disfrutar aquel grado de bienestar que se piensa deben gozar, prescindiendo de que necesiten tal ayuda, así como de las efectivas aportaciones que hayan realizado o que aún pudieran en el futuro realizar.

Claro está que convertir en derechos una transferencia de renta no altera la circunstancia de que la única justificación de dichos seguros es la existencia de un verdadero estado de necesidad, de tal suerte que dichas entregas son siempre de índole caritativo.

Aquí está el núcleo de la argumentación liberal. La SS se financia con el dinero del trabajador «aunque no quiera». A Hayek «le preocupa» que los países pobres cuiden a sus enfermos en vez de aumentar el PIB. Por eso le «desvela» al trabajador la naturaleza recaudatoria de la SS. Con lo bien que está el dinero en el bolsillo de cada uno. 

Aunque, en sentido formal, el sistema de seguridad social hoy existente ha sido creado por decisiones democráticas, cabe poner en duda si la mayoría de los beneficiarios lo aprobarían si conocieran todo lo que implica. La carga que los afiliados aceptan al permitir la detracción de una parte de sus ingresos, para ser destinada a fines y objetivos que el Estado decide por sí mismo, resulta especialmente gravosa en los países relativamente pobres, donde lo que más urge y se precisa es un incremento en la producción de bienes. ¿Puede nadie razonablemente pensar que el obrero medio italiano, relativamente especializado, disfrute de alguna ventaja cuando, de la total remuneración que por su trabajo le abona el empresario, el 44 por 100 es entregado al Estado.

Si el trabajador se percatase en verdad de lo que ocurre y pudiera elegir entre la seguridad social o doblar sus ingresos para disponer de ellos a su antojo, ¿escogería la seguridad? En Francia, las cifras para todos los asegurados suponen alrededor del tercio del costo total del trabajo, y cabe preguntar: Dicha suma ¿no es más de lo que los trabajadores pagarían de buen grado por los servicios que el Estado les ofrece a cambio?

En este lugar tan sólo podemos considerar específicamente las principales ramas de la previsión social, es decir: los seguros contra la vejez; la incapacidad permanente para el trabajo debida a causa distinta de la edad; la muerte del cabeza de familia que proporcionaba el sustento; la enfermedad, y el paro.

PENSIONES

Pero es en las pensiones donde más recursos se acumulan:

La previsión para la vejez y las consecuencias que se derivan de la misma constituye el sector donde la mayoría de los países han contraído responsabilidades más importantes y el que probablemente ha de crear los más serios problemas. (Quizá pueda hacerse la salvedad de Gran Bretaña, donde el establecimiento de un servicio nacional de sanidad gratuito ha originado problemas de magnitud similar).

Los gobernantes de la mayoría de los países del mundo occidental son en la actualidad culpables de que los trabajadores ancianos se vean privados de los medios de ayuda que se habían esforzado en procurarse. Al perder la fe en una moneda estable y al abandonar el deber de mantener el signo monetario nacional, los poderes públicos han creado una situación en que a la generación que alcanzó la edad del retiro en los últimos años le han robado una gran parte de lo que habían reservado para los días de su jubilación.

El problema surge en forma grave tan pronto como el gobierno acomete la tarea de garantizar no sólo el mínimo, sino la previsión «adecuada» para todos los ancianos, prescindiendo de las necesidades individuales o de las aportaciones llevadas a cabo por los beneficiarios. Hay dos pasos críticos que se dan tan pronto como el Estado asume el monopolio de dicha previsión: el primero consiste en que la protección se conceda no sólo a quienes mediante sus aportaciones se la han ganado, sino también a otros que aún no la merecen; y el segundo estriba en que las pensiones no proceden de un fondo a tal fin acumulado, es decir, de la supletoria renta debida al esfuerzo capitalizador de los beneficiarios, sino de haberse detraído a quienes a la sazón trabajan una parte de lo producido por ellos.

Esto es igualmente cierto tanto si el Estado crea nominalmente un fondo y lo «invierte» en valores públicos (es decir, que se lo presta a sí mismo para gastarlo, por lo general, en mero consumo), como si atiende sus obligaciones acudiendo a las exacciones tributarias [22] , (La posible alternativa — nunca, sin embargo, aplicada— de invertir tales fondos en negocios productivos, daría pronto al Estado el absoluto control de la vida mercantil).

La imposibilidad de tasar una demanda que presiona a favor de tales alzas aparece con la máxima claridad en una reciente declaración del partido laborista británico, presuponiendo que una pensión realmente adecuada «significa el derecho a continuar viviendo en la misma vecindad, a disfrutar de los mismos pasatiempos y diversiones y a relacionarse con el mismo círculo de amigos» [26]

Probablemente, no ha de transcurrir demasiado tiempo sin que se arguya que, puesto que los retirados disponen de mayor ocio para gastar dinero, deben percibir más que quienes todavía trabajan. Con la era de redistribución que se aproxima, no hay razón para que la mayoría de las personas por encima de los cuarenta no intente que los más jóvenes trabajen para ellos. Llegados a este extremo, pudiera ocurrir que los físicamente más fuertes se rebelen y priven a los viejos tanto de sus derechos políticos como de sus pretensiones legales a recibir manutención.

Finalmente, no será la moral, sino el hecho de que los jóvenes nutren los cuadros de la policía y el ejército, lo que decida la solución: campos de concentración para los ancianos incapaces de mantenerse por sí mismos. Tal pudiera ser la suerte de una generación vieja cuyas rentas dependen de que las mismas, coactivamente, se obtengan de la juventud.

SEGURO MÉDICO

La dialéctica a favor del servicio médico gratuito contiene normalmente dos graves y fundamentales errores. En primer término, se basa en el supuesto de que la necesidad de la asistencia médica puede contratarse de modo objetivo y que puede y debe ser atendida en cada caso prescindiendo de toda consideración económica; y en segundo lugar, que dicha cobertura es, en el aspecto financiero, posible, habida cuenta que un completo servicio médico se traduce normalmente en una restauración de la eficacia laboral o capacidad productiva de los trabajadores beneficiarios, por lo que es indudable que se autofinancia 

Esta doble consideración, en realidad, altera la naturaleza misma del problema referente al mantenimiento de la salud y la vida. No hay baremo objetivo para juzgar el cuidado y esfuerzo requerido en cada caso particular. Asimismo, a medida que la medicina progresa se pone de manifiesto, más y más, que no existen límites para la cifra que pudiera resultar provechoso gastar con vistas a hacer cuanto objetivamente sea posible [29] . Tampoco es verdad que en nuestra valoración individual todo lo que pueda hacerse para asegurar la salud y la vida tenga prioridad absoluta sobre otras necesidades-

Ni el hombre más rico, normalmente, atiende cuantas exigencias el saber médico señala en favor de la salud, pues otros cometidos absorben su tiempo y energías. Alguien debe decidir siempre si merece la pena un esfuerzo adicional, un despliegue supletorio de recursos.

El problema que plantea el servicio médico gratuito se complica todavía más cuando se advierte que el objetivo que persigue la medicina en su progresiva evolución no es sólo restaurar la capacidad de trabajo, sino también el alivio de los sufrimientos y la prolongación de la vida; como es lógico, no se puede justificar este progreso alegando razones de tipo económico, sino consideraciones humanitarias. Sin embargo, mientras la tarea de combatir las enfermedades graves que sobrevienen e incapacitan a algunos en la edad viril se mueve en una esfera relativamente limitada, la de retardar los procesos crónicos que conducen al ser humano a la muerte no conoce límites. Esta última labor entraña un problema que bajo ningún concepto puede suponerse que la inagotable provisión de facilidades médicas resuelva.

Ocurrencias más que discutible, como él mismo advierte:

Es posible que la medida parezca incluso cruel, pero beneficiaría al conjunto del género humano si, dentro del sistema de gratuidad, los seres de mayor capacidad productiva fueran atendidos con preferencia, dejándose de lado a los ancianos incurables. En el sistema estatificado suele suceder que quienes pronto podrían reintegrarse a sus actividades se vean imposibilitados por tener que esperar largo tiempo a causa de hallarse abarrotadas las instalaciones médicas por personas que ya nunca podrán trabajar 

EL PARO

También tiene algo que decir del paro

A efectos dialécticos, admitimos la posibilidad de encontrar un sistema que asegure una cierta asistencia mínima en todo caso de verdadera necesidad, lográndose así que nadie carezca de alimentación y abrigo. Pero el seguro de paro nos presenta el problema de determinar qué supletoria asistencia debe otorgarse al trabajador con cargo a sus ingresos y especialmente si ello exige proceder a una redistribución de rentas con arreglo a específicas normas de justicia.

Conviene al interés general que la oferta de trabajo en estos sectores sea tasada de tal forma, que la correspondiente retribución estacional permita al trabajador atender a sus necesidades durante el año, o bien que la afluencia de mano de obra fluya y refluya periódicamente de una actividad a otra. También existe el paro provocado por resultar excesivas las retribuciones en determinada rama industrial, bien por haber sido estas artificiosamente elevadas mediante la presión sindical, bien a causa del declinar de la industria afectada. En ambos casos, para suprimir el desempleo es forzoso instaurar una determinada flexibilidad salarial y no dificultar la movilidad de los trabajadores: sin embargo, esta doble posibilidad se esteriliza si se concede a todo parado un cierto porcentaje de los salarios anteriormente percibidos.

Cuando una actividad industrial, a causa de su peculiar inestabilidad, presuponga la existencia de parados durante largos períodos, es de desear que, mediante la aparición de los oportunos salarios de cuantía elevada, se induzca a un número suficiente de trabajadores a aceptar el riesgo en cuestión.

La razonable solución de tales cuestiones en una sociedad libre consiste en que el Estado provea solamente un mínimo uniforme a todos los incapaces de mantenerse por sí mismos; se esfuerce por reducir el paro cíclico tanto como le sea posible, mediante una apropiada política monetaria, y deje a los esfuerzos voluntarios competitivos la misión de articular cualesquiera otras medidas de previsión tendentes a mantener los habituales niveles de vida. En este sentido, los sindicatos, una vez privados de su poder coactivo, es posible que aporten interesantes contribuciones. No debe olvidarse que desempeñaban perfectamente la misión de paliar las consecuencias del desempleo, cuando el Estado vino a relevarles en gran parte de la tarea ***

La circunstancia de que un sistema como el de la previsión social, dedicado a aliviar la pobreza, haya sido transformado en un mecanismo cuyo objetivo se centra en la redistribución de las rentas —redistribución que se supone basada en principios de justicia social que en realidad no concurren y que obedecen a decisiones puramente arbitrarias— ha dado origen al cúmulo de dificultades que por doquier avasallan al mismo sistema y a que se mantenga en primer plano la discusión en torno a la llamada «crisis de los seguros sociales».

Ahora bien, existe notable diferencia entre la provisión de dicho mínimo a favor de los que no ganan lo suficiente en un mercado que funciona normalmente y una redistribución con miras a la «justa» remuneración de cualquier actividad laboral, es decir, entre una redistribución donde la inmensa mayoría que gana su vida conviene en facilitar a quienes son incapaces de subvenir a sus necesidades y aquel otro tipo distributivo en el que los más deciden tomar de una minoría una parte de su riqueza sencillamente por ser superior a la suya.

10.- IMPUESTOS Y REDISTRIBUCIÓN

Con este aparado Hayek considera que desafía el sentido común, pues rechaza los impuestos progresivos y propone los proporcionales. Con los primeros considera que los mismos servicios públicos tendrán precios distintos en función del nivel de renta. Por esta misma razón, probablemente, no habla de los impuestos indirectos, pues tienen la propiedad que el desea:

Por muchas razones desearía poder omitir este capítulo. La dialéctica empleada contradice criterios tan extendidos, que por fuerza tiene que ofender a muchos. Incluso quienes me han seguido hasta aquí considerando razonable el conjunto de mi postura, probablemente pensarán que mis puntos de vista sobre el sistema tributario son claramente radicales, además de no ser posible llevarlos a la práctica.

Acudir a un sistema fiscal de tipo progresivo como el método más idóneo para conseguir la redistribución de la riqueza es conceptuado por la inmensa mayoría de la gente tan justo, que eludir el estudio analítico de este tema constituiría una hipocresía.

Comencemos por aclarar que el sistema progresivo que vamos a examinar, y que estimamos, a la larga, incompatible con una sociedad libre, es aquel que impone carácter progresivo a la carga fiscal en su conjunto, es decir, aquel que grava con tipos impositivos superiores a las mayores rentas. Determinadas contribuciones, y singularmente la de la renta, podrían hacerse progresivas sobre la base de que así se compensa la tendencia de muchos impuestos indirectos a gravar más onerosamente a quienes perciben menores ingresos. Este es el único argumento válido a favor de la progresión.

Como ha ocurrido también con otras muchas medidas análogas, el mecanismo tributario de tipo progresivo ha asumido la categoría que hoy tiene por haber sido introducido de modo fraudulento invocando falsos pretextos. Cuando en la época de la Revolución francesa, y posteriormente durante la agitación socialista que precedió a las revoluciones de 1848, fue propugnado por vez primera como medio de redistribución de rentas, la medida fue rechazada de modo absoluto. 

El sentir general, sin embargo, quedó perfectamente reflejado en la afirmación de A. Thiers: «La proporcionalidad es un principio; la progresividad, en cambio, resulta odiosa arbitrariedad». John Stuart Mill, por su parte, definía a esta última como «solapado hurto».

Fue en Alemania, entonces a la cabeza de la «reforma social», donde los partidarios de los sistemas tributarios a base de escalas progresivas vencieron por primera vez la resistencia que se les oponía, iniciándose la moderna evolución de tal régimen impositivo.

Los ingresos que provienen de las elevadas tarifas aplicadas a las grandes rentas, no sólo resultan de escasa cuantía en comparación con la recaudación total, sin suponer alivio perceptible a la carga que soportan el resto de los contribuyentes, sino que, durante mucho tiempo después de haber sido introducida la progresión impositiva, no resultaron beneficiados los más pobres; el beneficio recayó sobre las clases trabajadoras mejor dotadas y los bajos estratos de las clases medias, que suministraban el mayor número de votantes.

En cambio, es más probable que la principal razón de que los impuestos se hayan incrementado tan rápidamente haya sido la ilusión de que la fiscalidad progresiva desplazaría la carga tributaria sobre la espalda de los ricos, y, bajo la influencia de esta ilusión, las masas han aceptado, a su vez, soportar una presión fiscal mucho mayor de lo que habría ocurrido de producirse las cosas distintamente. En realidad, el único resultado tangible de esta política fiscal radica en la drástica limitación impuesta a los beneficios que pueden retirar quienes triunfan en la vida mercantil, lo cual satisface la envidia de los menos afortunados.

Lo que más se precisa es una regla que, dejando abierta la posibilidad de que la mayoría se imponga tributos a sí misma para ayudar a la minoría, no permita en cambio que la mayoría cargue sobre la minoría cualquier gravamen que estime conveniente. El que la mayoría, por el simple hecho de serlo, se considere facultada para imponer a la minoría sacrificios que ella rechaza supone violar un principio de mayor trascendencia que el propio principio democrático, pues implica ir contra la justificación misma de la democracia.

Por eso, Hayek propone el sistema proporcional:

En pro de la proporcionalidad militan argumentos de peso, con independencia de aquel al que acabamos de aludir, es decir, el de brindar una regla fija que resulta aceptable tanto para los que pagan más como para los que pagan menos. 

No aludimos ahora a la respectiva importancia de las diferentes rentas individuales, sino a la relación entre las percepciones por servicios específicos, siendo tal aspecto de la cuestión de trascendencia económica.

 

(Con la imposición progresiva) Por un mismo asunto dos abogados obtienen diferentes honorarios líquidos, según sea la cuantía del resto de sus ingresos; es decir, que los profesionales en cuestión obtendrán ganancias dispares por un esfuerzo similar… Resulta, por ello, que, cuanto más valoran los consumidores las actuaciones de cierta persona, menos interés tiene esta en ampliar sus actividades.

Es harto probable que, cuándo con razón lamentamos «que se están agotando las oportunidades para acometer nuevas inversiones, ello se deba, en gran parte, a la política fiscal que elimina numerosas actividades que el capital privado pudiera emprender provechosamente»  

En este párrafo aborda una cuestión crucial: la del mérito que justifica determinadas ganancias. Si Hayek parte del principio de la limitación de conocimientos del individuo y enfatiza el carácter social y progresivo de los avances ¿Por qué justifica que un individuo habilidoso en el uso de las finanzas pueda llegar a ganar cantidades desorbitadas. 

Refleja bien tal manera de pensar aquel argumento alegado en favor de la fiscalidad progresiva, según el cual «nadie vale 10.000 libras esterlinas anuales, y, en nuestro actual estado de pobreza, cuando la mayoría de la gente no llega a ganar seis libras a la semana, sólo un puñado de personas realmente excepcionales merecen unos ingresos anuales superiores a las 2000 libras esterlinas»

Usa el argumento de que se tiene el derecho a la ganancia porque se arriesga el capital propio:

El sistema resulta inaplicable cuando de lo que se trata es de retribuir a quienes manejan recursos propios por su cuenta y riesgo, aspirando fundamentalmente a incrementar dichas riquezas a través de sus propias ganancias. Para tales personas la acumulación de bienes productivos es la base que les permite ejercitar su vocación, de la misma forma que la adquisición de cierta técnica y habilidad o determinados conocimientos constituye análogo presupuesto para el ejercicio de las profesiones.

Hay que decir que las personas con grandes capitales no lo arriesgan y buscan financiación ajena para emprender grandes inversiones procurando que su patrimonio no se vea afectado por eventuales fracasos. Sin embargo, Hayek piensa que:

El creer que los ingresos personales se destinan al consumo ordinario —si bien es lo natural para el asalariado— resulta totalmente ajeno a quien pretenda crear una empresa. Incluso el concepto de ganancia en tales casos no es frecuentemente más que una mera abstracción estructurada a efectos puramente fiscales. Es harto dudoso que una sociedad que no admite retribuciones superiores a aquellas que la mayoría considera justas y que vilipendia la adquisición de fortunas en un corto lapso de tiempo pueda, a la larga, mantener el sistema de empresa privada.

la creación de nuevas entidades es y, sin duda, siempre será tarea que sólo podrán realizar individuos con importantes capitales propios…

Además cree que los impuestos limitan el despliegue de la inventiva de los ricos:

«las cargas fiscales absorben la mayor parte de los beneficios excesivos obtenidos por el nuevo empresario, la presión tributaria le impide acumular capital y desarrollar convenientemente sus negocios; jamás podrá convertirse en un gran comerciante o industrial y luchar denodadamente contra la rutina y los viejos hábitos. Los antiguos empresarios no tienen que temer su competencia; la mecánica fiscal les cubre con su manto protector. Pueden, así, abandonarse a la rutina, fosilizarse en su conservadurismo, desafiar impunemente los deseos de los consumidores.

Y cree que es una conspiración de los ricos establecidos que no quieren la competencia de los advenedizos.

Cierto que la presión tributaria les impide también acumular nuevos capitales. Pero lo importante para los hombres de negocios ya situados es que se impida al peligroso recién llegado disponer de mayores recursos. En realidad, el mecanismo tributario les emplaza en posición privilegiada. De esta suerte, la imposición progresiva obstaculiza el progreso económico, fomentando la rigidez y el inmovilismo»   

A Hayek le preocupa la limitación por arriba de los ingresos. Preocupación que tiene origen en la congelación del uso de capitales para el progreso. No considera que es perfectamente posible establecer que tales límites con el condicionado que el resto no vaya a impuestos, sino a inversiones de interés por parte de las mismas empresas productivas o de investigación. El hecho de que el beneficio extra no vaya a las manos del propietario no implica que éste no pueda tomar decisiones sobre su destino, una vez descontados los impuestos. 

En aquellos países en los que el régimen impositivo sobre los ingresos ha introducido tipos más elevados, el afán igualitario toma cuerpo impidiendo que nadie pueda tener ingresos superiores a un cierto límite. (En Gran Bretaña, durante la última guerra, la renta neta máxima, detraída la carga fiscal, se fijó en 5000 libras esterlinas aproximadamente. 

En su búsqueda de argumento incurre en algún desvarío. Pues en los países pobres las élites (normalmente militares) absorben todo el capital sin ninguna preocupación por el progreso general:

¿Puede nadie dudar que los países pobres, impidiendo la aparición de gentes ricas, no hacen sino retrasar y dificultar la elevación del nivel general de vida?

 

Y su propuesta es que las clases medias y bajas cargen con el costo del estado:

Si se desea implantar un régimen fiscal razonable, es obligado respetar la norma siguiente: la propia mayoría que fijó el importe total de las cargas fiscales ha de soportar, a su vez, el porcentaje máximo impositivo.

La mejor norma sería aquella que fijara un porcentaje máximo (marginal) de impuestos directos igual al porcentaje de la renta nacional que el Estado absorbe con sus gastos. Es decir, que si la fiscalidad detrae el 25 por 100 de la renta nacional, los impuestos directos no deben superar el 25 por 100 de la renta individual.

Con la siguiente corrección:

Tal porcentaje nos daría el tipo general de la contribución sobre las rentas, tipo que para los de menores ingresos sería reducido proporcionalmente a los impuestos indirectos por ellos abonados.

11.- LA CUESTIÓN MONETARIA

«Ningún medio más seguro y artero para trastocar la base de una sociedad que el de envilecer su signo monetario. Entran en juego, al servicio de la destrucción, todas las leyes económicas, y, lo que es más, ni una sola persona de cada millón tiene capacidad bastante para diagnosticar el mal.» J. M. KEYNES

Hayek no se siente cómodo con la sustitución del dinero por bonos, pagarés y demás métodos de crédito y su manejo en mercados secundarios porque favorece la intervención del estado en las cuestiones monetarias con la creación de organismos centrales como la Reserva Federal o los Bancos Centrales. 

Si no se hubiera impuesto ampliamente el uso de los instrumentos de crédito y demás sustitutos monetarios, tal vez cabría confiar en la autorregulación del mercado monetario. Hoy, sin embargo, nada de ello es posible. No podemos ya prescindir del dinero crediticio, base en la que se asienta en gran parte la moderna vida mercantil.

Concurren además otros factores que no desaparecerían por la mera modificación del sistema monetario, factores que, hoy por hoy, obligan a que los poderes públicos intervengan en esta materia. Tal situación se debe fundamentalmente a tres causas de trascendencia y vigencia desiguales. La primera de ellas influye sobre todo sistema monetario en todo tiempo.

Si, por tal razón, resulta tan perturbadora la variación de las disponibilidades monetarias, viene aún a agravar las cosas el hecho de que, como es sabido, puede ser manipulada de modo pernicioso la cuantía de aquellas. Lo que importa es que la velocidad de circulación de la moneda no cambie desordenadamente. Pero ello exigiría que cuando la gente desea variar su tenencia de efectivo (o, como dicen los economistas, cuando buscan ampliar o reducir su liquidez), las disponibilidades monetarias variaran en consonancia.

En cualquier economía en que el crédito se emplea como sustituto del dinero —y difícil es impedirlo— la oferta de tales sustitutos monetarios tiende a ser «nocivamente elástica». Ello es natural, pues las mismas consideraciones que inducen a la gente a incrementar la tenencia de numerario impelen a quienes mediante el crédito crean tales sustitutivos a restringir su concesión y viceversa.

Incluso países como Estados Unidos, que durante largo tiempo se resistieron a admitir tales instituciones, al fin comprendieron que, para evitar pánicos periódicos, todo sistema en el que se haga amplio uso del crédito bancario tiene que apoyarse en tal organismo central, con capacidad para, en todo momento, producir el efecto necesario; gracias a esta función monetaria viene dicha institución, en definitiva, a controlar las facilidades crediticias totales.

Y para Hayek esto tiene un riesgo enorme: la inflación por exceso de dinero circulante. En efecto sin crédito sólo el dinero puede producir inflación.

Así las cosas, álzase ante nosotros la inflación como la más terrible de las amenazas. Siempre y por doquier ha sido el Estado el responsable máximo de la depreciación monetaria.

Al estudiar las actividades del Estado-providencia advertíamos cómo todas ellas abogan por la inflación. La continua elevación de los salarios, que los sindicatos propugnan, unida a la política de empleo total, hoy imperante, veíamos tenía forzosamente que desembocar en medidas inflacionarias, militando en el mismo sentido el deseo de aligerar, mediante la reducción del valor de la moneda, la tremenda carga que los seguros sociales suponen al erario.

Conviene agregar, aunque tal vez la afirmación no guarde relación directa con el tema, que los poderes públicos, al parecer, recurren invariablemente a la inflación cuando sus gastos superan el 25 por 100 de la renta nacional, buscando así una reducción arbitraria de los compromisos adquiridos.

Son muchos quienes quisieran minimizar la trascendencia del largo período de inflación mundial al que nos referimos, afirmando que las cosas han sido siempre así y que la historia del mundo, en definitiva, no es más que la historia de la inflación.

La actual filosofía inflacionista se ampara fundamentalmente en la extendida creencia de que la deflación —o sea, lo opuesto a la inflación— es aún más nociva que esta; de tal suerte que, para estar del lado de lo seguro, mejor es pecar de inflacionista que de deflacionista.

La diferencia entre inflación y deflación estriba tan sólo en que, con la primera, la grata sorpresa antecede a la desagradable reacción que inexorablemente se produce. En caso de deflación, por el contrario, de inmediato hace su aparición la depresión mercantil y sólo después viene la reacción.

Nuestros conocimientos actuales parecen indicar que se habrían evitado las grandes depresiones históricas si se hubieran impedido las inflaciones que invariablemente las precedieron; en cambio, nada sabemos hoy acerca de cómo curar una depresión ya aparecida.

La inflación es la inseparable compañera de una filosofía política que aconseja manipular las disponibilidades monetarias al objeto de disimular en lo posible los daños provocados por las múltiples injerencias estatales. Tal política, a la larga, convierte al gobernante en esclavo de sus anteriores decisiones, obligándole a adoptar medidas cuyo carácter pernicioso bien le consta.

Todo el problema monetario gira hoy en torno al dilema de si debe mantenerse cierto nivel de empleo o, por el contrario, conviene más estabilizar los precios. La realidad es que ambos objetivos no son entre sí contradictorios, siempre que sean interpretados razonablemente —con aquella indispensable elasticidad que permita pequeñas fluctuaciones en torno a un cierto nivel— y siempre también que se haga al final prevalecer la estabilidad monetaria, exigencia a la que habrá de acomodarse toda la restante política económica.

Pero este conflicto resulta insoluble cuando el «pleno empleo» se convierte en objetivo principal y se desea alcanzar en todo momento aquel máximo de ocupación que puede imponerse a corto plazo mediante manipulaciones monetarias. Tal camino conduce inexorablemente a la inflación galopante.

Hay dos circunstancias sobre las que no nos cansaremos de insistir. En primer término, sólo suprimiendo la inflación se puede pensar en poner coto efectivo a esa progresiva estatificación del mundo económico que hoy se observa por todas partes. En segundo lugar, conviene advertir la peligrosidad de toda alza inflacionaria de los precios, pues, provocada, ya sólo cabe una de estas dos soluciones: o proseguir por el camino inflacionario a ritmo cada vez más acelerado o purgar con crisis y depresión los anteriores pecados monetarios.

Los defensores de la libertad, son deslumbrados por los momentáneos beneficios que produce la inflación, hasta el extremo de propugnar la implantación de medidas expansionistas que acaban siempre por destruir las sociedades libres.

12.- EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

«Si los poderes públicos abolieran los subsidios tendentes a disminuir el costo de los alquileres y, al mismo tiempo, redujeran, en cuantía exactamente igual, las exacciones fiscales que pesan sobre los sectores laborales, no sufrirían estos el menor perjuicio económico; ahora bien, es indudable que las masas trabajadoras preferirían aplicar sus retribuciones no a disponer de viviendas adecuadas, sino a cometidos distintos, con lo que se hacinarían en locales infectos, toda vez que muchos ni siquiera conocen las ventajas de ocupar habitaciones más confortables y el resto valoran en menos la vivienda que otras comodidades. Esta es la razón, y la única razón válida, que justifica los subsidios, y la expongo con tanta crudeza porque el tema es analizado a menudo sin enfrentarse con la auténtica realidad, por los escritores de tendencias izquierdistas«. W. A. Lewis.

Nada ha contribuido en mayor grado a minar el respeto de la gente hacia la propiedad, la ley y los tribunales, como la circunstancia de que constantemente se acuda a la autoridad con la pretensión de que decida cuál, en el conflicto de dos apetencias contrapuestas, deba prevalecer, tanto si se trata de distribuir el beneficio de servicios públicos esenciales, como de disponer de la que nominalmente se considera propiedad privada con arreglo al juicio que al jerarca merezca la urgencia de contrarias necesidades individuales. Por ejemplo, cuando se somete a la autoridad gubernativa la tarea de dilucidar quién sufrirá mayores daños, «el arrendador —padre de tres niños de corta edad, cuya esposa se encuentra inválida— al que se deniega la pretensión de ocupar una vivienda de su propiedad» o «el inquilino de aquella vivienda —con un niño tan sólo a su cargo y la madre política físicamente impedida— al que se forzará a desalojar la habitación en virtud de demanda promovida por el arrendador»

No se olvide, por último, que en términos generales, sólo se puede canalizar la actividad pública a la construcción de viviendas con destino a las familias más necesitadas si se parte del obligado supuesto de que los nuevos alojamientos no han de ser más cómodos ni de alquileres más módicos que los utilizados antes por tales núcleos de población, puesto que si se diera el caso de que los individuos así protegidos gozaran de mayores ventajas que los situados inmediatamente sobre ellos en cuanto a medios económicos, la presión que realizarían para obtener análogo beneficio sería tan irresistible que desencadenaría un proceso constantemente renovado y que progresivamente incrementaría el número de solicitantes.

La gente, si se decide a vivir hacinada en destartalados inmuebles, es tan sólo porque de tal suerte se le proporciona la ansiada oportunidad de beneficiarse de las altas remuneraciones que la actividad ciudadana proporciona. Ahora bien, cuando se pretende que tan sórdidas viviendas desaparezcan hay que elegir de dos cosas una: o bien se impide que los individuos en cuestión aprovechen lo que constituye una parte de sus ingresos ordenando el derribo de sus míseros alojamientos, pero de módicos alquileres —donde radicaba su ventajosa situación— y se les obliga a abandonar la ciudad hasta tanto no se disponga para todos de locales con condiciones mínimas de habitabilidad [8] , o, en otro caso, se les facilita viviendas decorosas a menor precio de su costo, lo que equivale a otorgarles un subsidio que les permita continuar residiendo en la urbe, causa a su vez de que nuevas gentes que se hallan en análoga situación inicien su éxodo hacia la ciudad.

Cuando se les facilita alojamiento más confortable y económico, el éxodo hacia las poblaciones alcanza un ritmo mucho más intenso. Sólo existen dos maneras de resolver el problema: o bien se permite que los factores económicos disuasivos operen, o bien se implanta un rígido control que imponga orden y canalice la afluencia de nuevas gentes; los partidarios de la libertad consideran la primera solución como mal menor.

13.- RECURSOS NATURALES

Aquí entra, Hayek a discutir las pretensiones de los conservacionistas o ecologistas. Es interesante por la extraña lógica que, en definitiva, lleva a autorizar la destrucción del planeta.

La dialéctica que de modo más espectacular ha persuadido a la gente de que es necesario acudir a una dirección centralizada cuando se trata de la conservación de los recursos naturales, parte del supuesto de que la sociedad supera al individuo en interés y conocimiento de lo que en el porvenir acontecerá, y que la conservación de ciertos bienes de la naturaleza plantea cuestiones distintas de las que suscitan la adopción de las medidas relativas a los fenómenos que en el futuro han de registrarse.

Además, se presupone que la sociedad dedicaría, en términos generales, mayor proporción de recursos a constituir reservas para el futuro de los que las decisiones individuales por separado conseguirían. O, como a menudo se afirma: la comunidad valora en más las necesidades futuras (o las descuenta a un tipo de interés más bajo) que los individuos. Si el argumento fuera válido, la planificación centralizada de la mayoría de las actividades económicas quedaría justificada. Pero es incuestionable que en apoyo de esta tesis nada puede aducirse, salvo el propio juicio arbitrario de quienes la defienden.

La mayor parte de los argumentos que se esgrimen en defensa de la conservación de los recursos descansan sencillamente en prejuicios carentes de lógica. Sus partidarios dan por supuesto que existe algo particularmente deseable respecto al flujo de servicios que un determinado producto puede proporcionar en cierto momento y que tal nivel de rendimiento debe ser mantenido en forma permanente. Aun cuando reconocen que esa política es imposible de realizar cuando se trata de los «recursos agotables», consideran calamitoso que el índice de aprovechamiento de los «recursos renovables» disminuya por debajo del nivel físico que es posible mantener. Tal es la posición que con frecuencia se adopta por lo que se refiere a la fertilidad de la tierra en general y a las disponibilidades de pesca, caza, etc.

Quizá la mejor manera de concretar el punto de vista principal sea afirmar que todos los esfuerzos en pro de la conservación de recursos significan una inversión y, por lo tanto, deben ser ponderados precisamente con criterio igual a las demás inversiones. No hay nada mejor, para preservar los recursos naturales, que convertirlos en el más deseable objeto de inversión para el equipo y la capacidad de creación de la mente humana; por ello, siempre que la sociedad prevea el agotamiento de determinados recursos y canalice sus inversiones de tal manera que los ingresos totales se hallen en consonancia con los fondos disponibles para inversión, no hay razones económicas para el mantenimiento de la especie que sea de recursos.

Estas palabras son proféticas, en relación con la extraña lógica de los depredadores de recursos naturales. 

Se ha dicho con acierto que cuando «el partidario de la conservación de los recursos nos apremia a realizar una mayor provisión para el futuro, de hecho nos impulsa a reducir las reservas de que dispondrá la posteridad».

El caso de los parques nacionales, el de los patrimonios convertidos en las denominadas reservas naturales, etc., equivale al de los esparcimientos y comodidades de esta clase que las municipalidades proporcionan en menor escala. Mucho cabría decir con respecto a la posibilidad de que organizaciones de tipo voluntario colaboren en estas tareas, como ocurre con el National Trust en Gran Bretaña, evitando la intervención coactiva de la autoridad. Ahora bien, nada puede objetarse a que los poderes públicos faciliten tales ventajas y comodidades destinando al efecto bienes del patrimonio estatal o adquiridos mediante fondos procedentes de las exacciones fiscales e incluso acudiendo a la expropiación forzosa; pero en todos estos casos la colectividad ha de otorgar su consentimiento conociendo el costo real que impliquen, sin ignorar que al adoptar su decisión ha prescindido de otras soluciones posibles y, en fin, que no se trataba de un único objetivo apetecible, sino que también se podían atender otras necesidades. Si, en efecto, los contribuyentes tienen exacto conocimiento de los gastos que todo ello provoca y en definitiva son quienes deciden, no es preciso, en términos generales, insistir más sobre estos temas. 

14.- EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Tampoco la educación ha quedado fuera del foco del interés de Hayek.

«Confiar la instrucción pública al Estado es una maquinación aviesa tendente a moldear la mente humana de tal manera que no exista la menor diferencia de un individuo a otro; el molde utilizado a tal efecto es el más grato al régimen político imperante, ya se trate de una monarquía, una teocracia, una aristocracia, o bien a la opinión pública del momento; en la medida en que tal cometido se realiza con acierto y eficacia, queda entronizado un despotismo sobre la inteligencia de los humanos que más tarde, por natural evolución, somete a su imperio el cuerpo mismo de la gente» J. S. MILL [

La ignorancia constituye, en muchas ocasiones, el principal obstáculo para canalizar el esfuerzo de cada individuo de tal suerte que proporcione a los demás los máximos beneficios; y, por otra parte, no cabe duda que poderosas razones aconsejan —en interés de la propia sociedad— se facilite instrucción incluso a los que se muestran poco inclinados a aprender o a realizar a tal efecto algún sacrificio.

En el caso de la población infantil, resulta obligado advertir que, como es lógico, no ha de operar un sistema de libertad ilimitada, ya que no son seres plenamente responsables de sus actos. Aun cuando, en términos generales, el interés de los mismos niños exige que el cuidado de su bienestar, tanto corporal como mental, corresponda a sus padres o tutores, tal circunstancia en modo alguno significa que gocen de omnímodo poder para tratarles a su antojo. El resto de los miembros de la sociedad tienen también indudable interés en el bienestar de la población infantil. Los motivos para exigir de padres o tutores que faciliten a cuantos se hallan sometidos a su potestad un mínimo de educación, aparecen perfectamente claros.

Es necesario que ciertos módulos valorativos sean aceptados por los más; y si bien insistir excesivamente sobre tal conveniencia puede provocar repercusiones hostiles a la filosofía liberal, es indudable que la coexistencia pacífica se convertiría en una entelequia sin la coincidencia en tales principios. En los países consolidados, en los que predomina la población indígena, el problema reviste menor trascendencia; pero existen casos —como el de los Estados Unidos en la época de las grandes inmigraciones— en que pueden agudizarse en extremo. No puede negarse que, si los Estados Unidos no hubieran implantado, utilizando su sistema de escuelas públicas, una deliberada política de «americanismo», se habrían visto obligados a afrontar problemas harto complejos y no hubieran llegado a ser el «crisol de pueblos» por antonomasia.

En este orden de cosas, es forzoso admitir que la mayoría de los liberales decimonónicos, de modo harto ingenuo, pusieron excesiva confianza en los logros que podrían derivarse de la mera extensión del nivel de cultura. Partiendo de su liberalismo racionalista, defendieron, en distintas ocasiones, la conveniencia de implantar la enseñanza obligatoria, dando por supuesto que bastaría con difundir el saber para que se solucionaran automáticamente los más importantes problemas, y como si fuera suficiente inculcar a las masas aquel mínimo de conocimientos que el hombre instruido posee para que comenzara una nueva etapa en la «batalla contra la ignorancia»

 

En realidad, cuanto más valoremos la influencia que la instrucción ejerce sobre la mente humana, más deberíamos percatamos de los graves riesgos que implica entregar estas materias al cuidado exclusivo del gobernante.

Hayek es coherente y desconfía de la gestión pública de la educación 

Como ha demostrado el profesor Milton Friedman, sería posible en nuestra época sufragar el coste de la instrucción con cargo a los ingresos públicos sin mantener escuelas estatales, con sólo facilitar a los padres bonos que, cubriendo el importe de los gastos que implicara la educación de cada adolescente, pudieran ser entregados en los establecimientos escolares de su elección.

La cuestión más importante, en realidad, se centra en descubrir el método idóneo para seleccionar entre la masa escolar aquellos muchachos que merezcan ver prolongados sus estudios más allá del límite fijado para la generalidad. También parece lógico que una sociedad que desea obtener de las cantidades que puede destinar a la enseñanza el máximo rendimiento habrá de asignar sumas mayores a aquella élite, comparativamente pequeña, dedicada a altos estudios, y tal supuesto hoy equivaldría precisamente no a prolongar el período educativo de la mayoría, sino a ampliar el núcleo de la población dedicado a los estudios superiores.

La situación es diferente cuando el costo de la instrucción superior no supone, en la mayoría de los casos, que los individuos que obtuvieron una preparación más completa hayan de recibir mayores emolumentos por los servicios profesionales que prestan al público (como ocurre con médicos, abogados, ingenieros, etc.), puesto que el objetivo, a la larga, es una mayor divulgación y aumento del saber, que repercute sobre toda la comunidad. El beneficio que a la colectividad le proporcionan científicos y estudiosos no guarda relación con los emolumentos percibidos por los servicios que particularmente proporcionan, pues muchos de sus logros repercutirán gratuitamente sobre todas las gentes. En consecuencia, existen poderosos motivos que inducen a facilitar ayuda a algunos de los que parecen mejor dotados y que desean proseguir con verdadera ansiedad cultivando determinadas disciplinas.

Hayek advierte lo que ya dijo un siglo antes el mariscal Bismarck:

La circunstancia de que el interés general aconseje facilitar a los más capaces la posibilidad de alcanzar la máxima formación profesional no quiere decir, en modo alguno, que todos los así dotados hayan de sacar necesariamente el mejor partido, ni que tal tipo de preparación haya de quedar circunscrito a los más inteligentes, llegando a convertirlo en el cauce normal o exclusivo para escalar las más altas posiciones. De suceder así las cosas, como hace poco alguien ha señalado, se acentuaría la división de las clases sociales, y los menos dotados quedarían en situación penosa si los más inteligentes aparecieran como triunfadores y pasaran de manera automática y deliberada a formar parte de las clases pudientes, convirtiéndose en una realidad aquella general creencia de que los seres relativamente más pobres son también los menos inteligentes. Tampoco ha de olvidarse que en algunos países europeos se registra un nuevo hecho que ha adquirido enormes proporciones: la existencia de más intelectuales de los que pueden ganar su vida dignamente. No cabe mayor peligro para la estabilidad política de un país que la existencia de un auténtico proletariado intelectual sin oportunidades para emplear el acervo de sus conocimientos. Eso ya lo vió Bismark. 

El texto que de modo más explícito y categórico arguye en pro de esas tendencias se encuentra en Equality, de R. H. Tawney. El autor de este opúsculo, que tanta influencia ha ejercido, afirma que sería injusto «invertir menos en la instrucción de los torpes que en la de los inteligentes». Ahora bien, en cierta medida, las dos aspiraciones en conflicto, la de conceder idéntica oportunidad a todos y la de dar mayores facilidades a los más capaces (lo que, como sabemos, tiene poco que ver con el mérito en sentido moral) han llegado a confundirse en todas las latitudes.

Si hemos de decidir con arreglo a justicia, es conveniente dejar sentado con toda precisión que quienes «merecen», en interés de la colectividad, disfrutar de un más alto nivel de conocimientos no son precisamente los que mayor mérito tienen contraído con arreglo a su esfuerzo y sacrificio personal. Las dotes naturales y la mayor capacidad intelectual constituyen «ventajas tan injustas» como pueden serio las circunstancias que nos rodean o el medio en que se nace; pero, en cambio, limitar los beneficios que obtienen aquellos cuyas aptitudes nos parecen firme garantía de que aprovecharán mejor la ampliación de sus estudios, más bien aumenta que disminuye la discordancia existente entre la posición económica de los individuos y sus méritos personales.

Hayek no cree en la igualdad de oportunidades, que, en su opinión, perjudica a los menos favorecidos.

Por dignos de los que sean quienes, impulsados por móviles de justicia, ansían que todos inicien su vida en igualdad de oportunidades, se trata de un ideal totalmente inalcanzable. Y, lo que es todavía más grave, la pretensión de que se ha convertido en realidad, o bien que nos hallamos muy cerca de la meta, implica tan sólo que la situación empeorará para los menos afortunados.

Aspirar a que el punto de partida sea el mismo para todos los que residen en un determinado país es, para el progreso de la civilización, como si sostuviéramos que análoga igualdad debería haberse garantizado a quienes iniciaron su vida en épocas distintas o en diferentes lugares. En interés de la propia colectividad, convendría, sin duda, que algunos individuos que han demostrado poseer una capacidad excepcional para los estudios o la pura investigación dispusieran de medios para seguir su vocación con independencia de la posición económica de su núcleo familiar.

La pretensión de que tan sólo han de recibir instrucción quienes evidenciaron, mediante pruebas, tener la capacidad requerida comporta que las personas sean clasificadas con arreglo a un baremo objetivo y que determinada opinión ha de prevalecer por doquier respecto a las personas que han de recibir los beneficios de la educación superior. Ello quiere decir que la población queda jerarquizada de tal suerte, que ocupa siempre el primer lugar el que ostenta el certificado de genio, y el último, el calificado de retrasado mental; un orden jerárquico que todavía es peor al dar por supuesta la existencia del «mérito» y al determinar el acceso a situaciones en las que el valor de cada uno puede ser puesto de manifiesto.

Curiosamente, ve peligro en la generalización de la educación perjudique a la investigación puntera.

Y así como en el sector de las ciencias experimentales los centros de investigación donde los jóvenes científicos hacen su aprendizaje satisfacen en cierta medida tales necesidades, se corre el riesgo de que, en otras ramas del saber, la extensión democrática de la instrucción se realice a expensas de aquel original quehacer que mantiene vivo el conocimiento.

La razón de que todavía instituciones como las tradicionales universidades, dedicadas a la investigación ya la enseñanza en las fronteras del saber, continúen siendo las fuentes más importantes de las nuevas aportaciones culturales radica en que permiten, en un ambiente de libertad, elegir los temas dignos de estudio y establecer contactos con representantes de las distintas disciplinas, capaces de crear las mejores condiciones para la concepción y persecución de nuevas ideas.

El problema de facilitar del modo más eficaz el progreso del saber se halla, por tanto, íntimamente relacionado con el principio de «libertad de cátedra». El contenido de este concepto se desarrolló en los países del continente europeo donde las universidades eran generalmente instituciones estatales, que quedaban al margen —en virtud del mismo— de interferencias políticas en sus tareas.

Al final del libro, Hayek, cree oportuno marcar las diferencias con la posición de los conservadores, que, en su opinión, son confundidos, a menudo, con las posiciones liberales. Dado que es una cuestión todavía vigente, reproduzco el texto completo:

POR QUÉ NO SOY CONSERVADOR

1. El conservador carece de objetivo propio Cuando, en épocas como la nuestra, la mayoría de quienes se consideran progresistas no hacen más que abogar por continuas menguas de la libertad individual [2] , aquellos que en verdad la aman suelen tener que malgastar sus energías en la oposición, viéndose asimilados a los grupos que habitualmente se oponen a todo cambio y evolución. Hoy por hoy, en efecto, los defensores de la libertad no tienen prácticamente más alternativa, en el terreno político, que apoyar a los llamados partidos conservadores. La postura que he defendido a lo largo de esta obra suele calificarse de conservadora, y, sin embargo, es bien distinta de aquella a la que tradicionalmente corresponde tal denominación.

Conviene, pues, trazar una clara separación entre la filosofía que propugno y la que tradicionalmente defienden los conservadores. El conservadurismo implica una legítima, seguramente necesaria y, desde luego, bien difundida actitud de oposición a todo cambio súbito y drástico. Nacido tal movimiento como reacción frente a la Revolución francesa, ha desempeñado, durante siglo y medio, un importante papel político en Europa. Lo contrario del conservadurismo, hasta el auge del socialismo, fue el liberalismo.

No existe en la historia de los Estados Unidos nada que se asemeje a esta oposición, pues lo que en Europa se llamó liberalismo constituyó la base sobre la que se edificó la vida política americana; por eso, los defensores de la tradición americana han sido siempre liberales en el sentido europeo de la palabra [3] . La confusión que crea esa disparidad entre ambos continentes ha sido últimamente incrementada al pretenderse trasplantar a América el conservadurismo europeo, que, por ser ajeno a la tradición americana, adquiere en los Estados Unidos un tinte hasta cierto punto exótico.

Aun antes de que lo anterior ocurriera, los radicales y los socialistas americanos comenzaron a atribuirse el apelativo de liberales. Pese a ello, yo continúo calificando de liberal mi postura, que estimo difiere tanto del conservadurismo como del socialismo.

Mi recelo ante el término liberal brota no sólo de que su empleo, en los Estados Unidos, es causa de constante confusión, sino también del hecho de que el liberalismo europeo de tipo racionalista, lejos de propagar la filosofía realmente liberal, desde hace tiempo viene allanando los caminos al socialismo y facilitando su implantación.

Permítaseme ahora pasar a referirme al mayor inconveniente que veo en el auténtico conservadurismo. Es el siguiente: la filosofía consevadora, por su propia condición, jamás nos ofrece alternativa ni nos brinda novedad alguna. Tal mentalidad, interesante cuando se trata de impedir el desarrollo de procesos perjudiciales, de nada nos sirve si lo que pretendemos es modificar y mejorar la situación presente.

Tal vez sea preciso «aplicar el freno al vehículo del progreso» [4] ; pero yo, personalmente, no concibo dedicar con exclusividad la vida a tal función. Al liberal no le preocupa cuán lejos ni a qué velocidad vamos; lo único que le importa es aclarar si marchamos en la buena dirección.

Se suele suponer que, sobre una hipotética línea, los socialistas ocupan la extrema izquierda y los conservadores la opuesta derecha, mientras los liberales quedan ubicados más o menos en el centro; pero tal representación encierra una grave equivocación. A este respecto, sería más exacto hablar de un triángulo, uno de cuyos vértices estaría ocupado por los conservadores, mientras socialistas y liberales, respectivamente, ocuparían los otros dos. Así situados, y comoquiera que, durante las últimas décadas, los socialistas han mantenido un mayor protagonismo que los liberales, los conservadores se han ido aproximando paulatinamente a los primeros, mientras se apartaban de los segundos; los conservadores han ido asimilando una tras otra casi todas las ideas socialistas a medida que la propaganda las iba haciendo atractivas.

Han transigido siempre con los socialistas, para acabar robando a estos su caja de truenos. Esclavos de la vía intermedia [5] , sin objetivos propios, los conservadores fueron siempre víctimas de aquella superstición según la cual la verdad tiene que hallarse por fuerza en algún punto intermedio entre dos extremos; por eso, casi sin darse cuenta, han sido atraídos alternativamente hacia el más radical y extremista de los otros dos partidos.

El que otrora la filosofía liberal tuviera más partidarios y algunos de sus ideales casi se consiguieran da lugar a que haya quienes crean que los liberales sólo saben mirar hacia el pasado. Aquellos objetivos a los que los liberales aspiran jamás en la historia fueron enteramente conseguidos. De ahí que el liberalismo siempre mirará hacia adelante, deseando continuamente purgar de imperfecciones las instituciones sociales. El liberalismo nunca se ha opuesto a la evolución y al progreso. Es más: allí donde el desarrollo libre y espontáneo se haya paralizado por el intervencionismo, lo que el liberal desea es introducir drásticas y revolucionarias innovaciones.

Muy escasas actividades públicas de nuestro mundo actual perdurarían bajo un auténtico régimen liberal. En su opinión, lo que hoy con mayor urgencia precisa el mundo es suprimir, sin respetar nada ni a nadie, esos innumerables obstáculos con que se impide el libre desarrollo.

Tales instituciones, para el liberal, no resultan valiosas por ser antiguas o americanas, sino porque convienen y apuntan hacia aquellos objetivos que él desea conseguir. Conservadurismo y liberalismo Antes de pasar a ocupamos de los puntos en que más difieren las posiciones liberal y conservadora, me parece oportuno resaltar cuánto podían haber aprendido los liberales en las obras de algunos pensadores netamente conservadores. Los profundos y certeros estudios (ajenos por completo a los temas económicos) que tales pensadores nos legaron, evidenciando la utilidad que encierran las instituciones natural y espontáneamente surgidas, vienen a subrayar realidades de enorme trascendencia para la mejor comprensión de lo que realmente es una sociedad libre. Por reaccionarias que fueran en política figuras como Coleridge, Bonald, De Maistre, Justus Möser o Donoso Cortés, lo cierto es que advirtieron claramente la trascendencia que encierran instituciones formadas espontáneamente tales como el lenguaje, el derecho, la moral y diversos pactos y contratos, anticipándose a tantos modernos descubrimientos, de tal suerte que habría sido de gran utilidad para los liberales estudiar cuidadosamente sus escritos.

Por lo general, los conservadores reservan para la evolución del pasado la admiración y el respeto que los liberales sienten por la libre evolución de las cosas. Carecen del valor necesario para dar la alegre bienvenida a esos mismos cambios engendradores de riqueza y progreso cuando son coetáneos. He aquí la primera gran diferencia que separa liberales y conservadores. Lo típico del conservador, según una y otra vez se ha hecho notar, es el temor a la mutación, el miedo a lo nuevo simplemente por ser nuevo [6] ; la postura liberal, por el contrario, es abierta y confiada, atrayéndole, en principio, todo lo que sea libre cambio y evolución, aun constándole que, a veces, se procede un poco a ciegas.

Pero los conservadores, cuando gobiernan, tienden a paralizar la evolución o, en todo caso, a limitarla a aquello que hasta el más tímido aprobaría. Jamás, cuando avizoran el futuro, piensan que puede haber fuerzas desconocidas que espontáneamente arreglen las cosas; mentalidad esta en abierta contraposición con la filosofía de los liberales, quienes, sin complejos ni recelos, aceptan la libre evolución, aun ignorando a veces hasta dónde puede llevarles el proceso.

La incapacidad de la gente para percibir por qué tiene que ajustarse la oferta a la demanda, por qué han de coincidir las exportaciones con las importaciones y otras realidades parecidas, tal vez sea la razón fundamental que les hace oponerse al libre desenvolvimiento del mercado. Los conservadores sólo se sienten tranquilos si piensan que hay una mente superior que todo lo vigila y supervisa; ha de haber siempre alguna «autoridad» que vele por que los cambios y las mutaciones se lleven a cabo «ordenadamente». Ese temor a que operen unas fuerzas sociales aparentemente incontroladas explica otras dos características del conservador: su afición al autoritarismo y su incapacidad para comprender el mecanismo de las fuerzas que regulan el mercado.

Para el conservador el orden es, en todo caso, fruto de la permanente atención y vigilancia ejercida por las autoridades; estas, a tal fin, deben disponer de los más amplios poderes discrecionales, actuando en cada circunstancia según estimen mejor, sin tener que sujetarse a reglamentos rígidos. Han tenido que recurrir a los escritos de autores que siempre se consideraron a sí mismos liberales. Macaulay, Tocqueville, Lord Acton y Locke, indudablemente, eran liberales de los más puros. El propio Edmund Burke fue siempre un «viejo whig» y, al igual que cualquiera de los personajes antes citados, se hubiera horrorizado ante la posibilidad de que alguien le tomara por tory.

El conservador, por lo general, no se opone a la coacción ni a la arbitrariedad estatal cuando los gobernantes persiguen aquellos objetivos que él considera acertados. No se debe coartar —piensa — con normas rígidas y prefijadas la acción de quienes están en el poder, si son gentes honradas y rectas. El conservador, esencialmente oportunista y carente de principios generales, se limita, al final, a recomendar que se encomiende la jefatura del país a un gobernante sabio y bueno, cuyo imperio no proviene de esas sus excepcionales cualidades —que todos desearíamos adornaran a la superioridad—, sino de los autoritarios poderes que ejerce [8] .

Al conservador, como al socialista, lo que le preocupa es quién gobierna, desentendiéndose del problema relativo a la limitación de las facultades atribuidas al gobernante; y, como el marxista, considera natural imponer a los demás sus valoraciones personales.

Los objetivos de los conservadores, en términos generales, me agradan mucho más que los de los socialistas; para un liberal, sin embargo, por mucho que valore determinados fines, jamás es lícito obligar a quienes aprecien de otro modo las cosas a esforzarse por la consecución de las metas apetecidas. Estoy seguro de que algunos de mis amigos conservadores se sobresaltarán por las «concesiones» que al parecer hago a las tendencias modernas en la parte tercera de esta obra.

Tales tendencias (Seguridad social, educación pública, vivienda), a mí, personalmente, en gran parte, me gustan tan poco como a ellos, y, llegado el caso, incluso votaría en contra de las mismas; pero no puedo invocar argumento alguno de tipo general para demostrar a quienes mantienen un punto de vista distinto al mío que las correspondientes medidas son incompatibles con aquella sociedad que tanto ellos como yo deseamos.

El convivir y el colaborar fructífera mente en sociedad exige tanto respeto para aquellos objetivos que pueden diferir de los nuestros personales; presupone permitir a quienes valoren de modo distinto al nuestro tener aspiraciones diferentes a las que nosotros abrigamos, por mucho que estimemos los propios ideales. Por tales razones, el liberal, en abierta contraposición a conservadores y socialistas, en ningún caso admite que alguien tenga que ser coaccionado por razones de moral o religión.

Pienso con frecuencia que la nota que tipifica al liberal, distinguiéndole tanto del conservador como del socialista, es precisamente esa su postura de total inhibición ante las conductas que los demás adopten siguiendo sus creencias, siempre y cuando no invadan ajenas esferas de actuación legalmente amparadas. Tal vez ello explique por qué el socialista desengañado, con mucha mayor facilidad y frecuencia, tranquiliza sus inquietudes haciéndose conservador en vez de liberal.

La mentalidad conservadora, en definitiva, entiende que dentro de cada sociedad existen personas patentemente superiores, cuyas valoraciones, posiciones y categorías deben protegerse, correspondiendo a tales excepcionales sujetos un mayor peso en la gestión de los negocios públicos. Los liberales, naturalmente, no niegan que hay personas de superioridad indudable; en modo alguno son igualitaristas. Pero no creen que haya nadie que por sí y ante sí se halle facultado para decidir subjetivamente quiénes, entre los ciudadanos, deban ocupar esos puestos privilegiados. Mientras el conservador tiende a mantener cierta predeterminada jerarquía y desea ejercer la autoridad para defender el status de aquellos a quienes él personalmente valora, el liberal entiende que ninguna posición otrora conquistada debe ser protegida contra los embates del mercado mediante privilegios, autorizaciones monopolísticas ni intervenciones coactivas del Estado.

El liberal no desconoce el decisivo papel que ciertas élites desempeñan en el progreso cultural e intelectual de nuestra civilización; pero estima que quienes pretenden ocupar en la sociedad una posición preponderante deben demostrar esa pretendida superioridad acatando las mismas normas que se aplican a los demás.

La actitud que el conservador suele adoptar ante la democracia está íntimamente relacionada con lo anterior. Ya antes hice constar que no considero el gobierno mayoritario como un fin en sí, sino sólo como un medio, o incluso quizá como el mal menor entre los sistemas políticos entre los que tenemos que elegir. Sin embargo, se equivocan, en mi opinión, los conservadores cuando atribuyen los males de nuestro tiempo a la existencia de regímenes democráticos. Lo malo es el poder político ilimitado.

En este sentido, la democracia guarda íntima relación con la expansión de las facultades gubernamentales. Lo recusable, sin embargo, no es la democracia en sí, sino el poder ilimitado del que dirige la cosa pública, sea quien fuere. ¿Por qué no se limita el poder de la mayoría, como se intentó siempre hacer con el de cualquier otro gobernante? Dejando a un lado tales circunstancias, las ventajas que la democracia encierra, al permitir el cambio pacífico de régimen y al educar a las masas en materia política, se me antojan tan grandes, en comparación con los demás sistemas posibles, que no puedo compartir las tendencias antidemocráticas del conservadurismo.

Lo que en esta materia importa no es tanto quién gobierna, sino qué poderes ha de ostentar el gobernante. La esfera económica nos sirve para constatar cómo la oposición conservadora al exceso de poder estatal no obedece a consideraciones de principio, sino que es pura reacción contra determinados objetivos que ciertos gobiernos pueden perseguir. Los conservadores rechazan, por lo general, las medidas socializantes y dirigistas cuando del terreno industrial se trata, postura esta a la que se suma el liberal. Ello no impide que al propio tiempo suelan ser proteccionistas en los sectores agrarios. Si bien la mayor parte del dirigismo que hoy domina en la industria y el comercio es fruto del esfuerzo socialista, no menos cierto es que las medidas restrictivas en el mercado agrario fueron, por lo general, obra de conservadores que las implantaron aun antes de imponerse las primeras.

Conviene, no obstante, volver sobre el tema, pues la postura conservadora en tal materia no sólo supone grave quiebra para el conservadurismo como partido, sino que, además, puede perjudicar gravemente a cualquier otro grupo que con él se asocie. Intuyen los conservadores que son sobre todo nuevos idearios los agentes que provocan las mutaciones sociales. Y teme el conservador a las nuevas ideas precisamente porque sabe que carece de pensamiento propio que oponerles. Su repugnancia a la teoría abstracta, y la escasez de su imaginación para representarse cuanto en la práctica no ha sido ya experimentado, le dejan por completo inerme en la dura batalla de las ideas. El liberal no comete el error de creer que toda evolución implica mejoría; pero estima que la ampliación del conocimiento constituye uno de los más nobles esfuerzos del hombre y piensa que sólo de este modo es posible resolver aquellos problemas que tienen humana solución.

Siempre me han irritado quienes se oponen, por ejemplo, a la teoría de la evolución o a las denominadas explicaciones «mecánicas» del fenómeno de la vida, simplemente por las consecuencias morales que, en principio, parecen deducirse de tales doctrinas, así como quienes estiman impío o irreverente el mero hecho de plantear determinadas cuestiones. Los conservadores, al no querer enfrentarse con la realidad, sólo consiguen debilitar su posición. Si llegamos a la conclusión de que alguna de nuestras creencias se apoyaba en presupuestos falsos, estimo que sería incluso inmoral seguir defendiéndola pese a contradecir abiertamente la verdad. Esa repugnancia que el conservador siente por todo lo nuevo y desusado parece guardar cierta relación con su hostilidad hacia lo internacional y su tendencia al nacionalismo patriotero.

Una teoría torpe y errada no deja de serIo por haberla concebido un compatriota. Aunque mucho más podría decir sobre el conservadurismo y el nacionalismo, creo que es mejor abandonar el asunto, pues algunos tal vez pensarán que es mi personal situación la que me induce a criticar todo tipo de nacionalismo. Sólo agregaré que esa predisposición nacionalista que nos ocupa es con frecuencia lo que induce al conservador a emprender la vía colectivista. Después de calificar como «nuestra» tal industria o tal riqueza, sólo falta un paso para demandar que dichos recursos sean puestos al servicio de los «intereses nacionales».

Sin embargo, es justo reconocer que aquellos liberales europeos que se consideran hijos y continuadores de la Revolución francesa poco se diferencian en esto de los conservadores. Creo innecesario decir que el nacionalismo nada tiene que ver con el patriotismo, así como que se puede repudiar el nacionalismo sin por ello dejar de sentir veneración por las tradiciones patrias.

El que me agrade mi país, sus usos y costumbres, en modo alguno implica que deba odiar cuanto sea extranjero y diferente. Sólo a primera vista puede parecernos paradójico que la repugnancia que el conservador siente por lo internacional vaya frecuentemente asociada a un agudo imperialismo. El repugnar lo foráneo y el hallarse convencido de la propia superioridad inducen al individuo a considerar como misión suya «civilizar» a los demás [11] y, sobre todo, «civilizarlos» no mediante el intercambio libre y deseado por ambas partes que el liberal propugna, sino imponiéndoles «las bendiciones de un gobierno eficiente».

¿Por qué no soy conservador? En un solo aspecto puede decirse con justicia que el liberal se sitúa en una posición intermedia entre socialistas y conservadores. En efecto, rechaza tanto el torpe racionalismo del socialista, que quisiera rehacer todas las instituciones sociales a tenor de ciertas normas dictadas por sus personales juicios, como del misticismo en que con tanta facilidad cae el conservador. El liberal se aproxima al conservador en cuanto desconfía de la razón, pues reconoce que existen incógnitas aún sin desentrañar; incluso duda a veces que sea rigurosamente cierto y exacto todo aquello que se suele estimar definitivamente resuelto, y, desde luego, le consta que jamás el hombre llegará a la omnisciencia. El liberal, por otra parte, no deja de recurrir a instituciones o usos útiles y convenientes porque no hayan sido objeto de organización consciente. Difiere del conservador precisamente en este su modo franco y objetivo de enfrentarse con la humana ignorancia y reconocer lo poco que sabemos, rechazando todo argumento de autoridad y toda explicación de índole sobrenatural, cuando la razón se muestra incapaz de resolver determinada cuestión. A veces puede parecernos demasiado escéptico [13] , pero la verdad es que se requiere un cierto grado de escepticismo para mantener incólume ese espíritu tolerante típicamente liberal que permite a cada uno buscar su propia felicidad por los cauces que estima más fecundos.

De cuanto antecede en modo alguno se sigue que el liberal haya de ser ateo. Antes al contrario, y a diferencia del racionalismo de la Revolución francesa, el verdadero liberalismo no tiene pleito con la religión, siendo muy de lamentar la postura furibundamente antirreligiosa adoptada en la Europa decimonónica por quienes se denominaban liberales. Que tal actitud es esencialmente antiliberal lo demuestra el que los fundadores de la doctrina, los viejos whigs ingleses, fueron en su mayoría gente muy devota. Lo espiritual y lo temporal constituyen para él esferas claramente separadas que nunca deben confundirse.

¿Qué nombre daríamos al partido de la libertad? Lo hasta aquí expuesto basta para evidenciar por qué no me considero conservador. Muchos, sin embargo, estimarán dificultoso el calificar de liberal mi postura, dado el significado que hoy se atribuye generalmente al término; parece, pues, oportuno abordar la cuestión de si tal denominación puede ser, en la actualidad, aplicada al partido de la libertad. Con independencia de que yo, durante toda mi vida, me he calificado de liberal, vengo utilizando tal adjetivo, desde hace algún tiempo, con creciente desconfianza, no sólo porque en los Estados Unidos el vocablo da lugar a continuas confusiones, sino además porque cada vez voy viendo con mayor claridad el insoslayable valladar que me separa de ese liberalismo racionalista típico de la Europa continental y aun del de los utilitaristas británicos.

Si por liberalismo entendemos lo que entendía aquel historiador inglés que en 1827 definía la revolución de 1688 como «el triunfo de esos principios hoy en día denominados liberales o constitucionales» [14] ; si se atreviera uno, con Lord Acton, a saludar a Burke, Macaulay o Gladstone como los tres grandes apóstoles del liberalismo, o, con Harold Laski, a decir que Tocqueville y Lord Acton fueron «los auténticos liberales del siglo XIX» [15] , constituiría para mí motivo del máximo orgullo el adjudicarme tan esclarecido apelativo.

Me siento inclinado a llamar verdadero liberalismo a las doctrinas que los citados autores defendieron. La verdad, sin embargo, es que quienes en el continente europeo se denominaron liberales propugnaron en su mayoría teorías a las que estos autores habrían mostrado su más airada oposición, impulsados más por el deseo de imponer al mundo un cierto patrón político preconcebido que por el de permitir el libre desenvolvimiento de los individuos.

Casi otro tanto cabe predicar del sedicente liberalismo inglés, al menos desde la época de Lloyd George. En consecuencia, debemos reconocer que actualmente ninguno de los movimientos y partidos políticos calificados de liberales puede considerarse liberal en el sentido en que yo he venido empleando el vocablo. Asimismo, las asociaciones mentales que, por razones históricas, hoy en día suscita el término seguramente dificultarán el éxito de quienes lo adopten.

Por resultar imposible, de hecho, en los Estados Unidos, servirse del vocablo en el sentido en que yo lo empleo, últimamente se está recurriendo al uso del término «libertario». Tal vez sea esa una solución; a mí, de todas suertes, me resulta palabra muy poco atractiva. Me parece demasiado artificiosa y rebuscada. Por mi parte, también he pretendido hallar una expresión que reflejara la afición del liberal por lo vivo y lo natural, su amor a todo lo que sea desarrollo libre y espontáneo. Pero en verdad que he fracasado. Apelación a los «old whigs» Lo más curioso de la situación es que esa filosofía que propugnamos, cuando apareció en Occidente, tenía un nombre, y el partido que la defendía también poseía un apelativo por todos admitido. Los ideales de los whigs ingleses cristalizaron en aquel movimiento que, más tarde, toda Europa denominó liberal [16] , movimiento en el que se inspiraron los fundadores de los actuales Estados Unidos para luchar por su independencia y al redactar su carta constitucional [17] . Whigs se denominaron, entre los anglosajones, los partidarios de la libertad, hasta que el impulso demagógico, totalitario y socializante que nace con la Revolución francesa viniera a trasmutar su primitiva filosofía.

El vocablo desapareció en su país de origen, en parte, debido a que el pensamiento que había representado durante cierta época dejó de ser patrimonio exclusivo de un determinado partido político y, en parte, porque quienes se agrupaban tras esa denominación traicionaron sus originarios ideales. Su facción revolucionaria acabó desacreditando, a lo largo del siglo pasado, tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos, a los partidos whig.

Si tenemos en cuenta que el movimiento deja de denominarse whig, para adoptar el calificativo de liberal, precisamente cuando queda infectado del racionalismo rudo y dictatorial de la Revolución francesa — correspondiendo a nosotros la tarea de destruir ese racionalismo nacionalista y socializante que tanto daño ha hecho al partido—, creo que la palabra whig es la que mejor refleja tal conjunto de ideas.

Es cierto que la postura que más tarde adoptaron algunos de sus representantes ha hecho dudar a algunos historiadores de que, efectivamente, el partido whig profesara la filosofía que le atribuimos; pero, como acertadamente escribe Lord Acton, aunque es indudable «la torpeza de algunos de los patriarcas de la doctrina, la idea de una ley suprema, que se halla por encima de nuestros ordenamientos y códigos — idea de la que parte toda la filosofía whig—, es la gran obra que el pensamiento británico legó a la nación» [18]… y al mundo entero, agregamos nosotros.

No coincidían con el ideario en cuestión ni el radicalismo de un Jefferson ni el conservadurismo de un Hamilton o incluso de un John Adams. Sólo un James Madison, el «padre de la Constitución», sabría brindamos la correspondiente formulación americana [19] .

No sé realmente si vale la pena infundir nueva vida al viejo vocablo whig. El que en la actualidad, tanto en los países anglosajones como fuera de ellos, la gente sea incapaz de dar al vocablo un contenido preciso, más que un inconveniente, me parece una ventaja. Harto elocuente es el malestar y la desazón que al conservador, y aún más al socialista arrepentido, convertido a los ideales conservadores, produce todo lo auténticamente whig. Demuestran con ello un agudo instinto político, pues fue la filosofía whig el único conjunto de ideas que opuso un racional y firme valladar a la opresión y a la arbitrariedad política.

Pero ¿acaso tiene tanta trascendencia la cuestión del nombre? Allí donde, como acontece en los Estados Unidos, las instituciones son aún sustancialmente libres y la defensa de la libertad, por tanto, las más de las veces, coincide con la defensa del orden imperante, no parece que haya de encerrar grave peligro el denominar conservadores a los partidarios de la libertad, aun cuando, en más de una ocasión, a estos últimos ha de resultar embarazosa tan plena identificación con quienes sienten tan intensa aversión al cambio.

No es lo mismo defender una determinada institución por el mero hecho de existir que propugnarla por estimarla fecunda e interesante. El hecho de que el liberal coincida con otros grupos en su oposición al colectivismo no debe hacer olvidar que mira siempre hacia adelante, hacia el futuro; ni siente románticas, nostalgias, ni desea idealmente revivir el pasado. Es, pues, imprescindible trazar una clara separación entre estos dos modos de pensar, sobre todo cuando, como ocurre en muchas partes de Europa, los conservadores han aceptado ya gran parte del credo colectivista. En efecto, las ideas socialistas han dominado la escena política europea durante tanto tiempo, que muchas instituciones de indudable signo colectivista son ya por todos aceptadas, constituyendo incluso motivo de orgullo para aquellos partidos «conservadores» que las implantaron [20] .

En estas circunstancias, el partidario de la libertad no puede menos de sentirse radicalmente opuesto al conservadurismo, viéndose obligado a adoptar una actitud de franca rebeldía ante los prejuicios populares, los intereses creados y los privilegios legalmente reconocidos.

Los errores y los abusos no resultan menos dañinos por el hecho de ser antiguos y tradicionales. Tal vez sea sabio el político que se atiene a la máxima del quieta non movere; pero dicha postura repugna en principio al estudioso. Reconoce este, desde luego, que en política conviene proceder con cautela, no debiendo el estadista actuar en tanto la opinión pública no esté debidamente preparada y dispuesta a seguirle; ahora bien, lo que aquel jamás hará es aceptar determinada situación simplemente porque la opinión pública la respalde.

En este nuestro mundo actual, donde, de nuevo, como en los albores del siglo XIX, la gran tarea estriba en suprimir todos esos obstáculos e impedimentos, arbitrados por la insensatez humana, que coartan y frenan el espontáneo desarrollo, es preciso buscar el apoyo de las mentes «progresistas»; es decir, de aquellos que, aun cuando posiblemente estén hoy moviéndose en una dirección equivocada, desean no obstante enjuiciar de modo objetivo lo existente, en orden a modificar todo lo que sea necesario.

Dejo en manos de ese «hábil y sinuoso animal, vulgarmente denominado estadista o político, que sabe siempre acomodar sus actos a la situación del momento» [21] , el problema de cómo incorporar a un programa que resulte atractivo a las masas el ideario que en el presente libro he querido exponer hilvanando retazos de una tradición ya casi perdida.

El estudioso en materia política debe aconsejar e ilustrar a la gente; pero no le compete organizarla y dirigirla hacia la consecución de objetivos específicos. El teórico sólo desempeñará eficazmente aquella función si prescinde de que sus recomendaciones sean o no, por razones políticas, plasmables en la práctica. Debe atender sólo a los «principios generales que jamás varían» [22] . Dudo mucho, por ello, que ningún auténtico investigador político pueda jamás ser de verdad conservador. La filosofía conservadora puede ser útil en la práctica; pero no nos brinda ninguna norma que nos indique hacia dónde, a la larga, debemos orientar nuestras acciones.

A partir de aquí Hayek proporciona un relato interesante sobre la aparición del Estado de Derecho que reproducimos completa:

Thomas Hobbes creía que fue «pura y simplemente otro error de la Política de Aristóteles el que, en una comunidad bien ordenada, no los hombres sino las leyes debieran gobernar», a lo que James Harrington replicó que «el arte en cuya virtud una sociedad civil se instituye y preserva sobre la base de derechos e intereses comunes… (consiste en) seguir a Aristóteles y a Tito Livio en materia de imperio de las leyes y no de los hombres»

A lo largo del siglo XVII la influencia de los escritores latinos reemplazó grandemente la directa influencia de los griegos, por lo que es inexcusable examinar brevemente la tradición derivada de la República romana. Las famosas leyes de las XII Tablas, inspiradas en una consciente imitación de las leyes de Solón, constituyen el fundamento de su concepción de la libertad. La primera de aquellas estipula que «ningún privilegio o status será establecido en favor de personas privadas, en detrimento de otras, contrario a la ley común de todos los ciudadanos, que todos los individuos, sin distinción de rango, tienen derecho a invocar»

Tácito y, sobre todo, Cicerón llegaron a ser los principales autores a través de los cuales se difundió la tradición clásica. Para el moderno liberalismo, Cicerón se convirtió en la principal autoridad y a él debemos muchas de las formulaciones más efectivas de la libertad bajo la ley. A él pertenece el concepto de las reglas generales, de las leges legum que gobiernan la legislación; el de la obediencia a las leyes si queremos ser libres y el de que el juez haya de ser tan sólo la boca a través de la cual habla la ley.

Durante el siglo II después de Cristo, sin embargo, el socialismo de Estado avanzó rápidamente, y, con su desarrollo, la libertad que había creado la igualdad ante la ley fue progresivamente destruida al propio tiempo que se iniciaban las exigencias de otra clase de igualdad. Durante el Bajo Imperio los estrictos preceptos legales fueron debilitándose y cediendo ante una nueva política social en que el Estado incrementó su intervención en la vida mercantil. Las consecuencias de esta evolución, que había de culminar bajo la égida de Constantino, condujo, en palabras de un distinguido estudioso del Derecho romano, a que «el imperio absoluto proclamara, juntamente con el principio de equidad, la autoridad de la voluntad imperial libre de las barreras de la ley. Justiniano, con sus doctos profesores, llevó tal proceso a la cima de sus conclusiones»

A partir de este momento, quedó relegada al olvido durante mil años la idea de que la legislación debe servir para proteger la libertad del individuo. Más tarde, cuando el arte de legislar fue redescubierto, el Código de Justiniano, con sus ideas de un príncipe que está por encima de las leyes, sirvió de modelo en el continente.

En Inglaterra, sin embargo, la amplia influencia que ejercieron los autores clásicos durante el reinado de Isabel ayudó a preparar el camino para un proceso distinto. A poco de la muerte de la reina comenzó la gran lucha entre el Rey y el Parlamento, de la que derivó la libertad del individuo. Es significativo que las disputas, muy similares a aquellas con las que nos enfrentamos hoy en día, comenzaran muy principalmente en materia de política económica.

Al historiador del siglo XIX las medidas de Jacobo I y Carlos I, provocadoras del conflicto, pudieron parecerle cuestiones anticuadas sin ningún interés temático. Para nosotros los problemas suscitados por los intentos reales de crear monopolios industriales tienen un marchamo familiar. Carlos I incluso intentó nacionalizar la industria del carbón, y pudo ser disuadido de ello únicamente cuando se le informó de que dicha nacionalización podía ser origen de una rebelión.

Desde que un tribunal sentenció, en el famoso Pleito de los Monopolios, que la concesión del privilegio exclusivo para la producción de un artículo iba «contra el derecho común y la libertad del ciudadano», la exigencia de leyes iguales para todos los individuos se convirtió en el arma principal del Parlamento frente a los deseos reales. Los ingleses aprendieron entonces, mejor de lo que lo han hecho hoy, que el control de la producción significa siempre la creación de privilegios.

Existió, no obstante, otra clase de regulación económica, que ocasionó la primera gran declaración del principio básico: el Memorial de Agravios de 1610 provocado por las nuevas reglamentaciones sobre edificación en Londres y la prohibición de fabricar almidón de trigo. La célebre réplica de la Cámara de los Comunes declaraba que entre todos los tradicionales derechos de los ciudadanos británicos «no existe otro más querido y preciado que el de guiarse y gobernarse por ciertas normas legales que otorgan a la cabeza y a los miembros lo que en derecho les pertenece, sin quedar abandonados a la incertidumbre y a la arbitrariedad como sistema de gobierno… De esta raíz ha crecido el indudable derecho del pueblo de este reino a no hallarse sujeto a ningún castigo que afecte a sus vidas, tierras, cuerpos o bienes, distinto de los contenidos en el derecho común de este país o en los estatutos elaborados con el consenso del Parlamento»

Sin embargo, en la discusión a que dio lugar el Estatuto de los Monopolios de 1624, Sir Edward Coke, el gran fundador de los principios whigs, desarrolló finalmente su interpretación de la Carta Magna, segunda parte de sus Instituciones de las Leyes de Inglaterra (Institutes of the Laws of England), que muy pronto serían impresas por orden de la Cámara de los Comunes, refiriéndose al pleito de los monopolios, no sólo arguyó que «si se concede a un hombre el derecho de fabricar naipes en exclusiva o de llevar a cabo cualquier otro comercio, tal concesión es contraria a la libertad del ciudadano que antes hizo tal mercancía o pudo haber utilizado tal derecho de comercio… y, en consecuencia, contraria a la Gran Carta», sino que incluso fue más allá de la oposición a la prerrogativa real advirtiendo al Parlamento «que dejase que todas las causas fueran medidas por la vara dorada y absoluta de las leyes y no por la incierta y torcida cuerda de lo discrecional»

De la intensa y continuada controversia acerca de estos temas durante la guerra civil emergieron gradualmente todos los ideales que desde entonces han presidido la evolución política inglesa.

Podemos enumerar tan sólo las principales ideas que aparecieron con mayor frecuencia, hasta que en tiempos de la Restauración llegaron a formar parte de una tradición establecida, integrándose, tras la Gloriosa Revolución de 1868, en el cuerpo doctrinal del partido victorioso. El gran acontecimiento que para las últimas generaciones constituyó el símbolo de las permanentes conquistas de la guerra civil fue la abolición, en 1648, de los tribunales privilegiados, y especialmente de la Cámara de la Estrella, tribunal secreto y arbitrario que había llegado a ser, según palabras de F. W. Maitland, a menudo citadas, «un tribunal de jueces que administra la ley». Casi al mismo tiempo se hizo el primer esfuerzo para asegurar la independencia de los jueces [50] . En las controversias de los veinte años siguientes, el motivo central lo constituyó la forma de imposibilitar la acción arbitraria del gobierno. Aunque los dos significados de «arbitrariedad» fueron durante mucho tiempo confusos, cuando el Parlamento comenzó a actuar tan arbitrariamente como el rey

Los puntos más frecuentemente subrayados fueron que no puede existir castigo sin una ley previa que lo establezca, que las leyes carecen de efectos retroactivos y que la discreción de los magistrados debe venir estrictamente circunscrita por la ley. En todo caso, la idea rectora fue que la ley debía reinar, o, como expresaba uno de los folletos polémicas del período, lex rex.

Gradualmente surgieron dos concepciones cruciales sobre la manera de salvaguardar los ideales básicos: la idea de una constitución escrita y el principio de la separación de poderes. Cuando en enero de 1660, poco antes de la Restauración, en la «Declaración del Parlamento reunido en Westminster» (Declaration of Parliament Assembled at Westminster) se hizo un último intento de formular mediante documento formal los principios esenciales de la Constitución, se incluyó este impresionante pasaje: «No hay nada más esencial para la libertad de un Estado que la gobernación del pueblo por leyes y que la justicia sea administrada solamente por aquellos a quienes se les puede exigir cuentas por su proceder. Formalmente se declara que de ahora en adelante todas las actuaciones referentes a la vida, libertades y bienes de cuantos integran el pueblo libre de esta comunidad deben ser acordes con las leyes de la nación, y que el Parlamento no se entrometerá en la administración ordinaria o parte ejecutiva de la ley, siendo misión principal del actual Parlamento, como lo ha sido de todos los anteriores, proveer a la libertad del pueblo contra la arbitrariedad del gobierno» [58] . Si, conforme a tal declaración, el principio de separación de poderes quizá no era totalmente «aceptado por el derecho constitucional», al menos quedó como parte de las doctrinas políticas imperantes.

el Second Treatise on Civil Government, de John Locke, destacó tanto sus duraderos efectos, que recaba nuestra atención. La obra de Locke ha llegado a ser conocida principalmente como amplia justificación filosófica de la Gloriosa Revolución, y su contribución original consiste principalmente en sus exhaustivas especulaciones acerca del basamento filosófico del gobierno.

Asimismo las fuerzas coactivas de que dispone la comunidad, dentro de sus fronteras, tan sólo se utilizarán para asegurar el recto cumplimiento de tales leyes». La propia asamblea legislativa no es «absoluta y arbitraria», «no puede asumir el poder de dictar normas mediante decretos arbitrarios y extemporáneos, sino que está obligada a dispensar justicia y a decidir los derechos de los súbditos en virtud de leyes promulgadas y permanentes y jueces autorizados y conocidos»

Existe un largo camino entre la aceptación de un ideal por la opinión pública y su completa realización en el ámbito de la política, y es probable que el ideal del imperio de la ley todavía no había sido completamente llevado a la práctica cuando el sistema fue derogado, doscientos años más tarde.

Podemos mencionar brevemente algunos acontecimientos significativos del periodo, como, por ejemplo, la ocasión en que un miembro de la Cámara de los Comunes —en los tiempos en que el Dr. Johnson informaba acerca de los debates— volvió a formular la doctrina básica de nulla poena sine lege, contra la que incluso hoy en día se alega a veces que no forma parte del Derecho inglés. «Que donde no haya ley no existe transgresión es una máxima no sólo establecida por el consentimiento universal, sino evidente e innegable por sí misma. Y no es menos cierto, Señor, que donde no hay transgresión no puede haber castigo» [78] . Otra ocasión se presentó cuando Lord Camden, en el caso Wilkes, aclaró que los jueces deben ceñirse a las reglas generales y no a los objetivos particulares de gobierno, o, en otras palabras, que no se puede invocar razones políticas ante los tribunales de justicia.

En algún respecto, sin embargo, la evolución se alejó del ideal más bien que se acercó. En particular, el principio de separación de poderes, aunque considerado a lo largo del siglo como el hecho más característico de la constitución británica, se convirtió en una realidad con progresiva menor entidad a medida que se desarrollaba el gobierno de gabinete. Y el Parlamento, con sus demandas de poder ilimitado, se halló pronto en la vía conducente a la liquidación de otro de los principios.

El más influyente entre ellos fue David Hume, quien en sus trabajos subrayó constantemente los puntos cruciales y de quien justamente se ha dicho que en su opinión el significado real de la historia de Inglaterra estribó en la evolución que va «del gobierno bajo el signo de la arbitrariedad al gobierno bajo el imperio de la ley»

Muchas de las más conocidas expresiones de esos ideales se encuentran, desde luego, en los pasajes familiares de Edmund Burke. Sin embargo, probablemente, la más completa declaración de la doctrina del imperio de la ley se halla en la obra de William Paley, el «gran codificador del pensamiento en una era de codificación». Tal declaración merece una larga cita: «La primera máxima del Estado libre —escribe Paley— es que las leyes se elaboren por quienes no han de administrarlas. En otras palabras: que los poderes legislativo y judicial se mantengan separados. Cuando tales oficios están unificados en las mismas personas o asambleas, las leyes son especiales y se hacen para casos concretos, que surgen a menudo de motivos parciales y se dirigen a fines privados. Por el contrario, cuando tales oficios se mantienen separados, las leyes son generales, se elaboran por un cuerpo de individuos sin que se prevea a quién pueden afectar, y, una vez promulgadas, deben ser aplicadas por otro cuerpo de hombres a los que se les permite afectarlas…

Con los finales del siglo XVIII terminan las mayores contribuciones británicas al desarrollo de los principios de la libertad. Aunque Macaulay hizo en el siglo XIX más de lo que Hume había hecho en el XVIII, y los intelectuales whigs de la Edinburgh Review y los economistas seguidores de la tradición de Adam Smith, como J. R. MacCulloch y N. W. Senior, continuaron discurriendo sobre la libertad de acuerdo con los cánones clásicos, hubo poco desarrollo posterior

El nuevo liberalismo que gradualmente desplazó a las tendencias whigs se presentó, cada vez más, bajo la influencia de las tendencias racionalistas de los filósofos radicales y de la tradición francesa. Bentham y sus utilitaristas, con su menosprecio de la mayor parte de los que hasta entonces se consideraban los rasgos más admirados de la constitución británica, contribuyeron poderosamente a la tarea de destruir las creencias que desde los tiempos medievales Inglaterra había conservado en parte. Este grupo introdujo en Gran Bretaña algo que hasta entonces no existía: el deseo de rehacer la totalidad de los derechos e instituciones sobre la base de principios racionales.

La falta de comprensión de los principios tradicionales de la libertad inglesa por parte de los hombres guiados por los ideales de la Revolución francesa viene claramente ilustrada por uno de los primeros apóstoles en Inglaterra de dicha revolución: el doctor Richard Price. Ya en 1778 argüía que «la libertad está demasiado imperfectamente definida cuando se habla de gobierno de la ley en vez de gobierno de los hombres. Si las leyes están hechas por un hombre o un grupo de hombres dentro de un Estado y no por el consentimiento común, tal gobierno no difiere de la esclavitud»

Ocho años más tarde fue capaz de exhibir una carta laudatoria de Turgot: «¿A qué se debe que sea usted casi el primero de los autores de su país que ha dado una idea justa de la libertad y mostrado la falsedad de la idea, tan frecuentemente repetida por casi todos los escritores republicanos, de que la libertad consiste en estar sujeto sólo a las leyes?»

A partir de este momento y en lo sucesivo, el concepto esencialmente francés de la libertad política comenzó a desplazar progresivamente el ideal inglés de libertad individual, hasta que pudo decirse que «en Gran Bretaña, que hace poco más de un siglo repudiaba las ideas en que se basaba la revolución francesa y dirigía la resistencia contra Napoleón, tales ideales han triunfado». Aunque en Gran Bretaña la mayoría de los logros del siglo XVII fueron conservados más allá del siglo XIX, es forzoso dirigir la vista hacia otros países para descubrir el desarrollo posterior de los ideales soporte de aquellas realizaciones.

Cuando en 1767 el modernizado Parlamento inglés —obligado desde dicha fecha por los principios de soberanía parlamentaria ilimitada e ilimitable— declaró que la mayoría podía aprobar cualquier ley que estimara conveniente, tal declaración fue saludada por los habitantes de las colonias con exclamaciones de horror.

Edmund Burke y otros ingleses simpatizantes no fueron los únicos que hablaron de los colonos como de gentes «entusiastas no solamente de la libertad, sino de la libertad según los ideales ingleses y basada en principios ingleses». Los mismos colonos habían mantenido desde mucho tiempo antes tales puntos de vista. Sentían que defendían los principios de la Revolución whig de 1688 y cuando «los estadistas whigs elogiaron al general Washington congratulándose de que América hubiese resistido e insistido en el reconocimiento de la independencia», también los colonos loaron a William Pitt y a los estadistas whigs que habían estado a su lado.

En Inglaterra, después de la completa victoria del Parlamento, fue cayendo en el olvido la idea de que ningún poder debe ser arbitrario y de que todos los poderes tienen que estar limitados por una ley superior. Sin embargo, los colonos habían importado tales ideas con ellos y, por tanto, se revolvieron contra el Parlamento, objetando no sólo que no estaban representados en dicho Parlamento, sino más aún: que este no reconocía límite a sus poderes.

Solamente cuando descubrieron que la Constitución británica, en cuyos principios habían creído firmemente, poseía poca entidad y no podía invocarse con éxito contra las pretensiones del Parlamento, llegaron a la conclusión de que tenían que edificar los cimientos que faltaban y consideraron como doctrina fundamental que «la constitución permanente» era esencial para el gobierno libre y que significaba gobierno limitado.

Desde el comienzo de su historia habían llegado a familiarizarse con documentos escritos, tales como los del Mayflower y los estatutos coloniales, que definían y circunscribían los poderes del gobierno. La experiencia les había enseñado asimismo cómo una constitución que define y separa los diferentes poderes limita necesariamente los poderes de cualquier autoridad. Una constitución podía ceñirse a materias de procedimiento y a determinar tan sólo las fuentes de toda autoridad; sin embargo, difícilmente podía denominarse constitución un documento que sólo afirmara que es ley todo lo que tales y tales cuerpos administrativos o personas así lo decretasen.

La fórmula de que todo el poder deriva del pueblo se refería no tanto a la periódica elección de representantes como al hecho de que el pueblo organizado en asamblea constituyente tiene el derecho exclusivo de determinar los poderes de la legislatura representativa. La constitución fue concebida tanto como una protección del pueblo contra la acción arbitraria del legislativo como contra la de otras ramas del gobierno.

La idea de una ley superior que gobierna la legislación ordinaria es muy vieja. En el siglo XVII solía concebirse como ley divina o ley natural o ley de la razón. Sin embargo, la idea de hacer a esta ley superior explícita y obligatoria, mediante su transcripción a un documento, aunque no enteramente nueva, fue puesta en práctica por vez primera por los colonos revolucionarios. Las colonias individuales tuvieron de hecho su primera experiencia en materia de codificación de dicha ley superior, partiendo de una base popular más amplia que la de la legislación ordinaria. Ahora bien, el modelo que había de influir profundamente al resto del mundo fue la Constitución federal.

Debido a la restringida capacidad de nuestra inteligencia, los objetivos inmediatos aparecen siempre muy importantes y tendemos a sacrificar a ellos las ventajas a largo plazo. Tanto en la conducta social como en la individual, tan sólo podemos acercarnos a una medida de racionalidad o consistencia al tomar decisiones particulares, sometiéndolas a principios generales independientes de las necesidades momentáneas.

La legislatura, al igual que el individuo, se mostrará más refractaria a adoptar ciertas medidas a favor de un objetivo importante, inmediato, si ello requiere el rechazo explícito de principios formales enunciados. Incumplir una obligación particular o quebrantar una promesa es asunto distinto de declarar explícitamente que los contratos o las promesas pueden ser rotos o incumplidos siempre que ocurran tales y tales condiciones generales.

La expresión «un llamamiento del pueblo embriagado al pueblo sobrio», que a menudo se usa a este respecto, subraya sólo un aspecto de un problema mucho más amplio. La ligereza de la frase probablemente ha oscurecido más el meollo del importante tema que ha contribuido a clasificarlo. El problema no consiste tan sólo en dar tiempo para que las pasiones se serenen, aunque a veces esto resulte muy importante, sino en tener en cuenta la general inhabilidad humana para considerar explícitamente todos los probables efectos de una determinada medida y su dependencia de generalizaciones o principios, siempre que se quiera que las decisiones individuales encajen dentro de un todo coherente.

No es necesario señalar que el sistema constitucional no entraña la limitación absoluta de la voluntad del pueblo, sino la mera subordinación de los objetivos inmediatos a los que se logran a largo plazo.

ninguna persona o grupo de personas tiene completa libertad para imponer a los demás las leyes que deseen. El punto de vista contrario, que subraya el concepto de soberanía de Hobbes — y el positivismo legal que se deriva de ella—, surge de un falso racionalismo que concibe una razón autónoma y autodeterminante y desprecia el hecho de que todos los pensamientos racionales se mueven dentro de un marco de creencias e instituciones no racionales.

En última instancia, el constitucionalismo descansa en el entendimiento de que el poder no es un hecho físico, sino un estado de opinión que hace que las gentes obedezcan.

Los miembros de una comunidad que se encuentran en mayoría, sólo absteniéndose de tomar medidas que no desearían que se les aplicaran a ellos pueden prevenir la adopción de las mismas cuando se encuentren en minoría. La sujeción a principios a largo plazo, de hecho, da al pueblo más control sobre la naturaleza general del orden político del que poseería si tal naturaleza fuese determinada sólo por decisiones sucesivas de casos particulares.

La Constitución que la nueva nación americana se dio a sí misma significó definitivamente no sólo la regulación del origen del poder, sino el fundamento de la libertad; la protección del individuo contra la coacción arbitraria.

Mucho se deduce del hecho de que la Constitución americana sea producto deliberado de la mente y de que por vez primera en la historia moderna un pueblo organice con pleno conocimiento la clase de gobierno bajo el cual desea vivir. Los mismos americanos tuvieron plena conciencia de la singular naturaleza de su empresa y en cierto sentido fueron guiados por un espíritu de racionalismo, por un deseo de construir deliberadamente y de establecer procedimientos pragmáticos que están más cerca de la que hemos denominado tradición francesa que de la tradición inglesa.

Es de destacar cuán diferente de cualquier otra estructura deliberadamente pensada es el marco de gobierno que en definitiva emergió y cuánto de dicho resultado se debió a accidentes históricos o a la aplicación de principios heredados a una nueva situación; qué nuevos descubrimientos contenidos por la Constitución federal fueron resultado de la adscripción de principios tradicionales a problemas particulares y cuáles surgieron como consecuencia de ideas generales oscuramente percibidas.

Parece ser que se debe a Madison «la idea de que salvaguardar adecuadamente los derechos privados y que a la vez el gobierno nacional poseyera poderes adecuados constituía, en definitiva, idéntico problema, habida cuenta de que un gobierno nacional fortalecido podría ser elemento que equilibrara las crecidas prerrogativas de las legislaturas de los estados». De esta manera surgió el gran descubrimiento de lo que Lord Acton más tarde caracterizó así: «El federalismo ha sido la más eficaz y la más congénita de todas las regulaciones de la democracia… El sistema federal limita y restringe el poder soberano mediante su división y mediante la asignación al gobierno de ciertos derechos definidos. Es el único método para moderar no sólo a la mayoría, sino también el poder de todo el pueblo, y proporciona la fuerza base de una segunda cámara que ha entrañado seguridad esencial para la libertad en todas las genuinas democracias»

El argumento en contra de la inclusión fue expuesto explícitamente por Alexander Hamilton en el Federalist: «Las declaraciones de derechos son no sólo innecesarias en la Constitución propuesta, sino incluso peligrosas. Tienen que contener varias excepciones a poderes no otorgados y, por lo tanto, suministrarían un lógico pretexto para pretender más de lo que se concedió. ¿A qué conduce declarar que no se harán tales cosas si no hay poder para hacerlas? Por ejemplo, ¿por qué debería decirse que la libertad de prensa no puede ser restringida si no se conceden poderes para que tales restricciones se impongan? No discutiré que tal previsión confiriese un poder regulador, pero es evidente que suministraría a los hombres dispuestos a la usurpación una pretensión plausible para reclamar la aludida facultad. Tales hombres podrían argüir con apariencia de razón que la Constitución no debiera estar obligada al absurdo de contener previsiones contra el abuso de una autoridad ilegítima y que las disposiciones contra la restricción de libertad de prensa implican, sin duda, que la autoridad deseaba investirse de la facultad de dictar regulaciones convenientes con respecto a ella. Lo anterior evidencia que el celo poco juicioso que se pone en la defensa de los derechos humanos lleva consigo concesiones que fortalecen la dialéctica a favor de la doctrina de los poderes constructivos»

«Una declaración de derechos —se dijo más tarde— es importante y a menudo puede ser indispensable siempre que opere como una cualificación de los poderes realmente concedidos por el pueblo al gobierno. Esta es la base real de todas las declaraciones de derechos en la madre patria, en la constitución y leyes coloniales y en las constituciones de los estados». «La declaración de derechos es una protección importante contra la conducta opresiva e injusta por parte del pueblo mismo»

«la enumeración de ciertos derechos en esta Constitución no se interpretará como la negación o menosprecio de otros que conserva el pueblo»; previsión cuyo significado se olvidó por completo más tarde»

La prohibición de que «ningún estado promulgará y obligará a cumplir ninguna ley que derogue los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos» estuvo reducida durante cincuenta años a «nulidad práctica», por decisión del Tribunal Supremo. Sin embargo, el mantenimiento del mismo precepto que dice: «ningún estado despojará a nadie de la vida, la libertad o la propiedad sin que medie el debido proceso, ni negará a nadie, dentro de su jurisdicción, idéntica protección de las leyes», iba a adquirir para siempre una importancia no prevista.

El conflicto de 1937, a la vez que indujo al Tribunal Supremo a ceder en su extrema posición, también condujo a una reafirmación de los principios fundamentales de la tradición americana, realidad de perdurable significación. Cuando estaba en su apogeo la más grave depresión económica de los tiempos modernos, la presidencia de los Estados Unidos fue ocupada por una de esas extraordinarias figuras que Walter Bagehot tiene presente cuando escribe: «Cierto hombre dotado de fuerza creadora, voz atractiva y limitada inteligencia, que perora e insiste no sólo en que el progreso específico es una cosa buena por sí misma, sino la mejor de todas las cosas y la raíz de las restantes cosas buenas»

Era inevitable que una actitud que consideraba legítimos casi todos los medios si los fines eran deseables, tenía que conducir pronto a un choque frontal con el Tribunal Supremo, que durante medio siglo había juzgado habitualmente la «racionalidad» de la legislación.

Seguramente es verdad que el Tribunal Supremo, con su más espectacular decisión, cuando unánimemente rechazó la National Recovery Administration Act, no sólo salvó al país de una medida mal concebida, sino que actuó dentro de sus derechos constitucionales. A partir de este momento, la pequeña mayoría conservadora del Tribunal Supremo procedió a anular, una tras otra, diversas medidas del presidente en campos más discutibles, hasta que este último se convenció de que la única probabilidad de sacar adelante tales disposiciones consistía en restringir los poderes del Tribunal Supremo o en alterar su composición. La lucha llegó a su punto decisivo cuando se entabló en torno a lo que se conoce como Court Paking Bill. Ahora bien, la reelección presidencial en 1936, que por una mayoría sin precedentes reforzó suficientemente la posición de Roosevelt con vistas a intentar lo que se proponía, parece que también persuadió al Tribunal Supremo de que el programa presidencial contaba con amplio apoyo. Cuando, en consecuencia, el Tribunal Supremo cedió en su intransigencia y no sólo invirtió la postura que mantenía en algunos de los puntos centrales, sino que efectivamente abandonó el uso de la cláusula del debido proceso como límite sustantivo a la legislación, el presidente se vio despojado de sus más fuertes argumentos.

La declaración de principios parte de la presunción de que la conservación del sistema constitucional americano «es inconmensurablemente más importante… que la inmediata adopción de no importa qué legislación, por mucho que la misma sea beneficiosa». Se pronuncia «por la continuación y perpetuación del gobierno y del imperio de la ley en contraposición al imperio de los hombres, y en ello no hacemos otra cosa que declarar de nuevo los principios básicos de la Constitución de los Estados Unidos».

Si la coacción se ha de utilizar únicamente de la forma prevista por las reglas generales, resulta imposible para el gobierno emprender ciertas tareas. Así se hace verdad que, «despojado de lo que podríamos denominar su vaina, el liberalismo es constitucionalismo; es “el gobierno de las leyes y no de los hombres”» siempre que por «liberalismo» entendamos lo que significó todavía en los Estados Unidos durante la lucha del Tribunal Supremo, en 1937, cuando el «liberalismo» de los defensores del Tribunal Supremo fue atacado bajo la acusación de ser defendido por una minoría de pensadores.

En la mayoría de los países del continente europeo, hacia mediados del siglo XVIII, doscientos años de gobierno absoluto habían destruido las tradiciones de libertad. Si bien es cierto que las más tempranas concepciones fueron manejadas y desarrolladas por los teóricos del derecho natural, la fuerza principal que puso en marcha el renacimiento provino del otro lado del canal. Ahora bien, a medida que el nuevo movimiento tomaba impulso se enfrentaba con una situación diferente de la que existía en América en la misma época o de la que se había dado en Inglaterra cien años antes.

El nuevo factor lo constituía la poderosa y centralizada maquinaria administrativa creada por el absolutismo; el cuerpo de administradores generales convertidos en principales rectores del pueblo. Tal burocracia se preocupó mucho más del bienestar y las necesidades del pueblo de lo que podía o se esperaba que hiciera el gobierno limitado del mundo anglosajón.

El objetivo del movimiento contra el poder arbitrario consistió, desde un principio, en implantar el Estado de Derecho. No solamente aquellos intérpretes de las instituciones inglesas, y principalmente Montesquieu, simbolizaron el gobierno o imperio de la ley como la esencia de la libertad, sino que incluso Rousseau, que llegó a ser la fuente principal de una tradición diferente y opuesta, intuyó que «el gran problema político —que comparó con la cuadratura del círculo en geometría— es encontrar una forma de gobierno que sitúa la ley por encima de los hombres»

La Revolución de 1789 fue, por tanto, universalmente saludada, para citar la frase memorable del historiador Michelet, como l’advenement de la loi. A. V. Dicey escribió más tarde: «La Bastilla fue el signo exterior visible del poder de lo ilegal. Su derrumbamiento fue tenido, verdaderamente, en el resto de Europa, como el anuncio de ese imperio de la ley que ya existía en Inglaterra». La celebrada Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, con su garantía de derechos individuales y la afirmación del principio de la separación de poderes que simbolizó como parte esencial de cualquier constitución, apuntaban al establecimiento del reino estricto de la ley.

El hecho de que el ideal de soberanía popular ganase la victoria al mismo tiempo que el ideal del imperio de la ley hizo que este último cediera pronto posiciones a la par que rápidamente surgían otras aspiraciones difíciles de conciliar con tales ideales. 

El factor decisivo que hizo tan infecundos los esfuerzos de la Revolución en pro del acrecentamiento de la libertad individual fue la creencia de que, como en fin de cuentas el poder pertenecía al pueblo, las medidas de cautela contra el abuso de tal poder resultaban innecesarias. Se pensaba que la instauración de la democracia impediría automáticamente el uso arbitrario de tal poder. No obstante, los representantes elegidos por el pueblo demostraron pronto estar más ansiosos de que el ejecutivo sirviera totalmente a sus particulares fines que de proteger a los individuos contra tal poder ejecutivo. Aunque en muchos aspectos la Revolución francesa se inspiró en la americana, nunca logró lo que había sido principal resultado de esta: una constitución que limitaba el poder de la Asamblea legislativa.

… los principios básicos de igualdad ante la ley se vieron amenazados por las nuevas exigencias de los precursores del moderno socialismo, que pidieron una égalité de fait en lugar de la égalite de droit.

La única cosa que la Revolución no tocó y que, según ha demostrado tan perfectamente Tocqueville, sobrevivió a todas las vicisitudes de las décadas subsiguientes, fue el poder de las autoridades administrativas.

El régimen napoleónico que siguió a la Revolución se preocupó más seriamente de incrementar la eficiencia y el poder de la máquina administrativa que de asegurar la libertad de los individuos.

… la situación que prevaleció en Francia durante la mayor parte del siglo XIX dio grandemente a los «preceptos administrativos» la mala reputación que durante tanto tiempo han tenido en el mundo anglosajón.

Dada la reputación que Prusia adquirió en el siglo XIX, el lector podría sorprenderse al saber que los orígenes del movimiento germánico en favor del Estado de Derecho se encuentran en dicho reino. Pero es lo cierto que, en algunos aspectos, el gobierno del despotismo ilustrado del siglo XVIII había actuado de manera sorprendentemente moderna e incluso podría decirse que con visos casi liberales, sobre todo en lo que se refiere a los principios legales y administrativos.

Los escritores germanos suelen citar las teorías de Kant al iniciar sus descripciones del movimiento conducente al Rechtsstaat (Estado de Derecho). Aunque tal postura probablemente exagera la originalidad de la filosofía legal de Kant, este, indudablemente, le dio la forma en que alcanzó la máxima influencia en Alemania. La principal contribución de Kant es ciertamente una teoría general de la moral que hizo aparecer el principio del Estado de Derecho como una especial aplicación de un principio más general. Su famoso «imperativo categórico», la regla de que el hombre debe siempre «actuar sólo de acuerdo con esa máxima en virtud de la cual no puede querer más que lo que debe ser ley universal», constituye de hecho una extensión al campo general de la ética de la idea básica que entraña el imperio de la ley.

Dos de los desarrollos legales de la Prusia del siglo XVIII adquirieron después tal importancia, que es obligado analizarlos más detenidamente. El primero hace referencia a la iniciación por parte de Federico II —mediante su Código de 1751— de ese movimiento a favor de la codificación legal, que se expandió rápidamente, concretándose en los códigos napoleónicos promulgados entre 1800 y 1810 sus logros mayores.

al menos prima facie, parece existir un conflicto entre el ideal del gobierno de la ley y el sistema de la casuística legal. La medida en que un juez, bajo el sistema de la casuística legal, crea de hecho la ley, puede no sobrepasar a la que se da dentro de un sistema de derecho codificado. Ahora bien, el reconocimiento explícito de que la jurisdicción tanto como la legislación son las fuentes del derecho, aunque esté de acuerdo con la teoría evolucionista que encarna la tradición británica, tiende a oscurecer la distinción entre creación y aplicación de la ley-

El suceso más importante de esta clase fue el reconocimiento formal del principio nullum crimen, nulla poena sine lege, que primeramente fue incorporado al Código penal austríaco de 1787 y, después de su inclusión en la Declaración francesa de los Derechos del Hombre, apareció en la mayoría de los códigos continentales europeos.

La aportación más característica del siglo XVIII prusiano a la instauración del Estado de Derecho se encuentra, sin embargo, en la esfera del control de la Administración Pública.

Mientras en Francia la aplicación literal de la separación de poderes había conducido a que la acción administrativa estuviese exenta del control judicial, el proceso evolutivo prusiano se produjo en una dirección opuesta. El ideal rector que afectó profundamente al movimiento liberal del siglo XIX consistió en que todo ejercicio de poderes administrativos sobre la persona o propiedad del ciudadano debía estar sujeto a revisión judicial.

Tanto si ello fue debido principalmente a que en la época de iniciación del movimiento alemán los precedentes americanos se conocían y entendían mejor de lo que lo habían sido en la época de la Revolución francesa, como porque el desarrollo germánico tuvo lugar dentro del marco de una monarquía constitucional y no en el de una república —quedando, por tanto, menos influido por el espejismo de que los problemas se resolverían automáticamente mediante el advenimiento de la democracia—, el hecho es que el movimiento liberal convirtió en objetivo básico la limitación del gobierno por la constitución, y especialmente la de todas las actividades administrativas mediante leyes cuyo complimiento incumbía a los tribunales.

Cuando en 1848 el Parlamento de Frankfort intentó redactar una constitución para toda Alemania, insertó en el texto la cláusula de que la «justicia administrativa» tal y como entonces se entendía debía cesar y las violaciones de derechos privados debían quedar sometidas a la competencia de los tribunales de justicia.

Sin embargo, la esperanza de que el perfeccionamiento de la monarquía constitucional llevada a cabo por los distintos estados germánicos conduciría efectivamente al ideal del imperio de la ley acabó convirtiéndose en un desengaño. Las nuevas constituciones hicieron poco en dicho sentido, y, en breve, descubrió se que, aunque «las constituciones habían sido promulgadas y el Rechtsstaat proclamado, el Estado policía continuó actuando.

No otra cosa ocurrió en Alemania por los años 1860 y 1870, cuando se intentó poner en práctica el ideal, largamente acariciado, del Rechtsstaat. El razonamiento que en definitiva desbarató la dialéctica durante largo tiempo esgrimida en favor del «justicialismo» se redujo a afirmar que sería inoperante dejar a los jueces ordinarios, sin preparación adecuada, la misión de resolver las intrincadas cuestiones que originan los actos administrativos.

Los defensores del sistema creían que, si el aparato administrativo había de continuar funcionando, era menester concederle durante cierto tiempo una amplia discreción, hasta tanto se estableciese un cuerpo definitivo de normas de acción.

De la forma antedicha, aunque desde un punto de vista organicista, el establecimiento de tribunales administrativos independientes parecía ser la etapa final de un desarrollo institucional ideado para asegurar el Estado de Derecho.

Los alemanes fueron el último pueblo alcanzado por la marea liberal antes de que esta comenzara a descender; ahora bien, también fueron los que más sistemáticamente exploraron y asimilaron las experiencias de Occidente, aplicando deliberadamente sus lecciones a los problemas del Estado administrativo moderno.

Dado que hoy el poder del administrador profesional es la principal amenaza a la libertad individual, las instituciones desarrolladas en Alemania con el propósito de controlar a dicho administrador merecen un examen más cuidadoso.

… el progreso hacia un Estado benefactor, que comenzó en el continente mucho antes que en Inglaterra o en los Estados Unidos, revistió pronto nuevos caracteres que difícilmente podían reconciliarse con el ideal de gobierno bajo la ley.

En los tiempos que precedieron inmediatamente a la primera guerra mundial, cuando la estructura política de los países continentales y anglosajones había llegado a ser más similar, un inglés o un americano que observara la práctica diaria en Francia o en Alemania hubiese sentido que todavía la situación estaba muy lejos de reflejar el Estado de Derecho.

Dicey, en su deseo de reivindicar el imperio de la ley tal y como él lo entendía, bloqueó efectivamente el desarrollo que pudo haber ofrecido la mejor probabilidad de preservado. No pudo detener, en el mundo anglosajón, el crecimiento de un aparato administrativo similar al que existía en el continente, pero contribuyó mucho a impedir o retrasar el desarrollo de instituciones que hubieran sujetado la nueva maquinaria burocrática a un control efectivo.